Un juez de Iowa ordenó al auditor de un condado que invalidara 50,000 solicitudes de boletas para votar en ausencia, aceptando el argumento de la campaña de Trump de que un comisionado de las elecciones violó la ley al completar previamente las solicitudes con la información personal de los votantes.
El juez Ian Thornhill ordenó a Joel Miller (D), auditor del condado de Linn, que notifique por escrito a los votantes afectados que sus solicitudes de voto en ausencia no podrán ser procesadas porque no debieron haber sido completadas de antemano con su información personal. Los votantes afectados tendrán que presentar nuevas solicitudes o votar en persona el día de las elecciones. Miller dijo que cumpliría con la orden y enviaría en septiembre nuevos formularios en blanco a los votantes.
La campaña de Trump presentó objeciones similares en otros condados de Iowa.
Los demócratas y los republicanos están librando una extensa batalla legal en todo el país, lo que modelará la normativa de las elecciones de 2020. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que su campaña contrató a más de 600 abogados para ello.
Los demócratas calificaron a la decisión de Thornhill como un acto de supresión de votantes. Los republicanos dijeron que el fallo mejorará la seguridad de la votación y responsabilizará a un «auditor deshonesto».
Miller envió en julio 140,000 solicitudes para votar en ausencia con información personal ya incluida, como los nombres de los votantes, sus fechas de nacimiento y números de identificación. Miller dijo que su intención fue facilitar la votación ante la pandemia.
El juez dictaminó que la acción de Miller violó una orden del secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, que en julio dijo a funcionarios del condado que los formularios de solicitud de boletas para votar en ausencia enviados por correo a los votantes debían estar en blanco, para asegurar la uniformidad.
Los votantes firmaron y devolvieron 50,000 de los formularios. El estado comenzará a enviar las boletas para votar en ausencia el 5 de octubre.
La votación en ausencia tuvo una participación récord en las primarias de Iowa en junio. Iowa es uno de los 16 estados más divididos en las elecciones de 2020, según el recuento de Real Clear Politics.
Semanas después de las primarias, la legislatura estatal, de mayoría republicana, aprobó una ley que impide a los auditores del condado completar los números de identificación de cuatro dígitos de los votantes, que pocos conocen y que habitualmente se deja en blanco en los formularios.
En su lugar, la ley exige que los auditores se pongan en contacto con los votantes por correo electrónico o postal para que ellos mismos corrijan los errores. Los partidarios sostienen que exigir a los votantes que completen sus formularios es un paso para que los votos en ausencia sean más seguros.
Miller y los comisionados electorales de los condados de Johnson y Woodbury dijeron que contactar a los votantes que dejan la información en blanco sería demasiado complicado y potencialmente privaría a la gente de su derecho al voto, por lo que enviaron por correo formularios con esa información ya completada. Sostenían que la ley no les impedía hacerlo.
La campaña de Trump y los grupos estatales y nacionales del Partido Republicano presentaron demandas contra los tres condados, tratando de invalidar todos los formularios devueltos en respuesta a los envíos. Ellos advirtieron que todo voto emitido en respuesta a los envíos podría ser impugnado.
La decisión de Thornhill, emitida después de escuchar los argumentos el jueves, es la primera hasta ahora. Hay otra audiencia programada para el viernes en el condado de Woodbury, donde se han devuelto 14,000 solicitudes de voto en ausencia. Para la próxima semana está prevista una audiencia en el condado de Johnson, un bastión demócrata, donde se han devuelto miles de solicitudes.
Thornhill fue nombrado por el gobernador demócrata Chet Culver en 2009.
La secretaría de estado alegó que el envío por correo violó una ley destinada a proteger la información personal almacenada en las bases de datos del gobierno y de las empresas, y pidió a los fiscales que investigaran.
Esta sostiene que Miller no tenía un propósito legítimo al acceder a los números de identificación de los votantes y compartirlos con un proveedor que procesó el correo. El portavoz de la oficina del fiscal general, Lynn Hicks, dijo que la oficina no ha decidido si abrir una investigación.
El fiscal asistente del condado de Linn advirtió que una orden judicial perjudicaría a los votantes que esperan recibir boletas para votar en ausencia y a los contribuyentes, que se verían obligados a pagar por el envío de notificaciones adicionales.
Con información de The Associated Press.
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