WASHINGTON —La jueza de distrito Tanya Chutkan se opuso a la petición de los fiscales de prohibir al expresidente Donald Trump revelar las pruebas no sensibles que le facilitaron los fiscales antes del juicio sobre si conspiró para obstruir ilegalmente el recuento de los votos electorales de 2020.
Durante una audiencia celebrada el 11 de agosto en Washington, decidió dictar una orden de silencio que sólo prohíbe la divulgación de información que los fiscales califican de sensible.
Los fiscales, junto con la oficina del abogado especial Jack Smith, solicitaron una orden de silencio general, alegando preocupaciones por la seguridad y la intimidación de los testigos.
La jueza cuestionó a la defensa sobre la posibilidad de utilizar información no sensible para intimidar a los testigos.
El abogado del presidente Trump, John Lauro, que fue fiscal federal, respondió que el presidente Trump acatará las condiciones previas al juicio, que ya prohíben la intimidación de testigos. Subrayó que es tarea de los fiscales demostrar por qué es necesaria tal restricción de los derechos de la Primera Enmienda del 45º presidente.
Señaló que la restricción de los derechos del presidente Trump ya es significativa, dado que corresponde a los fiscales decidir qué información es sensible y cuál no.
El fiscal federal Thomas Windom dijo que la mayor parte de la información lista para ser entregada a la defensa, más de 11 millones de páginas y archivos, se marcará como sensible.
El Sr. Lauro mencionó varias veces que el presidente Trump está en plena campaña electoral, pero la jueza se negó a tenerlo en cuenta.
El Sr. Windom sugirió que el presidente Trump planeaba hacer pública información antes del juicio que podría contaminar al jurado, en un esfuerzo por llevar el caso a los medios de comunicación.
El Sr. Lauro dijo que el discurso público no es motivo para una orden de silencio.
En última instancia, la jueza señaló que si el presidente Trump intentara intimidar a los testigos, habría otros mecanismos para abordarlo: podría afectar las condiciones de su libertad provisional.
El Sr. Lauro estuvo de acuerdo, pero señaló que uno de los testigos clave del caso, el ex vicepresidente Mike Pence, se encuentra entre los oponentes del presidente Trump en la contienda de las primarias. Ambos deberían poder mantener un intercambio de opiniones durante la campaña, dijo.
La jueza replicó que el presidente Trump se enfrentará a las mismas restricciones que cualquier otro acusado penal.
El Sr. Lauro quería que los fiscales marcaran qué información específica es sensible dentro de cada documento. El Sr. Windom lo consideró demasiado difícil. La jueza se puso del lado del gobierno.
Para disgusto de la defensa, la jueza se negó a permitir el acceso a las pruebas a otras personas que no fueran los abogados de los empleados del presidente Trump.
La orden de restricción es vinculante para ambas partes, incluso para la información que sea o se haga pública, dijo. La defensa tendría que solicitar una modificación de la orden para divulgar información sensible que se haya hecho pública.
La imputación fue presentada por el Sr. Smith el 1 de agosto, alegando conspiración para «perjudicar, obstruir y anular» la recolección y el recuento de votos electorales; conspiración contra el derecho al voto de los estadounidenses; obstrucción del recuento de votos electorales por parte del Congreso; y conspiración para obstruir el recuento de votos electorales.
La acusación sostiene que el presidente Trump no creía realmente que se le había arrebatado ilegalmente la victoria en las elecciones y que sus intentos de anular los resultados eran, por tanto, fraudulentos y corruptos.
El 10 de agosto, el Sr. Smith propuso el 2 de enero de 2024 como fecha de inicio del juicio, y la selección del jurado comenzaría el 11 de diciembre.
Subrayó el interés público en un juicio rápido, especialmente en este caso «en el que el acusado, un expresidente, está acusado de conspirar para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020, obstruir la certificación de los resultados electorales y descartar los votos legítimos de los ciudadanos».
La defensa parece haber estado construyendo un argumento según el cual los fiscales y la jueza Chutkan están apresurando indebidamente el caso.
La semana pasada, la jueza dio a la defensa tres días, durante el fin de semana, para responder a la petición del Sr. Smith de la orden de silencio, aun cuando la norma habitual en los tribunales federales del Distrito de Columbia concede a las partes 14 días para responder.
«Sin duda, la decisión del Tribunal de apartarse de las normas locales por defecto y conceder al presidente Trump menos de un día hábil para responder a esta importante petición es un hecho preocupante, incompatible con sus derechos al debido proceso», escribieron en respuesta los abogados del presidente Trump.
Ese mismo día, la jueza ordenó a las partes que le ofrecieran dos fechas, a más tardar el 11 de agosto, para una audiencia sobre la orden de silencio. Aunque la defensa pidió una fecha entre el 14 y el 15 de agosto, la jueza no accedió y fijó la audiencia para el 11 de agosto.
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