El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el 4 de septiembre contra la Corte de Comisionados del Condado de Bexar, acusándola de promulgar un programa ilegal de registro de votantes que enviaría por correo formularios de registro de votantes a los residentes no registrados, incluidos los que no son elegibles para votar.
El fiscal general solicitó una medida cautelar de emergencia para impedir que el programa entre en vigor.
La demanda fue presentada un día después de que funcionarios del condado de Bexar, el cuarto condado más poblado de Texas y hogar de más de 2 millones de residentes, siguieran adelante con el plan.
En una reunión celebrada el 3 de septiembre, la Corte de Comisionados del condado votó por 3 a 1 para aprobar un contrato de 393,000 dólares con Civic Government Solutions, que imprimirá y distribuirá formularios de registro de votantes —con sobres de devolución con franqueo pagado— a los votantes no registrados, y recopilará los datos generados por el esfuerzo.
En el momento de la votación, la Corte de Comisionados dijo que el plan ayudará a reforzar el acceso a los formularios de registro de votantes en el condado, donde se encuentra San Antonio.
De acuerdo con una resolución aprobada por la Corte de Comisionados del Condado de Bexar, una organización de terceros, Civic Government Solutions, imprimirá y enviará por correo los formularios de registro de votantes a los votantes no registrados «en la localización (s) basada en la orientación acordada por el condado».
Los formularios se enviarían por correo a unas 200,000 personas, con el objetivo de registrar a unos 75,000 votantes.
Antes de presentar la demanda, Paxton advirtió a los funcionarios del condado de Bexar en una carta que emprendería acciones legales si el condado decidía trabajar con el proveedor de terceros. La acción legal va dirigida contra la administradora de elecciones del condado de Bexar, Jacquelyn Callanen, el juez del condado de Bexar, Peter Sakai, y los cuatro comisionados del condado de Bexar.
«A pesar de haber sido advertidos contra la adopción de este programa, descaradamente ilegal, que gastaría dólares de los contribuyentes para enviar solicitudes de registro a votantes potencialmente inelegibles, el condado de Bexar ha elegido irresponsablemente violar la ley», dijo Paxton en un comunicado anunciando la demanda. «Este programa es completamente ilegal y potencialmente invita al fraude electoral. Es un delito registrarse para votar si no se es elegible».
Para ser elegible para votar en Texas, una persona debe ser ciudadano de Estados Unidos, tener 18 años o más el día de las elecciones y ser residente del condado donde se presenta la solicitud de votante, según la ley estatal.
También deben «no haber sido declarados convictos de un delito grave o, en tal caso, haber cumplido los términos de la condena de cárcel, libertad condicional o libertad vigilada». Las personas declaradas por una corte, en incapacidad mental total o parcial, también tienen prohibido votar.
En su demanda, Paxton dijo que temía que el plan pudiera dar lugar a que votantes no elegibles presentasen solicitudes y fuesen incorrectamente aprobados para votar. También podría inducir a las personas no elegibles, como los delincuentes y los no ciudadanos, a cometer un delito al intentar registrarse para votar, dijo Paxton.
Propuesta fundamentalmente ilegal, dice Paxton
En la carta, Paxton argumentó que los condados de Texas no tienen autoridad estatutaria para imprimir y enviar por correo los formularios estatales de registro de votantes, por lo que la propuesta es «fundamentalmente ilegal».
Señaló a su vez que el esfuerzo exitoso de su oficina en 2020 para bloquear un envío a cada votante registrado, de parte del condado de Harris, donde se encuentra Houston, de solicitudes no requeridas de boletas electorales por correo.
«El Código Electoral no faculta al registrador de votantes ni a ningún otro funcionario del condado para organizar el envío masivo de formularios de registro de votantes no solicitados. Por el contrario, el Código Electoral establece que los funcionarios ‘proporcionarán formularios en una cantidad razonable a la persona que los solicite con el fin de presentar o archivar el documento o papel’», señala la demanda.
En otras partes de la demanda, Paxton argumentó que los funcionarios del condado de Bexar se equivocaron al adjudicar el contrato, pasando por alto un proceso de licitación competitiva.
«Las acciones de los demandados crearán confusión, facilitarán el fraude, socavarán la confianza en las elecciones y son actos ilegales ultra vires porque exceden la autoridad estatutaria», según la demanda.
En el sitio web del grupo Civic Government Solutions, dirigido por Jeremy Smith, se lo describe como «un líder político que tiene experiencia en docenas de campañas que van desde las locales hasta las presidenciales».
En 2016, Smith ayudó a gestionar el registro de votantes y la asistencia a los votantes en Florida para la campaña presidencial de Hillary Clinton, donde se desempeñó como subdirector de protección de votantes para el estado, dice el sitio web.
También ha trabajado para proporcionar orientación operativa y planificación para varias iniciativas de protección de los votantes.
Durante la reunión del 3 de septiembre de la Corte de Comisionados del Condado de Bexar, Smith dijo que la empresa está buscando el registro de votantes desde un punto de vista puramente neutral y que el objetivo general es el registro de tantos votantes como sea posible, que tienen una alta «tasa de movilidad».
«Entiendo de dónde viene la gente», dijo Smith en la reunión, en respuesta a las preocupaciones sobre que el plan sea un posible “esfuerzo partidista”.
«Tengo una opinión personal sobre quién me gustaría que ganara las elecciones federales», dijo a continuación. «Eso no quiere decir que los contratos que suscribimos con los gobiernos sean en modo alguno, partidistas».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Corte de Comisionados del Condado de Bexar y con un portavoz de Civic Government Solutions para recibir sus comentarios.
Con información de The Associated Press
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