Una jueza de Michigan invalidó la noche del 7 de septiembre una ley estatal de 1931 que prohibía los abortos en el estado y que dejó de aplicarse en 1973, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el aborto en todo el país.
La decisión, que parece probable que sea apelada, se produjo mientras la Corte Suprema de Michigan estudia la posibilidad de incluir en la papeleta de votación del 8 de noviembre una propuesta de enmienda que incluiría el derecho al aborto en la Constitución de Michigan. El mismo tribunal también está estudiando la posibilidad de admitir una impugnación de la ley.
La ley estatal, que llevaba mucho tiempo inactiva, entró en vigor hace dos meses y medio, cuando la Corte Suprema anuló el caso Roe contra Wade, que devolvió la regulación del aborto a los estados.
Desde entonces, ha sido objeto de litigio en los tribunales y se emitió una orden judicial que impedía su aplicación.
La ley estatal es la sección 750.14 de las Leyes Compiladas de Michigan, que prohíbe todos los abortos excepto los realizados «para preservar la vida de [una] mujer».
La violación de la ley es un delito grave y si la mujer embarazada muere como resultado del procedimiento «el delito se considerará homicidio», dice la ley.
La ley no hace excepciones para los embarazos por violación o incesto ni para las anomalías fetales.
La sentencia se dictó en el caso Planned Parenthood de Michigan contra el Fiscal General del Estado de Michigan (caso 22-000044-MM).
La jueza jefe del Tribunal de Reclamaciones de Michigan, la demócrata Elizabeth Gleicher, consideró que la «obligación» de la ley de 91 años de antigüedad «destruye la esfera de la integridad corporal y la autonomía personal que subyace al componente de libertad de la Cláusula del Debido Proceso» de la Constitución estadounidense.
Gleicher escribió que «criminalizar el aborto eliminará el acceso a un servicio sanitario fundamental. Durante 50 años, los habitantes de Michigan han ejercido libremente el derecho a controlar de forma segura su salud y sus destinos reproductivos decidiendo cuándo y si llevar un embarazo a término».
«Eliminar el acceso al aborto obligará a las mujeres embarazadas a renunciar al control de la integridad de su propio cuerpo, sin tener en cuenta el efecto sobre su salud y su vida. Las pruebas establecen además que la aplicación de una ley de 1931 que retira ese derecho tendrá consecuencias nefastas para la salud pública».
La ley estatal es manifiestamente inconstitucional, escribió el juez, «porque su aplicación privaría a las mujeres embarazadas de su derecho a la integridad corporal y a la autonomía, y a la protección igualitaria de la ley».
The Associated Press reportó que Gleicher, que también es juez principal del Tribunal de Apelaciones de Michigan, reconoció hace semanas que ha donado regularmente a Planned Parenthood y que dio 1000 dólares a las campañas de 2018 de la gobernadora Gretchen Whitmer y de la fiscal general Dana Nessel, ambas demócratas a favor del derecho al aborto.
Ella se negó a recusarse del caso diciendo: «Se presume que los jueces son imparciales y sin prejuicios».
Whitmer celebró el nuevo fallo del tribunal.
«Hoy, los tribunales han dictaminado una vez más que las mujeres de Michigan tienen derecho a tomar decisiones médicas con su proveedor de atención médica y con aquellos en los que confían», dijo en un comunicado.
«He estado luchando con todas mis fuerzas para proteger la libertad reproductiva en Michigan durante meses y estoy agradecida por el fallo de hoy del tribunal inferior que declara inconstitucional nuestra extrema ley de aborto de 1931».
Pero como «nuestros derechos [están] todavía pendiendo de un hilo, la Corte Suprema de Michigan tiene que dar seguridad y pronunciarse sobre mi demanda para proteger el derecho al aborto en la constitución del estado».
Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America, también elogió la decisión de Gleicher.
«Esta es una victoria histórica para las pacientes y los proveedores de Michigan que se han visto obligados a vivir bajo la amenaza de una arcaica prohibición penal del aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade», dijo Johnson en un comunicado.
«Al bloquear permanentemente la ley de 1931 que penalizaba el aborto, el Tribunal de Reclamaciones de Michigan ha protegido la continuidad de la atención que los residentes de Michigan han disfrutado durante casi medio siglo y ha garantizado que ningún fiscal demasiado entusiasta pueda interponerse entre un paciente, su proveedor y su atención médica».
La Asamblea Legislativa de Michigan, controlada por los republicanos, aún no ha decidido si apelará.
«La Cámara está revisando el fallo», dijo a Associated Press el portavoz Gideon D’Assandro.
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