Un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones anuló el viernes una orden para que Hillary Clinton rindiera una declaración sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado para el trabajo del gobierno mientras fue secretaria de Estado desde 2009 hasta 2013.
La orden revoca la decisión de un tribunal inferior que concedió al grupo de vigilancia conservador Judicial Watch una petición de declaración de Clinton y su exjefa de personal Chery Mills sobre los correos electrónicos.
El caso proviene de una demanda en curso de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que Judicial Watch presentó en contra del Departamento de Estado de EE. UU. en 2014 (pdf), buscando inicialmente correos relacionados con el ataque terrorista de 2012 a un consulado de EE. UU. en Bengasi, Libia, el cual mató a cuatro estadounidenses.
La demanda original de la FOIA se amplió cuando Judicial Watch descubrió en marzo de 2015 que Clinton había usado un servidor de correo electrónico privado para el trabajo gubernamental durante sus 4 años en el Departamento de Estado.
El juez de la corte de distrito de Washington, Royce Lamberth, que fue asignada al caso FOIA en 2014, ordenó posteriormente una plan de descubrimiento de pruebas en diciembre de 2018 para investigar si Clinton había usado intencionalmente un servidor privado de correo electrónico para evadir la FOIA; si los intentos del Departamento de Estado para llegar a un acuerdo en el caso a finales de 2014 y principios de 2015 «equivaldrían a mala fe»; y si el Departamento de Estado buscó suficientemente los registros en respuesta a la solicitud inicial de Judicial Watch.
Lamberth, nombrado por el expresidente Ronald Reagan, el 2 de marzo ordenó (pdf) a Clinton y Mills rendir declaraciones como parte de otra una serie de descubrimiento de pruebas. El alcance de las declaraciones de Clinton se limitaría a buscar por qué hizo uso de un servidor privado, y cuál era su comprensión de las obligaciones de la administración de registros del Departamento de Estado. La preguntas sobre el ataque en Bengasi serían limitadas al conocimiento de Clinton y Mills sobre la existencia de cualquier correo electrónico, documentos o mensaje de texto relacionados con el ataque.
Posteriormente Clinton y Mills presentaron solicitudes a la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. el 13 de marzo para bloquear las declaraciones ordenadas. Los jueces del circuito el viernes concedieron de manera unánime la solicitud de Clinton pero denegaron la de Mills. El panel de la corte de apelaciones señaló que Mills tiene otras formas para recurrir su declaración que no son posibles para Clinton.
La corte de apelaciones también acusó a la corte de distrito de un «abuso de discreción» al ordenar el descubrimiento de pruebas.
«La mera sospecha de mala fe por parte del gobierno no puede utilizarse como una emboscada para autorizar un descubrimiento voluminoso que es irrelevante para las cuestiones restantes de un caso», escribió en la decisión el juez Robert Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama. Los jueces Cornelia Pillard, otro de los nombrados por Obama, y Thomas Griffith, que fue designado por el expresidente George W. Bush, se sumaron a la decisión.
Wilkins también escribió que Clinton «ya ha respondido a los interrogatorios de Judicial Watch sobre estas mismas cuestiones» en un caso separado de la FOIA entre Judicial Watch y el Departamento de Estado, supervisado por el juez de la Corte de Distrito Emmet Sullivan, designado por el expresidente Bill Clinton. En ese caso, Clinton proporcionó respuestas por escrito y explicó que «la única razón por la que usó la cuenta privada fue por conveniencia», escribió Wilkins.
Wilkins señaló además que el Congreso, el FBI y el Departamento de Estado también han investigado la situación del correo electrónico de Clinton.
El presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, dijo en una declaración que la organización estaba «decepcionada» por la decisión de la corte de apelaciones y está considerando sus próximos pasos. En un comunicado separado, caracterizó la decisión de «política» y dijo que es «contraria a los precedentes de larga data y socava la Ley por la Libertad de Información».
Cuando se le pidieron comentarios al abogado de Clinton, David Kendall, sobre el fallo, dijo a los medios de comunicación en un correo electrónico que «La opinión de la Corte habla por sí misma».
En julio de 2016, el FBI recomendó no presentar cargos criminales contra Clinton tras su investigación sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico. El entonces director del FBI James Comey dijo que Clinton y sus colegas fueron «extremadamente descuidados en el manejo de información muy sensible y altamente clasificada».
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia examinó la investigación del FBI sobre el correo electrónico de Clinton y concluyó en junio de 2018 que no se habían encontrado pruebas de sesgo político, pero señaló en su informe (pdf) que el sesgo pro-Clinton y anti-Trump expresado por los funcionarios del FBI que llevaron a cabo la investigación «arrojaba duda» sobre la credibilidad de la investigación.
El Departamento de Estado inició su revisión de los correos electrónicos en diciembre de 2014 pero suspendió la indagación por la indicación del FBI en marzo de 2016. El departamento reanudó la indagación en julio de 2016 tras que el FBI completara su investigación. Después de pausar brevemente luego del hallazgo de correos electrónicos por parte del FBI y reabrir la indagación en agosto de 2016, la investigación del Departamento de Estado continuó de manera ininterrumpida durante 38 meses. La revisión del Departamento de Estado no incluyó los miles de correos electrónicos citados por el Congreso pero borrados por el administrador del servidor de Clinton.
El Departamento de Estado en 2019 terminó su investigación sobre el uso de Clinton de un servidor privado de correo electrónico y dijo que encontró cerca de 600 violaciones de seguridad, pero que no pudo hallar «evidencia persuasiva» de «mal manejo sistémico y deliberado de información clasificada».
Ivan Pentchoukov contribuyó a este informe.
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