Una corte federal de Louisiana rechazó la moción de la administración Biden de desestimar un caso emblemático en el que se alega colusión entre el gobierno federal y las grandes empresas de tecnología e informática con el objetivo de censurar a los usuarios desfavorecidos y a los puntos de vista relacionados con COVID-19.
En el caso Missouri vs. Biden, los estados de Luisiana y Missouri alegan que las empresas de redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, censuraron en sus plataformas a determinados puntos de vista y usuarios bajo la dirección y la presión coercitiva de altos funcionarios del gobierno de Biden y de varios organismos del gobierno federal.
Los demandados, incluida la administración Biden, solicitaron la desestimación del caso, alegando que los Estados carecen de legitimación activa para presentar las demandas. Sin embargo, los estados alegaron que una sentencia anterior ya estableció la legitimación.
El juez Terry Doughty, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Louisiana, desestimó la petición de la administración Biden de archivar el caso.
«La Corte considera que la demanda alega un estímulo y una coerción significativos que convierten la conducta, por lo demás privada, de censura en las plataformas de redes sociales en una acción estatal, y no se deja persuadir por los argumentos de los demandados en sentido contrario», escribió Doughty en su fallo (pdf).
El juez Doughty señaló que a él «no le convencían» algunos de los argumentos del gobierno, que intentaban restar importancia a las amenazas coercitivas, como «episodios aislados en los que funcionarios federales se dedicaron a la retórica sobre la desinformación en las plataformas de redes sociales».
Tales intentos de restar importancia a las amenazas, alegando que ningún acusado tenía la autoridad unilateral para llevarlas a cabo «se contradice claramente por el peso abrumador de la autoridad», añadió el juez.
«Además, aunque el Gobierno puede ciertamente seleccionar los mensajes que desea transmitir, esta libertad está limitada por el principio más fundamental de que una entidad gubernamental no puede emplear amenazas para limitar la libertad de expresión de los ciudadanos privados», escribió Doughty.
En la demanda, los estados alegan que la supuesta incitación del gobierno a las grandes empresas tecnológicas para que ejerzan la censura excede su autoridad legal, viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) e infringe los derechos de la Primera Enmienda.
El gobierno presentó una moción para desestimar el caso alegando la falta de jurisdicción sobre la materia y la ausencia de una demanda sobre la que se pueda conceder una reparación.
Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo.
La demanda «alega plausiblemente la acción del Estado».
La administración Biden argumentó en la moción de desestimación en contra de los demandantes, que los estados carecían de legitimación para presentar demandas y que no existía renuncia de la inmunidad soberana para ninguna de las demandas contra los demandados. Sin embargo, los estados argumentan que la Corte ya había considerado que existía legitimación en una sentencia anterior.
Mientras tanto, los estados pidieron a la corte que declare que las acciones de censura violan la Constitución de EE. UU. y las constituciones de los estados, y solicitaron una orden judicial para poner fin a la supuesta conducta ilegal.
De acuerdo con la presentación judicial, la corte consideró finalmente que los estados habían «alegado de forma plausible la acción estatal bajo las teorías de participación conjunta, entrelazamiento y la combinación de factores como subvención, autorización y estímulo».
«Los demandantes han alegado de forma clara y plausible que los demandados incurrieron en discriminación de puntos de vista y restricciones previas», escribió el juez.
Doughty señaló en su fallo que, contrariamente a lo que ha argumentado el gobierno, los estados no están buscando una «orden judicial de mordaza para impedir que el poder ejecutivo exprese sus puntos de vista sobre importantes asuntos de interés público».
El juez citó un caso previo, Matal vs. Tam, para aclarar que, aunque la doctrina del discurso gubernamental es importante, es susceptible de un «peligroso mal uso».
«Si el discurso privado pudiera hacerse pasar por discurso gubernamental, simplemente colocando un sello gubernamental de aprobación, el gobierno podría silenciar o amortiguar la expresión de puntos de vista desfavorecidos», afirma la sentencia.
«La demanda alega algo más que el ejercicio de un discurso gubernamental permisible. Alega esfuerzos amplios y muy eficaces por parte de funcionarios públicos para ‘silenciar o amortiguar la expresión de puntos de vista desfavorables'», escribió el juez.
«En consecuencia, la Corte considera que los demandantes han alegado plausiblemente la acción del Estado bajo la teoría del estímulo significativo y/o coerción».
El caso Missouri vs. Biden se centra en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act), que permite a las empresas de redes sociales censurar contenidos considerados ofensivos.
La demanda presentada por los estados también alega que la sección 230 ha otorgado una amplia inmunidad a la censura de puntos de vista desfavorecidos y que el gobierno ha utilizado las amenazas de modificar o derogar esta sección para fomentar una censura más agresiva en las plataformas de redes sociales.
La audiencia preliminar del caso está prevista para el 12 de mayo.
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