Un juez federal bloqueó la posibilidad de que la administración de Joe Biden ponga fin al Título 42, una política fronteriza que ha permitido a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos de vuelta a México por motivos de salud pública en medio de la pandemia de COVID-19.
En una sentencia de 47 páginas, el juez Robert Summerhays, de Luisiana, Estados Unidos, concedió una orden judicial a nivel nacional para bloquear la finalización del Título 42, afirmando que la medida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de poner fin a la política no cumple con la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige una notificación pública y tiempo para recoger los comentarios del público sobre el plan.
«Simplemente, los CDC no han explicado cómo las circunstancias actuales impidieron que los CDC emitieran la Orden de Terminación a través del proceso de notificación y comentario requerido por la [Ley de Procedimiento Administrativo]», escribió Summerhays. El proceso de notificación y comentario puede tardar meses en completarse.
«Dado el impacto de la Orden de Terminación en los Estados Demandantes y su demostración de que los CDC no cumplieron con la [Ley de Procedimiento Administrativo], la Corte concluye que el interés público sería beneficiado por una orden judicial preliminar que impida la terminación de las Órdenes del Título 42 de los CDC», dice el dictamen.
El dictamen significa que los CDC tienen bloqueado el cese del Título 42, por lo que la política permanecerá en vigor en medio del litigio en curso hasta que se tome una decisión final sobre el fondo del caso. Es probable que el juicio completo dure muchos meses.
El Departamento de Justicia (DOJ) indicó que apelará la última sentencia.
«Los [CDC] invocaron su autoridad bajo el Título 42 debido a los peligros sin precedentes para la salud pública causados por la pandemia de COVID-19. Los CDC han determinado ahora, en su opinión de expertos, que ya no se justifica seguir recurriendo a esta autoridad a la luz de las actuales circunstancias de salud pública. Esa decisión fue un ejercicio legal de la autoridad de los CDC», dijo el portavoz Anthony Coley en una declaración. «El Departamento de Justicia tiene la intención de apelar la decisión de la corte en el caso Louisiana et al. vs. CDC et al.
La Casa Blanca indicó que no estaba de acuerdo con el dictamen de la corte, pero que lo acataría a la espera de la apelación del Departamento de Justicia.
«La autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en una sola corte de distrito», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una declaración.
Desde la implementación del Título 42 en marzo de 2020 bajo la administración Trump, los agentes fronterizos han podido rechazar a los inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos más de 1.9 millones de veces sin darles la oportunidad de pedir asilo.
Los CDC anunciaron el 1 de abril que pondrían fin a los poderes fronterizos de emergencia a contar desde el 23 de mayo, citando la disminución de los casos de COVID-19 y la mayor disponibilidad de vacunas y terapéutica.
Antes del anuncio de los CDC, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo que el fin del Título 42 provocaría una previsible «afluencia de personas a la frontera».
La decisión de los CDC hizo que 24 estados, encabezados por los fiscales generales de Arizona, Luisiana y Missouri, presentaran una demanda el 4 de abril, solicitando una orden judicial para mantener la política en vigor. Los estados, todos ellos con fiscales generales republicanos, argumentaron en parte que el fin del Título 42 «induciría un aumento significativo de la inmigración ilegal en Estados Unidos, con muchos migrantes haciendo valer solicitudes de asilo no meritorias».
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, calificó en Twitter el dictamen de Summerhays de «gran victoria».
Los republicanos y algunos demócratas en el Congreso habían criticado la decisión de los CDC de levantar el Título 42 ante la probabilidad de un mayor número de cruces de migrantes, diciendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no estaba preparado para manejar el aumento de migrantes.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo el 1 de mayo que la agencia se estaba preparando para una posible avalancha de inmigrantes hacia Estados Unidos en la frontera sur, diciendo que podría haber hasta 18,000 migrantes al día si el Título 42 es eliminado.
Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas y otros demócratas han dicho previamente que las expulsiones del Título 42 ponen en peligro a los migrantes vulnerables y no se basan en la ciencia.
Otra sentencia judicial impide que el gobierno de Joe Biden expulse a las familias a lugares donde podrían ser perseguidas o torturadas.
En abril, los agentes fronterizos se encontraron con más de 234,000 intentos de inmigrantes de cruzar la frontera sur, lo que supone un nuevo récord mensual, según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Con información de Reuters
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