La jueza federal que supervisa una de las causas penales contra el expresidente Donald Trump ha tomado la inusual decisión de abrir una próxima audiencia a partes externas, mientras estudia si el nombramiento del abogado especial Jack Smith fue válido.
La jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada por el expresidente Trump, dijo el 4 de junio que tres expertos externos podrán exponer sus argumentos durante un máximo de 30 minutos cada uno durante la audiencia, que está previsto que se celebre en una corte federal de Florida el 21 de junio.
«Estoy deseando tener la oportunidad de ayudar a la jueza Cannon a comprender mejor por qué Jack Smith no tiene autoridad para procesar al presidente Trump, y de responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el análisis jurídico que hemos ofrecido en nombre de (entre otros) dos respetados ex fiscales generales de Estados Unidos», dijo Gene Schaerr, uno de los expertos, a The Epoch Times en un correo electrónico.
El expresidente Trump alega que el nombramiento del Sr. Smith por el fiscal general Merrick Garland es ilegal porque no trabajaba para el gobierno federal cuando se hizo el nombramiento.
«La Cláusula de Nombramientos no permite al fiscal general nombrar, sin confirmación del Senado, a un ciudadano privado y aliado político afín para que ejerza el poder fiscal de Estados Unidos. Como tal, Jack Smith carece de autoridad para enjuiciar esta acción», escribió Christopher Kise, uno de los abogados del expresidente, en una petición al tribunal.
Los abogados del gobierno afirman que esos argumentos son erróneos, al igual que Matthew Seligman, exsecretario del juez de circuito estadounidense Douglas Ginsburg.
El Sr. Seligman, uno de los expertos externos a los que se ha permitido exponer ante la jueza Cannon, dijo en un escrito reciente que la Cláusula de Nombramientos sí faculta al fiscal general para nombrar a un abogado especial como el Sr. Smith.
«Aparentemente, el Sr. Trump admite que el fiscal general Garland podría nombrar constitucionalmente al abogado especial Smith como funcionario inferior si el Congreso le hubiera conferido esa facultad, pero argumenta que el Congreso no lo hizo. Pero ese argumento simplemente ignora el texto llano de la Sección 533, que autoriza sin ambigüedades al fiscal general a nombrar ‘funcionarios’ como el abogado especial para ‘perseguir delitos contra Estados Unidos'», escribió el Sr. Seligman.
Sin embargo, los otros dos expertos externos que argumentarán a finales de este mes coinciden con el presidente Trump en que el nombramiento del Sr. Smith fue ilegal.
Josh Blackman, profesor del South Texas College of Law de Houston, opina que, dado que el cargo del Sr. Smith es temporal, no puede ser un funcionario de Estados Unidos. En cambio, el Sr. Smith es, como mucho, un empleado del gobierno, lo que significa que «no puede ejercer la ‘autoridad significativa’ de un fiscal de los Estados Unidos», escribió el Sr. Blackman en un escrito dirigido al tribunal.
«Si el Sr. Smith se asemejara a un fiscal adjunto de línea de Estados Unidos, podría ejercer poderes de acusación bajo la supervisión de un fiscal de los Estados Unidos. Pero a Smith no se le concedió tal poder subordinado. Más bien, se le concedió, y ha ejercido, una autoridad decisoria superior, que solo está sujeta a la supervisión limitada del fiscal general», dijo el Sr. Blackman. «Pero a diferencia de un fiscal normal de Estados Unidos, que puede ser destituido por el presidente, el fiscal general solo puede destituir al abogado especial en determinadas circunstancias, de acuerdo con la normativa, suponiendo que este nombramiento se hiciera con sujeción a toda la normativa».
Es posible que el Sr. Smith pueda continuar en su puesto, pero solo si está supervisado por un fiscal general, según el Sr. Blackman.
«Estoy agradecido de que la jueza Cannon haya accedido a nuestra petición, y estoy deseando presentar mis argumentos ante la corte», dijo Blackman a The Epoch Times en un correo electrónico.
El Sr. Schaerr, que fue asistente jurídico de los jueces de la Corte Suprema Warren Burger y Antonin Scalia, también afirma que el Sr. Smith fue nombrado ilegalmente.
El Sr. Schaerr presentará argumentos dirigidos por el ex fiscal general Edwin Meese III, que trabajó bajo el mandato del expresidente Ronald Reagan y ahora trabaja en la Fundación Heritage.
El Sr. Meese y otros afirmaron en un escrito que el nombramiento del Sr. Smith viola la Cláusula de Nombramientos porque solo el Congreso puede crear un cargo federal y ninguna ley autoriza el puesto que supuestamente ocupa.
Aunque la entonces fiscal general Janet Reno promulgó una normativa tras la expiración de la disposición de la Ley de Ética en el Gobierno (EGA) que permitía los nombramientos de asesores independientes que permitía a los fiscales generales nombrar periódicamente a personas para dirigir una oficina de asesores especiales, la normativa no es una ley, dijeron.
«El problema para el gobierno en el caso de la normativa Reno y el nombramiento de Smith es que dicha normativa y la orden de nombramiento de Smith no contemplan ‘abogados especiales’ que ayuden a los fiscales generales. Por el contrario, contemplan abogados especiales que sustituyen a los fiscales federales en casos concretos. Smith, por ejemplo, no fue nombrado para ayudar a los fiscales estadounidenses. Fue contratado como un poderoso funcionario independiente que sustituye, en lugar de asistir, las funciones de los Fiscales de los Estados Unidos en el ámbito de su jurisdicción», dijeron los expertos.
«Esta es precisamente la función que el EGA autorizaba para los abogados independientes. Pero ese estatuto ya no existe, y en ausencia de ese estatuto o de uno similar, no hay ninguna oficina estatutaria de abogado especial a la que Smith pudiera ser designado para funcionar como sustituto de un fiscal de EE. UU.», añadieron.
El caso contra el expresidente Trump tiene que ver con su manipulación de material sensible y su supuesta obstrucción a los investigadores que buscan ese material. Él y sus coacusados se han declarado inocentes.
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