Juez rechaza la solicitud de Trump de suspender el fallo por fraude

Los demandados argumentaron que la supervisión designada por la corte sigue vigente mientras defienden la solicitud de suspensión

Por Catherine Yang
22 de febrero de 2024 8:41 PM Actualizado: 22 de febrero de 2024 9:48 PM

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, denegó la solicitud del expresidente Donald Trump de suspender el juicio por 30 días después de que los abogados defensores protestaran por la «prisa» de la fiscal general por hacer cumplir la sentencia.

«Tengo la intención de firmar la sentencia propuesta esta mañana», escribió el juez Engoron en un correo electrónico del 22 de febrero. La sentencia ya fue entregada al secretario del condado, según el expediente.

En respuesta a una solicitud de suspensión, agregó: “Usted no ha explicado, y mucho menos justificado, ningún fundamento para una suspensión. Confío en que la División de Apelaciones protegerá sus derechos de apelación”.

El 16 de febrero, el juez Engoron emitió su veredicto en el caso de fraude civil multimillonario presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el presidente Trump y la Organización Trump. Días después, la fiscal Colleen Faherty presentó una propuesta de sentencia que describía las sanciones impuestas por el juez Engoron.

En respuesta, el abogado defensor Clifford Robert, que representó a Eric Trump y Donald Trump Jr., respondió en nombre de todos los acusados ​​argumentando que era «inadecuado» que los fiscales presentaran una propuesta de sentencia sin «notificación alguna» de parte de los acusados.

El juez Engoron respondió por correo electrónico el 21 de febrero, pidiendo a los acusados ​​que «por favor, háganme saber, antes de las 5 p.m. de hoy, si se oponen de alguna manera específica y en qué diferiría su contrasentencia”.

Señaló que la sentencia propuesta «coincide exactamente» con el texto de su orden «salvo por la adición de las direcciones de los demandados y los espacios en blanco para los importes de los intereses».

Luego, el Sr. Robert presentó otra carta de respuesta, argumentando que la “indecorosa prisa de la fiscal general por formalizar una ‘sentencia’ viola todas las prácticas aceptadas en la corte estatal de Nueva York”.

Pidió que se suspendiera la ejecución de la sentencia durante 30 días y argumentó que, dado que todavía hay un supervisor designado por la corte, no debería haber ningún problema con una demora. El Sr. Robert también destacó dos errores: uno relacionado con cuándo deberían comenzar a aplicarse los intereses sobre la multa de USD 1 millón para el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y el otro relacionado con las direcciones comerciales de los acusados.

El 22 de febrero, Andrew Amer, abogado especial de la oficina del fiscal general, se opuso al uso de direcciones de Florida para los acusados, argumentando que la Torre Trump, en la ciudad de Nueva York, es donde se encuentran las oficinas de la Organización Trump y donde se llevan a cabo los negocios.

El Sr. Amer se opuso a una suspensión de la ejecución de 30 días, argumentando que los acusados ​​no proporcionaron un fundamento suficiente para esa solicitud. Argumentó que la corte no había ordenado al estado que consultara con los acusados ​​y que no había ningún requisito para que lo hicieran, y señaló que el error con respecto al Sr. Weisselberg había sido involuntario.

Además de los USD 355 millones que el presidente Trump tendrá que pagar, Eric Trump y Donald Trump Jr. también han sido multados con USD 4 millones cada uno, y el Sr. Weisselberg con USD 1 millón.

Al Sr. Weisselberg y al excontralor de la Organización Trump, Jeffrey McConney, también se les ha prohibido permanentemente ejercer «el control financiero» de cualquier negocio en Nueva York, mientras que a los ejecutivos y al presidente Trump también tendrán prohibido desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación o entidad legal en el estado por tres años. A Donald Trump Jr. y Eric Trump se les prohibirá desempeñarse como directores o funcionarios durante dos años.

El presidente Trump y varias de sus entidades también tienen prohibido solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el estado durante tres años, lo que podrá resultar en un obstáculo si el expresidente busca obtener una fianza en el caso de apelación.

La supervisora designada por la corte, Barbara Jones, continuará monitoreando a la Organización Trump durante al menos tres años y dentro de 30 días presentará su propuesta para la autoridad que necesita y recomendaciones para un responsable de control de riesgos.

Es posible que se ordenen sanciones adicionales por recomendación de la Sra. Jones y del responsable de control en una fecha posterior.

Fiscal general dispuesta a incautar bienes

En una entrevista reciente con ABC News, la Sra. James dijo que estaba dispuesta a confiscar la propiedad del presidente Trump como medio para hacer cumplir la sentencia.

«Si no tiene fondos para pagar la sentencia, entonces buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en las cortes y pediremos al juez que embargue sus bienes», dijo.

«Estamos preparados para asegurarnos de que la sentencia se pague a los neoyorquinos, y sí, miro el 40 de Wall Street todos los días».

La abogada defensora Alina Habba, que representa al presidente Trump, había dicho en una entrevista con Fox News que el presidente Trump era capaz de pagar USD 355 millones por concepto de multa, o el depósito de aproximadamente de USD 400 millones que se le exigiría para apelar el fallo de fraude.

“Dentro de 30 días, incluso si decidimos apelar esto, lo cual haremos, tenemos que depositar la fianza, que es el monto total y algo más, y estaremos preparados para hacerlo”, dijo.

“Miren, no es una coincidencia… ellos saben, al ver sus declaraciones de situación financiera, que este hombre vale mucho dinero. Miles, y miles, y miles de millones de dólares, y eso sin incluir su marca”.

«Lo que están tratando de hacer entre este y mi último caso es sacarlo del negocio», dijo Habba, refiriéndose a la reciente multa de USD 83 millones que un jurado ordenó pagar al presidente Trump en un caso de difamación presentado por el escritor. E. Jean Carroll.

Describió la acción legal en curso contra el expresidente como «grotescamente demente».

«No va a funcionar, número uno. Número dos, lo que están tratando de hacer es una táctica de miedo», dijo la señora Habba. «Desafortunadamente, en mi opinión, han elegido a la persona equivocada. Es fuerte, resistente y tiene mucho dinero».


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