A pesar de haber dictaminado que los Oath Keepers llevaron a cabo acciones concretas para derrocar al gobierno de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, un juez de Alaska concluyó el 23 de diciembre que el representante estatal David Eastman no puede ser destituido de su cargo en virtud de la Constitución de Alaska por ser miembro de los Oath Keepers.
Jack McKenna, juez del Tribunal Superior de Alaska, emitió una sentencia de 49 páginas (pdf) un día después de la conclusión de un juicio civil celebrado para determinar si Eastman debía ser destituido de su cargo por ser miembro vitalicio de los Oath Keepers.
McKenna suspendió su sentencia para permitir a las partes presentar apelaciones ante el Tribunal Supremo de Alaska. Se fijó una audiencia para el 4 de enero de 2023.
«Nos complace que el juez McKenna esté de acuerdo con nosotros en que el representante Eastman no debe ser destituido solo porque asistió al discurso del presidente Trump el 6 de enero», dijo el abogado defensor Joseph Miller a The Epoch Times en un comunicado.
«Como argumentamos desde el principio en este caso, la Primera Enmienda protege los derechos de asociación y expresión que fueron atacados aquí», dijo Miller.
El juez McKenna concluyó que los Oath Keepers «abogaron por una acción concreta e inminente dirigida al derrocamiento violento del gobierno de Estados Unidos e incurrieron en conductas que intentaban lograr ese objetivo».
«El tribunal concluye además que el representante Eastman es miembro de esa organización, pero que no tiene ni tuvo la intención específica de promover las palabras o acciones de los Oath Keeper dirigidas a derrocar al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, el tribunal considera que no está inhabilitado para ocupar cargos públicos…».
La conclusión dividida de McKenna no satisfizo plenamente a ninguna de las partes.
A pesar de derrotar el intento de destituirlo, Eastman vio oscuros nubarrones en el resto del fallo.
«La conclusión es que Trump y cualquier grupo que se oponga a la izquierda debe ser eliminado, ya sea destruido o inutilizado», dijo Eastman a The Epoch Times en un correo electrónico.
«Los Oath Keepers deben quedar inertes. Los J6ers deben ser inutilizados. Este juicio ayuda a lograr ese objetivo», dijo Eastman.
«Este juicio mío es solo un intento de fabricar un punto más en su eterno esfuerzo por conectar suficientes puntos para negar a los estadounidenses la capacidad de elegir funcionarios electos que libren batalla contra la izquierda en los pasillos del gobierno, especialmente en la Casa Blanca», dijo.
En las elecciones generales del 8 de noviembre, Eastman ganó un mandato de dos años en el distrito 27 de la Cámara de Representantes por un margen de 24 puntos. En otoño de 2020, obtuvo más del 70% de los votos. La sesión legislativa que comienza en enero será su cuarta.
El demandante Randall Kowalke, un exrepublicano que se postuló contra Eastman en 2020, presentó una demanda en julio de 2022 para expulsar a Eastman de la Legislatura de Alaska bajo una disposición de lealtad de la era de la Guerra Fría en la constitución estatal.
«Obviamente estamos decepcionados por el resultado y tenemos que averiguar nuestros próximos pasos», dijo Goriune Dudukgian, que representó a Kowalke, en una declaración a Associated Press.
El caso, presentado en plena campaña de 2022, obligó a Eastman a buscar y entregar unos 300,000 documentos, según su abogado. Debido a que fue demandado a título personal, dijo Eastman, es probable que tenga gastos legales de más de 300,000 dólares.
¿Derrocar al gobierno?
La demanda de Kowalke produjo una extraordinaria conclusión legal por parte del juez McKenna: que los Oath Keepers tomaron «acciones concretas para intentar derrocar mediante la violencia al gobierno de Estados Unidos».
Miller dijo que no había base fáctica para esa conclusión.
«Estamos decepcionados por la determinación del tribunal de que los Oath Keepers son una organización que trató de derrocar al gobierno por la fuerza o la violencia», dijo Miller, «y creemos que no había pruebas admisibles que apoyaran esa conclusión».
El juez McKenna llegó a esa conclusión basándose en gran medida en las aportaciones de Jonathan Lewis y Matthew Kriner, dos analistas de grupos de reflexión cuyo testimonio parecía situar la mayoría de las acciones de los Oath Keepers a lo largo de sus 13 años de historia bajo una luz antigubernamental, incluso revolucionaria.
Durante su testimonio en el juicio, el fundador de Oath Keepers, Elmer Stewart Rhodes III, afirmó que nunca había ordenado a nadie entrar o atacar el Capitolio de Estados Unidos.
Declarando por teléfono desde la prisión federal de Alexandria (Virginia), Rhodes dijo que ordenó a los Oath Keepers que se alejaran del Capitolio. Dijo que dijo a los que entraron en el edificio que la acción era «estúpida» porque abría al grupo a la «persecución por parte de nuestros enemigos políticos».
«Definitivamente voy a luchar contra esto. Soy un hombre inocente, acusado y condenado injustamente», declaró Rhodes, refiriéndose al jurado federal del Distrito de Columbia que lo declaró culpable de conspiración sediciosa y de varios otros delitos relacionados con el 6 de enero.
El juez McKenna rechazó algunos de los testimonios ofrecidos por los testigos de la defensa.
El ex agente especial del FBI John Guandolo declaró que los Oath Keepers no son una milicia violenta. Señaló que su amplia labor humanitaria y de ayuda de emergencia se ve ensombrecida por acusaciones infundadas de que los Oath Keepers son racistas o insurrectos.
El juez McKenna desestimó el testimonio y la opinión de Guandolo porque el ex agente retirado es amigo del representante Eastman. «El tribunal no consideró convincente su testimonio experto y no se basó en él», escribió McKenna.
El juez descartó hasta cierto punto el testimonio experto de John C. Eastman, del Instituto Claremont, abogado del expresidente Donald Trump. Eastman testificó que las palabras de Rhodes y otros Oath Keepers en torno al 6 de enero eran un discurso puramente político, que está protegido por la Primera Enmienda.
El juez señaló que el bufete de abogados de John Eastman ayudó a redactar los alegatos del representante Eastman. John Eastman «estaba testificando esencialmente como co-abogado», dijo McKenna.
El informe experto de John Eastman para la defensa describió el testimonio del principal demandante como un «giro partidista contra las opiniones de, y ataques a, oponentes políticos».
Eastman dijo que el Centro sobre Terrorismo, Extremismo y Contraterrorismo del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey —en el que Kriner trabaja— es «un instituto académico decididamente de centro-izquierda» cuyos altos dirigentes donan exclusivamente a «candidatos demócratas u organizaciones que apoyan a los demócratas».
El juez McKenna no permitió que Eastman testificara sobre las prácticas de donaciones demócratas de los principales dirigentes de Middlebury porque el caso en cuestión «no es partidista».
«No es una cuestión política»
«No es una cuestión política», dijo McKenna durante el testimonio. «Y por lo tanto, no lo encuentro relevante. Tenemos que seguir adelante».
El representante Eastman expresó su asombro ante las palabras del juez. «¿Cómo puede un caso sobre las lealtades políticas de un funcionario electo no ser un caso político?», preguntó Eastman en un correo electrónico a The Epoch Times.
La redacción de la Constitución de Alaska parecería prohibir que alguien sea simplemente miembro de un grupo que aboga por el derrocamiento del gobierno. Los redactores de la enmienda no ofrecieron pistas sobre su uso previsto durante la convención constitucional de Alaska a mediados de la década de 1950, dijo el juez McKenna.
«El lenguaje de la deslealtad fue objeto de muy poca discusión durante la convención constitucional de Alaska», escribió el juez. «Los delegados creían que la cláusula era necesaria para que Alaska fuera admitida en la Unión. También hubo una breve discusión sobre dónde debía colocarse la coma. Sin embargo, no hubo conversaciones ni debates sustantivos sobre el significado de la disposición».
La Constitución de Alaska debe considerarse a la luz de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, escribió el juez McKenna. «La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe las leyes que coartan la libertad de expresión», escribió. «Incluido dentro del derecho a la libertad de expresión está el derecho a asociarse con otros para participar en expresiones protegidas».
Sostener que la mera pertenencia a una organización que aboga por el derrocamiento del gobierno debe impedir que una persona ocupe un cargo público violaría la Primera Enmienda, escribió McKenna.
«Impedir que una persona ocupe un cargo público basándose simplemente en sus derechos de asociación protegidos es el tipo de ‘culpabilidad por asociación’ que el Tribunal Supremo desaprobó en los casos mencionados», escribió el juez McKenna. Los precedentes del Tribunal Supremo dicen que una persona debe tener «la intención específica de promover esos objetivos ilegales».
El juez consideró que el representante Eastman no abogó por el derrocamiento del gobierno.
«Aparte de donar más de 1000 dólares a la organización y comprar productos, no hay pruebas de que desempeñara un papel activo en la organización nacional de los Oath Keepers o en la división de Alaska», dijo McKenna.
Eastman dijo que la conclusión de McKenna sobre los Oath Keepers le parecía «totalmente falsa».
«Los Oath Keepers han sido etiquetados como ‘antigubernamentales’, y eso es todo lo que necesita la izquierda para justificar que se les trate como enemigos declarados del Estado», dijo Eastman. «Lo mismo con cualquier J6er».
«Una vez que has traducido ‘el gobierno’ en ‘cualquier cosa objetable que el gobierno esté haciendo hoy’, es una tautología en ese punto».
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