El 6 de febrero, la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos Aileen Cannon ordenó revelar algunos nombres e información sobre funcionarios del gobierno, accediendo en parte a una moción del expresidente Donald Trump para hacer pública una versión con tachaduras de su moción para obligar a los fiscales a entregar pruebas.
«Se recuerda a las partes la fuerte presunción de acceso público en los procedimientos penales», escribió la jueza, ordenando que ningún material no clasificado en el caso sea clasificado en adelante.
Todas las presentaciones clasificadas total o parcialmente requerirán la aprobación de la jueza en el futuro, a menos que haya «casos claros y respaldados de riesgo para la seguridad personal o la seguridad nacional».
El caso, procesado por el abogado especial Jack Smith, ha estado dominado por una batalla por los documentos, extendiendo la etapa de mociones previas al juicio y retrasando lo que habría sido un juicio el 20 de mayo. El año pasado, el presidente Trump se declaró inocente de 40 cargos relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados
El 16 de enero, el presidente Trump presentó varias mociones para obligar a presentar pruebas y adjuntó varias pruebas clasificadas. Algunas de ellas eran correos electrónicos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, y contenían nombres e información de identificación sobre funcionarios del gobierno, que según los abogados defensores demuestran que la fiscalía y la Administración Biden se han confabulado para atacar al presidente Trump.
Los abogados defensores han pedido desclasificar esta información, y una coalición de empresas de medios de comunicación han tratado de intervenir para solicitar lo mismo, ambos argumentando que los archivos judiciales son «asuntos de dominio público».
La oficina del abogado especial se ha opuesto a ambas solicitudes, argumentando que existen preocupaciones sobre la seguridad de los testigos y la intimidación.
Haciendo referencia a la Primera Enmienda, la jueza Cannon encontró que «el abogado especial no ha expuesto una base fáctica o jurídica suficiente que justifique la desviación de la fuerte presunción a favor del acceso público a los registros en cuestión».
Encontró los argumentos de los fiscales «escasos e indiferenciados» y desprovistos de los hechos que necesitaba para ponderar sus argumentos.
«El abogado especial también alude, de nuevo en términos generales, a la preocupación de que ‘la divulgación pública de las identidades de los testigos o sus declaraciones antes del juicio también corre el riesgo de infectar el testimonio de otros testigos o influir innecesariamente en el jurado'», sin ejemplos ni hechos concretos, añadió.
«Una parte que pretenda clasificar o colocar tachaduras en documentos judiciales, incluidas las peticiones previas al juicio, tiene una pesada carga», dice la orden. La Corte Suprema de EE. UU. ha establecido que la prensa y el público tienen derecho a acceder a los procedimientos de los juicios penales, que incluyen los expedientes judiciales.
La defensa, los fiscales y la jueza acordaron que cierta información debe permanecer tachada, como los números de teléfono personales y las direcciones de los domicilios, las fechas de nacimiento y los números de la seguridad social.
Sin embargo, la jueza decidió que gran parte de la información restante podía hacerse pública, a veces con algunas tachaduras. Por ejemplo, el correo electrónico completo de un funcionario se tacharía para mostrar sólo la dirección del servidor, que identificaría al departamento.
El nombre en clave del FBI de una investigación separada también puede revelarse, ya que el abogado especial no dio una razón por la que no debería hacerlo, ordenó la jueza.
«El abogado especial no identifica la información en cuestión, no proporciona ninguna explicación sobre la naturaleza de la investigación, ni explica cómo la divulgación del nombre en clave perjudicaría o pondría en peligro la integridad de la investigación separada (suponiendo que siga en curso)», dice la orden.
Así pues, la solicitud de intervención de los medios de comunicación se desestimó por considerarse irrelevante, y el juez no quiso pronunciarse sobre la legitimación de la prensa.
El 7 de febrero, los abogados del presidente Trump presentaron una moción separada para aplazar algunas fechas límite de las próximas mociones, señalando que la resolución de esta moción para obligar —que ahora puede ser desclasificada, pero sigue siendo objeto de litigio— puede afectar a varias nuevas mociones que planean presentar.
Los abogados defensores revelaron que planean presentar mociones, incluida la desestimación de la acusación, en relación con «la inmunidad presidencial, la Ley de Registros Presidenciales, las autorizaciones de seguridad del presidente Trump, la doctrina de vaguedad, la demora impermisible previa a la acusación y el enjuiciamiento selectivo y vengativo» el 22 de febrero.
La versión pública de la moción del 16 de enero para obligar al descubrimiento había acusado al abogado especial de encubrir la cooperación entre los departamentos de la rama ejecutiva y el personal que condujo a la acusación del presidente Trump, pero la mayoría de los 22 correos electrónicos a los que se hace referencia tienen tachaduras o fueron no incluidos.
«Aunque la Oficina del Abogado Especial ha suprimido estas comunicaciones, sabemos por las publicaciones de la FOIA que NARA comenzó a coordinarse con el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia el 25 de enero de 2022», argumentó la defensa.
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