El lunes, un juez federal se negó a detener las órdenes de la vacuna contra el COVID-19 de Oregón, lo que permite que estas entren en vigor para los trabajadores de la salud, los empleados escolares y algunos trabajadores estatales.
El juez de distrito Michael Simon denegó una moción para una orden de restricción temporal, convirtiéndose en el primer fallo de un juez federal en Oregón tras al menos tres decisiones similares de los tribunales estatales, reportó el Oregonian/OregonLive.
«Todos estos demandantes no demuestran la probabilidad de un daño irreparable inminente», escribió Simon, nombrado por Barack Obama, en su decisión. «Su temor a un daño futuro es demasiado especulativo para respaldar una reclamación de daño irreparable inminente».
Los demandantes son 42 personas, entre las que se encuentran trabajadores de la salud, empleados de escuelas y un voluntario, y un empleado de una agencia estatal.
Los demandantes presentaron una moción el 12 de octubre para detener la aplicación de la orden de vacunación, alegando que se enfrentan a un daño irreparable inminente porque se están violando sus derechos constitucionales, y que perderían el empleo.
«Los demandantes alegan el daño temporal a sus empleos, ingresos y beneficios. No alegan discriminación, daño psicológico o emocional, ni otras circunstancias extraordinarias. La mayoría no alega ninguna otra circunstancia que no sea el riesgo de perder sus puestos de trabajo», escribió Simon. «Sin embargo, estos son los tipos de preocupaciones que la Corte Suprema afirma que son ‘rutinarias’. Son indemnizables por daños monetarios».
El 13 de agosto, la gobernadora Kate Brown emitió la Orden Ejecutiva 21-29, que exige que los empleados de la rama ejecutiva del estado estén totalmente vacunados contra el COVID-19 a más tardar el 18 de octubre de 2021, o seis semanas después de la fecha en que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe una vacuna contra el COVID-19.
El 25 de agosto, la Autoridad Sanitaria de Oregón adoptó una orden de educación y una orden de atención médica, exigiendo que los trabajadores escolares y de la salud se vacunen antes del 18 de octubre.
Simon también dijo que el tribunal no considera probable que los demandantes tengan éxito en sus reclamaciones constitucionales.
«La decisión de requerir la vacunación entre los empleados de la agencia ejecutiva del estado, y las poblaciones críticas como los trabajadores y proveedores de atención médica y los trabajadores y voluntarios de la educación, es una forma racional de promover el interés del estado en la protección de la salud y la seguridad durante la pandemia de COVID-19», escribió Simon.
No es probable que los demandantes consigan demostrar que las órdenes «impactan en la conciencia» y, por tanto, violan los derechos de los demandantes en virtud de la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda, señaló Simon.
El abogado de los demandantes, Stephen Joncus, argumentó en la moción que las órdenes de las vacunas violan los derechos de los demandantes al debido proceso porque obligan a los demandantes a aplicarse vacunas «experimentales» sin el consentimiento de los demandantes. Joncus dijo que la vacuna Comirnaty, aprobada por la FDA, aún no está disponible.
«Los demandantes no han demostrado ninguna diferencia científica, biológica o de fórmula entre el fármaco actual del vial de la vacuna de Pfizer-BioNTech y el del vial de la vacuna Comirnaty. Tienen la misma formulación y son intercambiables», dice la sentencia.
Simon dijo que los demandantes siguen siendo libres de elegir si se vacunan o no. Pueden vacunarse, solicitar una excepción religiosa o médica, o encontrar un trabajo en otro lugar.
«Esto simplemente no es lo mismo que los médicos nazis que realizan experimentos con víctimas retenidas contra su voluntad en campos de concentración, como fue el tema de una parte de los juicios de Nuremberg», escribió Simon en su fallo.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Joncus para que solicitar comentarios.
Recientemente, se han presentado muchas demandas en todo el país para detener las órdenes de vacunación federales y locales.
En agosto, la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett se negó a bloquear la orden de vacunación contra el COVID-19 de la Universidad de Indiana.
El 1 de octubre, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor también denegó una solicitud de emergencia sin explicación para bloquear la orden de la vacuna contra el COVID-19 en las escuelas de la ciudad de Nueva York.
El 12 de octubre, un juez federal falló a favor de 17 trabajadores de la salud del estado de Nueva York que se opusieron a recibir la vacuna contra el COVID-19 por razones religiosas, diciendo que los funcionarios del estado no explicaron adecuadamente por qué se les negó a los trabajadores las exenciones religiosas a la vacunación obligatoria impuesta en agosto.
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