El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que mantiene la prohibición del estado a la vacunación obligatoria contra COVID-19 por parte de cualquier entidad gubernamental, independiente del estado de aprobación de la vacuna otorgado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).
El gobernador republicano también dijo que iba a añadir el tema de las órdenes de vacunación a la agenda de la Sesión Especial.
La orden ejecutiva (pdf) se emitió del miércoles, dos días después de que la FDA diera su plena aprobación a la vacuna COVID-19 de Pfizer. Abbott había impugnado previamente la obligatoriedad de las vacunas aplicadas en el marco de las autorizaciones de uso de emergencia. Las otras dos vacunas disponibles en Estados Unidos, Moderna y Johnson & Johnson, se aplican actualmente con autorización de uso de emergencia.
La última orden del gobernador establece que «ninguna entidad gubernamental puede obligar a ninguna persona a recibir la vacuna COVID-19», con excepciones en lugares como hogares de ancianos, centros de vida con apoyo estatal, centros de vida asistida o centros de atención a largo plazo.
Una «entidad pública o privada que reciba o vaya a recibir fondos públicos» no puede exigir a un «usuario» que presente una prueba de vacunación para recibir un servicio o para entrar en un lugar, dice la orden.
Un portavoz del gobernador dijo al medio Texas Tribune que las empresas privadas tienen la opción de imponer la vacunación a los empleados, ya que «las empresas privadas no necesitan que el gobierno dirija sus negocios”.
Abbott indicó a través de una declaración que pedirá a los legisladores que consideren qué exenciones deben aplicarse.
«Los requisitos y exenciones de las vacunas han sido históricamente determinados por la legislatura y su participación es particularmente importante para evitar un mosaico de órdenes de vacunación en todo Texas», dijo Abbott en la declaración.
Por su parte la Cámara de Texas finalmente restauró su quórum la semana pasada, después que suficientes demócratas regresaran al estado luego de organizar una protesta de 38 días contra un proyecto de ley de reforma electoral respaldado por el Partido Republicano (GOP).
Aunque los republicanos controlan ambas cámaras legislativas en Texas, así como el cargo del gobernador, dos tercios de los legisladores deben estar presentes para constituir un quórum. Los republicanos solo tienen 82 escaños en la cámara baja de 150 plazas.
Abbott también prohibió que las órdenes de mascarillas sean aplicadas por las entidades gubernamentales estatales y locales.
En una orden ejecutiva emitida el 29 de julio, Abbott dijo que las entidades gubernamentales como el condado, la ciudad, el distrito escolar o las autoridades de salud pública se arriesgan a una multa de 1000 dólares si intentan imponer el uso obligatorio de mascarillas.
Su prohibición de imponer mascarillas fue desafiada por la ciudad de El Paso, nueve condados y docenas de distritos escolares. El miércoles, el condado de Dallas se convirtió en el último condado del estado de la estrella solitaria en obtener una orden judicial que bloquee la aplicación de la prohibición.
La plena aprobación federal del lunes de la vacuna de Pfizer hizo que un número cada vez mayor de escuelas y empleadores obliguen a la vacunación.
El presidente Joe Biden ha estado animando a las empresas estadounidenses a imponer la vacunación obligatoria.
«Hoy hago un llamado a más empresas del sector privado para que den un paso adelante con la exigencia de la vacunación que llegará a millones de personas más. Si usted es un líder empresarial, un líder sin ánimo de lucro, un líder estatal o local, que ha estado esperando la aprobación completa de la FDA para exigir las vacunas, le pido que lo haga ahora», dijo Biden el lunes.
«Exíjanlo. Hagan lo que yo hice el mes pasado. Exijan a sus empleados que se vacunen o afronten requisitos estrictos».
El Sindicato de Trabajadores Postales de EE.UU. fue uno de los sindicatos que se opusieron a estas órdenes.
Mientras la Casa Blanca considera los llamados pasaportes de vacunas como condición de empleo para los empleados federales, el sindicato dijo la semana pasada que «no es el papel del gobierno federal exigir la vacunación a los empleados que nosotros representamos”.
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