Imputación contra Trump criminaliza al asesor legal, dice exfiscal

Por Petr Svab
05 de Agosto de 2023 8:03 AM Actualizado: 05 de Agosto de 2023 8:03 AM

La imputación del expresidente Donald Trump por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 extiende la ley de tal manera que criminaliza el asesoramiento jurídico, dijo un exfiscal advirtiendo del precedente legal que sentaría el caso.

“Nosotros estamos muy abajo en el camino de criminalizar el pensamiento, criminalizar el consejo de un abogado”, advirtió Brett Tolman, un exfiscal federal y consejero de dos jefes republicanos del Comité Judicial del Senado.

“Esta no es una acusación justa”, dijo en Sr. Tolman.

El 1 de agosto, el abogado especial Jack Smith presentó cuatro cargos contra Trump: conspiración para “perjudicar, obstruir y anular” la recogida y el recuento de votos electorales; conspiración contra el derecho al voto de los estadounidenses; obstrucción del recuento de votos electorales por parte del Congreso el 6 de enero de 2021; y conspiración para obstruir el recuento de votos electorales (pdf).

El fondo de las acusaciones se basa en la suposición de que el Sr. Trump no creía realmente que la victoria electoral le había sido arrebatada ilegalmente. A continuación, postula que sus intentos de impugnar los resultados fueron ilegales.

Sin embargo, cuatro de los seis presuntos co-conspiradores en el esfuerzo son abogados y otro era un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ), todos asesorando al Sr. Trump sobre estrategias legales que podrían revertir los resultados de las elecciones.

Ese es un obstáculo importante para el enjuiciamiento que la imputación ignoró, según el Sr. Tolman.

Es verdad que el Sr. Trump no necesitaba tener éxito en sus intentos para ser culpable de una conspiración —simplemente estando de acuerdo con un plan y dar un solo paso para llevarlo a cabo es suficiente.

Pero “todavía tiene que tener intención criminal”, explicó el Sr. Tolman.

En su opinión, si el Sr. Trump actuó con el consejo de sus abogados, incluso en caso de un mal consejo, eso constituiría una defensa formidable.

“Si ellos tenían un argumento legal plausible y aconsejaron a Trump sobre eso, usted tiene un problema con la intención criminal”, dijo el Sr. Tolman.

Gran parte de este problema se reduce al hecho de que el comportamiento en cuestión no está específicamente señalado en los estatutos que subyacen a los cargos, argumentó a continuación.

La imputación, por ejemplo, se detiene sustancialmente en el hecho de que Trump y sus abogados organizaron listas alternativas de electores para impugnar los resultados de las elecciones en varios estados.

Pero no cita ninguna ley que lo tipifique como delito.

La imputación se lee como si los fiscales estuvieran enumerando un comportamiento que ellos consideran censurable y luego buscaran un estatuto que pudiera ser utilizado para criminalizarlo, sugirió Tolman.

“Esta no articuló ninguno de los hechos que justifican las leyes concretas que se utilizaron”, dijo el exfiscal federal.

La ley de fraude que cita, por ejemplo, se utiliza normalmente en casos que implican “apropiarse de recursos de Estados Unidos”, como la facturación indebida de servicios sanitarios.

“Nunca se ha utilizado de esta manera”, dijo a continuación.

La ley de conspiración contra los derechos se utiliza normalmente en circunstancias que implican que el gobierno utilice su poder para brutalizar a los ciudadanos, explicó el Sr. Tolman.

“Esa ley se aprobó durante la época de los derechos civiles, cuando las fuerzas del orden denegaban [los derechos de] las personas, a menudo por su raza, cuando intentaban ejercer sus derechos constitucionales, y utilizaban toda la fuerza de la ley y agredían, herían e incluso mataban, en algunos casos, a una persona”.

El último estatuto, obstrucción del gobierno, requiere intención corrupta, de nuevo reduciéndose a si Trump siguió el consejo de sus abogados.

“Nosotros deberíamos estar muy, muy preocupados por un fiscal que quiere ser creativo y utilizar estatutos que nunca han sido probados o utilizados de esta manera y hacerlo contra el principal contendiente de la oposición a la presidencia de Estados Unidos”, dijo el Sr. Tolman.

La imputación presenta pruebas de que el Sr. Trump siguió un plan de al menos uno de los presuntos co-conspiradores para tratar de convencer al vicepresidente Mike Pence de violar la Ley de Recuento Electoral (ECA), que establece los procedimientos para contar los votos electorales y la resolución de impugnaciones. El presunto conspirador argumentó que el vicepresidente puede hacer caso omiso de los procedimientos del TCE porque algunos juristas han cuestionado la constitucionalidad de la ley y porque era más importante garantizar la legitimidad de los resultados electorales.

Pero eso aún no era necesariamente delictivo, según Tolman.

“Hay muchos casos en nuestra historia del país en los que uno comete el acto y luego lo prueba en los tribunales porque cree que tiene razón, cree que la Constitución lo permite o cree que es legalmente una ley ilegal”, prosigió a continuación.

El presunto conspirador llegó a proponer que el vicepresidente podía ignorar los votos electorales de los estados en los que Trump impugnó los resultados y declarar ganador a Trump basándose en el resto de los votos.

Nada de eso ocurrió. El Sr. Pence rechazó estas sugerencias, a pesar de que el Sr. Trump presionó sobre el tema en varias ocasiones, detalla la acusación.

Incluso si hubiera sucedido, sin embargo, la cuestión habría sido resuelta en los juzgados, explicó.

“El sistema civil está bien equipado para manejarlo y, al final, lo manejó”, dijo el Sr. Tolman, señalando que Trump finalmente no logró resolver sus demandas electorales.

“Para eso existe la Corte Suprema. Se habría resuelto de la forma en que se supone que debe resolverlo nuestro gobierno. No presentando un caso a medias sobre teorías legales novedosas con estatutos que no estaban destinados a ser utilizados como tales —especialmente si eso no sucedió”, indicó el exfiscal.

Su impresión es que la imputación sirve para canalizar el resentimiento contra Trump por la protesta y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

“Ellos están usando la emoción del 6 de enero como justificación para ser creativos con esta ley”.

“Ese no es el rol de un fiscal”.

Luego señaló que los hechos detallados en la imputación se asemejan en múltiples puntos a los esfuerzos de algunos demócratas por cuestionar la legitimidad de los resultados de las elecciones de 2016.

“Hubo un esfuerzo para detener a los electores y argumentar que los electores no debían dárselo a Donald Trump y escuchamos parte de la misma retórica. Ese es el mismo tipo de patrón de hechos al que aparentemente apunta esta acusación”, dijo el Sr. Tolman.

“La diferencia es que el 6 de enero sucedió y por eso se sienten justificados —el fin justifica los medios— y estoy tratando de decir que no es así como nuestro sistema de justicia penal debería estar operando en este momento”.

En su opinión, los fiscales entienden mal su papel.

“La Corte Suprema en una decisión muy conocida indicó que el papel más importante de un fiscal federal no era conseguir una condena, sino que se hiciera justicia”, indicó el exfiscal.

Puede que los fiscales perciban algún comportamiento como inmoral, pero eso no lo convierte necesariamente en delictivo y no es su trabajo reinterpretar creativamente la ley para utilizarla como garrote contra esto, sugirió entonces.

“Esa relatividad jurídica será la perdición de nuestro país”, advirtió el Sr. Tolman.

El interés de la justicia debería limitar a un fiscal, en lugar de desatarlo, argumentó.

“Nosotros hemos estado reduciendo eso durante bastante tiempo”

El Sr. Tolman no se hizo ilusiones sobre los resultados del caso, previendo que el Sr. Trump “se presente a presidente desde una celda de prisión”.

“Él será condenado a una pena de prisión muy larga”, predijo el exfiscal general.

Si es así, el caso sentará un precedente que podría fácilmente convertirse en una espiral de ojo por ojo si el GOP finalmente recupera la Casa Blanca y el DOJ.

“Si uno pone a las personas adecuadas en esos puestos, no me cabe duda de que empezarán a perseguir a la izquierda”, afirmó el Sr. Tolman.


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