Investigación revela un “patrón rotativo” entre el DOJ y los empleados de grandes empresas tecnológicas

El informe es consecuencia de la demanda presentada por los fiscales generales de los Estados miembros, que denuncian la colusión ilegal entre el gobierno y las empresas tecnológicas

Por Kevin Stocklin
30 de Marzo de 2023 11:43 AM Actualizado: 30 de Marzo de 2023 11:43 AM

En medio de una demanda en curso contra el gobierno de Biden por presunta colaboración con empresas de redes sociales para censurar a los estadounidenses, un nuevo reporte ha detallado hasta qué punto exempleados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) trabajan ahora en “grandes empresas tecnológicas”.

La American Accountability Foundation (AAF) investigó los currículos de recientes contrataciones y descubrió que más de 360 empleados actuales de Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook/Meta son exempleados del DOJ. Asimismo, más de 40 empleados del DOJ, muchos de ellos en puestos de alto rango, trabajaron anteriormente en grandes empresas tecnológicas.

Según el informe, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, Google contrató a 40 exempleados del DOJ, Amazon contrató a 61, Microsoft contrató a 26 y Meta contrató a 53.

Aunque el personal suele pasar del sector público al privado, “este caso es diferente porque, a diferencia del intercambio de experiencia entre el gobierno y la industria (conocimientos sobre normas de contratación, por ejemplo), lo que hemos visto entre el Departamento de Justicia y las empresas tecnológicas es una agenda política compartida, en concreto para silenciar las voces conservadoras”, declaró a The Epoch Times Yitz Friedman, director de comunicaciones de la AAF.

“Tristemente, es una prueba de que en la comunidad de los gigantes de la tecnología, la política corporativa es la política del gobierno”.

Esta preocupación se ve acrecentada por las recientes pruebas de colaboración entre el Departamento de Justicia y Twitter para silenciar a los estadounidenses, especialmente en lo que respecta a la expresión política.

Después de comprar la plataforma de redes sociales Twitter, Elon Musk publicó miles de correos electrónicos internos que supuestamente mostraban la colusión entre Twitter y funcionarios del DOJ para censurar el discurso, incluida la supresión de un reporte del New York Post antes de las elecciones de 2020 que supuestamente incriminaba al entonces candidato Joe Biden en escándalos de pagos ilícitos.

‘”Campaña de amenazas públicas”

La publicación de los “archivos de Twitter” se produce después de que el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, y el ex fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, presentaran una demanda en la que denuncian una colusión ilegal entre el gobierno de Biden y las grandes empresas tecnológicas para suprimir la libertad de expresión.

En una entrevista concedida en noviembre de 2022 a The Epoch Times, Landry declaró que, debido a la Primera Enmienda, “el gobierno no tiene capacidad para censurar la expresión, especialmente la expresión política. Así que no pueden salir y obligar a estas empresas [a hacerlo]”.

Los demandantes en este caso presentaron un documento de “constatación de hechos” de 364 páginas que mostraba una “campaña de amenazas públicas contra las plataformas de redes sociales para presionarlas a censurar más el discurso en las redes sociales”. Este documento se discutirá en una audiencia del Congreso el 30 de marzo sobre el “Uso como Arma del Gobierno Federal”.

“[El DOJ] está haciendo todo lo posible para arañar y rasguñar y luchar para evitar que obtengamos nada de esta información … el Departamento de Justicia de EE. UU. y el fiscal general afirman que hay algún tipo de privilegio a la información que estamos buscando”, dijo Landry. “Quisiera recordarle al fiscal general de EE. UU. que no existe ningún privilegio para violar los derechos de la Primera Enmienda de un estadounidense”.

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El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, habla durante una conferencia de prensa en Washington el 22 de enero de 2020. (Drew Angerer/Getty Images)

Un componente clave de esta demanda es lo que se llama la “ley de agencia”, que establece que el gobierno federal podría ser responsable de las acciones de las empresas privadas si las alienta u obliga a violar la ley. Landry espera que este caso sea resuelto en última instancia por la Corte Suprema y siente un precedente histórico sobre la colusión entre el gobierno y las empresas.

Demostrando sus intenciones de restringir a los monopolios de las grandes empresas tecnológicas y la autoridad que el gobierno tiene sobre ellos, el DOJ anunció el 24 de enero una demanda contra Google por abusos monopolísticos en materia de publicidad.

“La denuncia de hoy alega que Google ha utilizado conductas anticompetitivas, excluyentes e ilegales para eliminar o disminuir gravemente cualquier amenaza a su dominio sobre las tecnologías de publicidad digital”, declaró el fiscal general Merrick Garland al anunciar la demanda.

Pero esto no sirve de consuelo a quienes están preocupados por la colusión entre el gobierno y las empresas tecnológicas, sobre todo cuando se trata de silenciar a opositores políticos.

“Mientras las grandes empresas tecnológicas siguen atacando a los conservadores, el patrón rotativo entre el Departamento de Justicia y las grandes empresas tecnológicas pone en entredicho la voluntad de la Administración Biden de poner fin a estos abusos en lugar de colaborar con las grandes empresas tecnológicas”, declaró el presidente de la AAF, Tom Jones.

The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia, Meta, Google y Amazon para comentar este artículo. No respondieron al momento de la publicación de este artículo.


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