Una empleada de Fusion GPS testificará en el caso del gobierno contra Michael Sussmann, un exabogado de Hillary Clinton, para dar una «perspectiva única» sobre cómo su empresa, la campaña electoral de Clinton y su bufete de abogados organizaron una «investigación de oposición» a la campaña de Trump, que estimuló la desacreditada indagación conocida como «Rusiagate».
El juez de distrito de Estados Unidos, Christopher Cooper, concedió el martes la moción del abogado especial, John Durham, para obligar a la «experta en tecnología» de Fusion GPS, Laura Seago, a testificar cuando comience el juicio de Sussmann el 16 de mayo en un tribunal federal en Washington, DC.
Los fiscales federales, dirigidos por Durham, presentaron cargos contra Sussmann de declaración falsa.
Durham sostiene que en agosto de 2016, Sussmann y el principal asesor de la campaña de Clinton, Marc Elias, se reunieron con el ejecutivo de Neustar Rodney Joffe —cuya empresa fue contratada para supervisar el tráfico de DNS para la Oficina Ejecutiva— y «animaron» a Joffe a inventar una «narrativa» que vincule a la Organización Trump con Alfa-Bank, el mayor banco privado de Rusia.
Los fiscales dicen que Sussmann, el 19 de septiembre de 2016, entregó al consejero general del FBI, James Baker, documentos recopilados por Fusion GPS, Joffe y de investigadores para promover la «narrativa» Trump-Rusia, afirmando que lo hacía como «un ciudadano preocupado» y no representando a un cliente.
Los fiscales dicen que Sussmann no informó a Baker de que había representado a Joffe en el pasado, que había representado recientemente al Comité Nacional Demócrata (DNC) y que el bufete de abogados Perkins Coie, en el que trabajaban tanto él como Elias, era el consejero general de la campaña Hilary For America (Hillary para Estados Unidos) de 2016.
Un gran jurado federal aprobó los cargos contra Sussmann el 16 de septiembre de 2021.
La moción de Durham del 6 de abril para obligar a la campaña de Clinton, al DNC, a Perkins Coie, a Joffe y a Fusion GPS a proporcionar «documentos y comunicaciones retenidos y/o redactados» generó a continuación una mayor intriga porque plantea cuestiones sobre la naturaleza del «privilegio abogado-cliente».
Dado que los documentos y las comunicaciones están relacionadas con «un producto de trabajo de los abogados» o «un producto hecho», las entidades alegan que pueden acogerse al privilegio abogado-cliente y que deben permanecer protegidos de la divulgación pública.
Según los abogados de Sussmann y los abogados que representan a los cinco, el «producto de trabajo del abogado» incluye la «investigación de la oposición» sobre Trump realizada por Fusion GPS para Perkins Coie en nombre de la campaña electoral de Hillary Clinton.
Durham insiste en que las 1455 conmutaciones solicitadas no están cubiertas por el privilegio abogado-cliente porque pocas —18— incluyen a un abogado.
Su argumento está «basado en una aparente teoría de que la investigación de la oposición política y/o el trabajo de relaciones públicas (…) entra dentro del ámbito legítimo del privilegio abogado-cliente y de las protecciones de productos de trabajo», dice Durham en la moción.
Cooper no se ha pronunciado sobre la mayoría de las cuestiones incluidas en la moción de Durham, aunque ha escuchado los argumentos relativos a lo que se puede y no se puede escuchar en el juicio en dos audiencias probatorias.
Debido a que parte del material podría ser clasificado, Cooper está emitiendo fallos sobre la moción de Durham después de revisiones a puerta cerrada o privadas. Su orden del martes obligando a Seago a testificar fue después de una revisión a puerta cerrada y se emitió sin comentarios.
En la moción, los fiscales dicen que como Joffe se ha negado a testificar y ha prometido declararse bajo la Quinta Enmienda a menos que se le «inmunice» del proceso —lo que ellos apoyan pero los abogados de Sussmann se oponen— «el gobierno determinó que se necesita llamar a un empleado de Fusion GPS como testigo en el juicio».
Seago fue «la única empleada de Fusion GPS que intercambió correos electrónicos con [Joffe] en relación con las alegaciones [de Alfa-Bank]», dice la moción, señalando que Seago «actuó como la principal experta ‘técnica’ de la empresa; trabajó durante un largo período de tiempo en cuestiones relacionadas con las alegaciones [de Alfa]; formó parte del equipo que manejó el trabajo bajo el contrato de Fusion con HFA y el DNC; y (se reunió en 2016 con varias partes -incluyendo [Perkins Coie], [Joffe], y los medios de comunicación- sobre las alegaciones [Alfa].
«Como tal», continúa la moción, Seago «sin duda posee una perspectiva única de la cuestión central que debe decidir el jurado: si [Sussmann] estaba actuando en nombre de uno o más clientes cuando trabajó en las acusaciones [del Banco Trump-Alfa]».
El lunes, los fiscales federales presentaron un suplemento adicional a su moción para generar una obligación, que incluye un acuerdo de conciliación de ocho páginas firmado en febrero por la campaña de Clinton y el DNC reconociendo al Comité Federal de Elecciones de que reportaron indebidamente los pagos a Perkins Coie para la investigación de la oposición de Fusion GPS como «consultoría legal y de cumplimiento”.
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