Un juez de la Corte Suprema de Brasil abrió una investigación contra Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales X, por obstrucción a la justicia, después de que impugnara una orden judicial que exigía la eliminación de determinadas cuentas.
En su decisión del domingo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes dijo que Musk será investigado por presunta obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación, según varios reportes.
«La conducta flagrante de obstrucción a la justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a las órdenes judiciales y la futura falta de cooperación de la plataforma son hechos que faltan el respeto a la soberanía de Brasil», declaró el juez.
De Moraes declaró que la plataforma de redes sociales «deberá abstenerse de desobedecer cualquier orden judicial ya emitida, incluida la realización de cualquier reactivación de perfil que haya sido bloqueado por esta Corte Suprema».
El juez advirtió de que X se enfrentará a una multa de 100,000 reales (unos 19,740 dólares estadounidenses) al día si no cumple la orden judicial.
El juez amenazó con detener a los empleados de X en Brasil
La orden del Sr. De Moraes se produjo después de que el Sr. Musk anunciara el sábado en X que su empresa levantaría todas las restricciones sobre las cuentas brasileñas que habían sido objeto de la orden de la Corte Suprema.
El magnate de la tecnología afirmó que el juez De Moraes había «aplicado multas masivas, amenazado con detener a nuestros empleados y cortado el acceso a X en Brasil».
El Sr. Musk también dijo que su decisión de dejar de cumplir la orden judicial tendría como consecuencia que X perdiera todos sus ingresos en Brasil y tuviera que cerrar su oficina allí.
«Pero los principios importan más que los beneficios», señaló.
En otra actualización de X el domingo, el Sr. Musk dijo que su empresa «publicará todo lo exigido» por el juez De Moraes y explicará cómo esas peticiones violan la ley de Brasil.
El Sr. Musk sugirió que el juez De Moraes «debería dimitir o ser destituido» de su cargo, alegando que el juez había «traicionado descarada y repetidamente a la Constitución y al pueblo de Brasil».
La orden judicial
Anteriormente, X Corp, anteriormente conocida como Twitter, declaró que se había visto obligada por decisiones judiciales a bloquear «determinadas cuentas populares en Brasil» y que tenía prohibido revelar las cuentas en cuestión.
La empresa declaró que desconocía los motivos de las órdenes de bloqueo y los posteos que supuestamente infringían la ley. X afirmó que se le prohibió revelar los detalles de la orden y se le amenazó con multas diarias si no la cumplía.
«El pueblo de Brasil, independientemente de sus creencias políticas, tiene derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a la transparencia por parte de sus propias autoridades», declaró el departamento de Asuntos Gubernamentales Globales de X en un comunicado.
El anuncio se produjo tras un informe del periodista de investigación Michael Shellenberger y sus colegas David Agape y Eli Vieira, titulado «Archivos Twitter Brasil».
Miembros en ejercicio del Congreso de Brasil y periodistas se encontraban entre los señalados por el tribunal supremo de Brasil por censura, dijo el Sr. Shellenberger sobre sus hallazgos, que ha compartido en X.
Según los archivos internos que compartió el Sr. Shellenberger, Twitter en Brasil fue amenazado con una multa de 30,000 dólares. La empresa tenía una hora para eliminar los posteos de los congresistas o pagar al tribunal por incumplimiento.
El artículo informa que la justicia había llegado incluso a encarcelar a personas sin juicio previo por sus posteos en las redes sociales.
La derecha política de Brasil lleva mucho tiempo calificando al juez De Moraes de extralimitarse en sus funciones para reprimir la libertad de expresión y emprender una persecución política. En la investigación sobre las milicias digitales, se ha encarcelado a legisladores del círculo del expresidente Jair Bolsonaro y se han allanado domicilios de sus partidarios. El propio Bolsonaro se convirtió en objetivo de la investigación en 2021.
Los defensores de la justicia han dicho que sus decisiones, aunque extraordinarias, son legalmente sólidas y necesarias para purgar las redes sociales de noticias falsas, así como para extinguir las amenazas a la democracia brasileña, notoriamente subrayadas por el levantamiento del 8 de enero de 2023 en la capital de Brasil, que se asemejó a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
El fiscal general brasileño, Jorge Messias, declaró el sábado en X que era urgente que Brasil regulara las redes sociales.
«No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios con residencia en el extranjero en el extranjero tengan el control de las redes sociales y se pongan en situación de violar el Estado de derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades. La paz social no es negociable», declaró.
Con información de Melanie Sun y Associated Press.
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