El Departamento de Justicia pidió el jueves a la Corte Suprema que restablezca la vacuna contra el COVID-19 para el personal de salud, después de que tribunales inferiores bloquearan la aplicación de la orden en algunas partes del país.
La orden de vacunación en cuestión fue puesta en marcha por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que condicionaron la financiación de Medicare y Medicaid a los hospitales y centros médicos a que el personal recibiera o no la vacuna. De acuerdo con la orden, todo el personal sanitario de dichos centros tiene que recibir la vacuna y tiene la opción de solicitar una exención médica y religiosa.
El 15 de diciembre, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de EE.UU. emitió una serie de sentencias que esencialmente dejaban intacta la orden judicial en 24 estados, lo que significa que en unos 26 estados, la orden de los CMS fue prácticamente reactivada.
El Departamento de Justicia, en su solicitud la noche del jueves, pidió (pdf) a la Corte Suprema que levantara las sentencias mientras el caso sigue adelante. El juez Brett Kavanaugh decidirá sobre los casos debido a su ubicación geográfica.
«En respuesta a una pandemia sin precedentes que ha matado a 800,000 estadounidenses, el secretario de Salud y Servicios Humanos ejerció su autoridad estatutaria expresa para proteger la salud y la seguridad de los pacientes de Medicare y Medicaid exigiendo a los centros de salud que deciden participar en esos programas que se aseguren de que su personal está vacunado», dijeron los abogados del gobierno de Biden en su apelación.
Su demanda busca ahora una suspensión de las medidas cautelares para «permitir que la medida de salud y seguridad del secretario que se necesita urgentemente entre en vigor antes de que el aumento invernal de casos de COVID-19 se agrave aún más», dice.
Los trabajadores de los centros financiados por Medicare y Medicaid tenían hasta el 4 de enero para demostrar que habían recibido la vacuna según la norma de los CMS. Varios hospitales y centros sanitarios han anunciado que han eliminado sus obligaciones de vacunación en los últimos días después de que los CMS dijeran que pospondrían la aplicación de la orden.
«No hay duda de que obligar a vacunar a 10.3 millones de trabajadores sanitarios es algo que debería hacer el Congreso, no una agencia gubernamental», escribió un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana en una sentencia que fue en contra de la Administración Biden en noviembre.
Con la última presentación legal, los reveses legales sugieren que la Administración Biden está teniendo problemas para continuar con su orden de la vacuna contra el COVID-19.
Aparte de la orden de los CMS, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anuló el mes pasado la norma federal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que obligaba a los trabajadores no vacunados de empresas privadas con 100 o más empleados a someterse a pruebas semanales para detectar el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) y a llevar una mascarilla, o a vacunarse.
Otra importante política de Biden que obliga a vacunar a los trabajadores de las empresas que tienen contratos con el gobierno federal también fue bloqueada por varios tribunales.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también anunció el 16 de diciembre que su estado consiguió una orden judicial preliminar contra la orden federal para el personal sanitario, que solo se aplica en Texas.
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