El gobierno del presidente Joe Biden ha entregado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump.
«El Tesoro ha cumplido con la decisión judicial de la semana pasada», dijo un portavoz del Departamento del Tesoro, que incluye el IRS, a The Epoch Times el 30 de noviembre.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó recientemente una petición de Trump para bloquear la entrega de las declaraciones por parte del IRS, levantando una suspensión que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, había impuesto temporalmente.
El levantamiento de la suspensión significó que una orden de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia volvió a entrar en vigor. Esa sentencia había ordenado al IRS entregar los materiales a la Cámara.
El representante Richard Neal (D-Mass.), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, ha estado buscando seis años de declaraciones de impuestos de Trump desde 2019.
Un portavoz del panel no quiso comentar inmediatamente la declaración del Tesoro.
«Desde la Carta Magna, el principio de supervisión se ha mantenido, y hoy no es diferente», dijo Neal en un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema. «Esto se encuentra por encima de la política, y el Comité ahora llevará a cabo la supervisión que hemos buscado durante los últimos tres años y medio».
Trump y sus abogados habían argumentado que el intento de obtener los registros tenía una motivación política y estaba diseñado para dar a conocer públicamente información sensible, señalando declaraciones en ese sentido de importantes demócratas como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.). Pero varios tribunales dijeron que Neal había presentado un propósito legislativo legítimo.
Propósito
Neal, que no ha buscado registros de ningún otro presidente, dice que los materiales son necesarios para examinar la forma en que el IRS audita a los presidentes.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia en 2019 dijo que la razón declarada por Neal para solicitar los registros era «inverosímil».
«El desajuste objetivo entre el propósito declarado por el Comité, por un lado, y la información particular que el Comité exigió, por el otro, proporcionó una fuerte evidencia de pretexto», dijo la oficina en ese momento. «Además, la naturaleza de la solicitud, la larga serie de acontecimientos que la precedieron y el hecho de que el presidente Neal no renunciara a su propósito, tantas veces proclamado, de hacer públicas las declaraciones de impuestos del presidente, confirman que el propósito del Comité era el constitucionalmente inadmisible de forzar la divulgación pública de las declaraciones de impuestos del presidente».
Neal envió una nueva solicitud después de que Biden se convirtiera en presidente, que describió como más detallada, diciendo Neal que los materiales ayudarían no solo a supervisar el programa de auditoría, sino también la forma en que el IRS aplicaba las leyes fiscales federales contra los presidentes. Dijo que había «serias preocupaciones» de que el programa de auditoría no estaba funcionando como se pretendía porque presuntamente no fue diseñado con un individuo como Trump que tiene numerosos negocios y que el programa «no proporciona salvaguardias explícitas en caso de que un presidente interfiera con o cuestione la idoneidad” de una auditoría.
Neal también cambió los archivos buscados de los años fiscales 2013-2018 a 2015-2020.
La Oficina de Asesoría Jurídica luego se retractó, encontrando que la opinión legal anterior que publicó «no dio la debida importancia a la condición del Congreso como una rama del mismo estatus del gobierno» y diciendo que la solicitud de Neal «promovería el principal objetivo declarado del Comité de evaluar el programa de auditoría presidencial del IRS, un área claramente legítima para la investigación del Congreso y la posible legislación».
«Incluso si algunos miembros individuales del Congreso esperan ver la información de las declaraciones de impuestos del expresidente revelada en el registro público simplemente ‘por el bien de la exposición’, eso no invalidaría los objetivos legítimos a los que podría servir la recepción de la información en cuestión por parte del comité», decía también el dictamen.
Sentencias anteriores
El juez de distrito de Estados Unidos Trevor McFadden, nominado por Trump, desestimó la demanda en 2021, al considerar que las declaraciones de Pelosi y otros legisladores «muestran de forma plausible motivos mixtos subyacentes a la Solicitud 2021», pero que «no es «función» de un tribunal invalidar una investigación del Congreso que sirve a un propósito legislativo».
El tribunal de apelación confirmó la sentencia en agosto, concluyendo que el tribunal no podía indagar en los motivos de los legisladores y que Neal «ha identificado un propósito legislativo legítimo para el que requiere información».
«En este momento, no nos corresponde profundizar más que esto», escribió el juez del circuito de EE. UU. David Sentelle, nominado por Reagan, que escribió para el panel de tres jueces.
Todos los miembros del panel estuvieron de acuerdo, pero la jueza del Circuito de Estados Unidos Karen LeCraft Henderson, nominada por George H.W. Bush, dijo en una opinión concurrente que la posibilidad de que el Congreso amenace a un presidente en funciones con una solicitud posterior a la presidencia «con el fin de influir en el presidente mientras está en el cargo no debería descartarse tan rápidamente».
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