Un juez federal impidió esta semana que la administración del presidente Joe Biden concediera subvenciones en un programa destinado a dar prioridad a los solicitantes por su raza y/o sexo.
El juez de distrito Reed O’Connor, nominado por George W. Bush, dijo que cree que es probable que el demandante Philip Greer tenga éxito y concedió una solicitud de orden de restricción temporal (TRO).
Basándose en el expediente, Greer está «capacitado y preparado» para presentar una solicitud; ha preparado una solicitud en nombre de su restaurante y, por lo demás, es elegible para recibir una subvención del FRR, de no ser por el esquema de priorización presuntamente inconstitucional que impide la tramitación de su solicitud», dijo O’Connor en su fallo de 18 páginas.
Si finalmente gana la demanda de Greer, es muy probable que pueda recibir una parte de los subsidios del Fondo de Revitalización de Restaurantes, un fondo común de 28,600 millones de dólares creado por el último paquete de ayuda por el COVID-19, añadió el juez.
Lo que está en cuestión es el hecho de que el paquete ordena a la Administración Biden que dé prioridad a los restaurantes que sean propiedad y estén controlados por mujeres, veteranos y personas consideradas «social y económicamente desfavorecidas», lo que incluye a los que son propiedad al menos en un 51% de algunas tribus indias u organizaciones de nativos de Hawai.
La Administración de Pequeñas Empresas, que decide entre los solicitantes, anunció que aceptaría las solicitudes de todos los solicitantes elegibles, pero que solo procesaría las de un «grupo prioritario» en los primeros 21 días.
Greer argumentó que la política excluye enérgicamente a clases enteras de estadounidenses que no se mencionan en el grupo «prioritario» y que también están sufriendo importantes pérdidas financieras causadas por la pandemia del COVID-19.
«La Administración de Pequeñas Empresas hace retroceder peligrosamente a Estados Unidos, invirtiendo el reloj del progreso estadounidense y violando nuestros principios más sagrados y venerados al discriminar activa e injustamente a los ciudadanos estadounidenses únicamente por su raza y su sexo. Esto es ilegal, es inconstitucional, es incorrecto, y debe terminar», declaró su demanda.
Los abogados de Isabella Guzman, la administradora de la administración, afirmaron en una respuesta a la moción de TRO que Greer carecía de legitimación porque no había presentado una solicitud de subvención. También afirmaron que no había sufrido un perjuicio que pudiera atribuirse al periodo de prioridad.
Los abogados también argumentaron que las prioridades adoptadas, aunque eran «conscientes de la raza», no violaban la garantía constitucional de la igualdad de protección.
El juez O’Connor rechazó estas alegaciones.
«El contexto es claro: las pruebas de que el restaurante de Greer perdió casi 100,000 dólares en ingresos brutos durante la pandemia de COVID-19 y [su] testimonio de que ha preparado una solicitud y que, por lo demás, es elegible, son suficientes para sugerir el ‘deseo real’ de los demandantes de solicitar una subvención monetaria con el objetivo específico de apoyar a los restaurantes durante la pandemia, como el de Greer», escribió.
Un abogado de la Administración Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
Stephen Miller, presidente de America First Legal, que representa al demandante, dijo en un comunicado: «Los hechos del caso son sencillos: los propietarios de restaurantes estadounidenses duramente afectados pueden solicitar la ayuda urgente por la pandemia. Pero el gobierno pone a algunos propietarios al final de la fila para acceder a una reserva limitada de dinero en función de su raza. Así que se nos plantea una pregunta sencilla pero vital: ¿puede el gobierno premiar o castigar a los ciudadanos estadounidenses en función del color de su piel o de la ascendencia de sus familias? Todos conocemos la respuesta. La discriminación racial, en cualquiera de sus formas, es ilegal y moralmente incorrecta. Es antiamericana. Es inaceptable. Y hay que ponerle fin».
El juez ordenó a Greer que solicitara una subvención antes del 19 de mayo, al tiempo que ordenó a Guzman y a la agencia que ella supervisa que tramiten y consideren las subvenciones.
Con información de Janita Kan.
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