Un juez federal ha ordenado a la administración Trump que ponga fin a su práctica de detener a los niños solicitantes de asilo en hoteles mientras se hacen arreglos para expulsarlos del país como parte de una política de inmigración destinada a frenar la propagación de la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
La jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos Dolly Gee en Los Ángeles dictaminó el viernes que los niños que fueron traídos o cruzaron ilegalmente a Estados Unidos durante la pandemia tienen derecho a las protecciones bajo el acuerdo Flores de 1997. El acuerdo es un fallo de la corte que dice que los menores que cruzan la frontera ilegalmente no pueden ser detenidos por más de 20 días y requiere que los niños bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sean alojados en instalaciones que cumplan con ciertos criterios, así como que se les den ciertos estándares de atención.
Para frenar la propagación de la pandemia del virus del PCCh, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden en marzo cerrando la frontera de EE.UU. con México y Canadá. La orden exigía que ciertas personas extranjeras fueran expulsadas de Estados Unidos y devueltas a su país de origen, o a otra ubicación viable, lo más rápidamente posible. La orden se ha prorrogado dos veces y la segunda vez se prorrogó indefinidamente.
Como parte de esta política, el DHS ha estado usando hoteles para alojar temporalmente a niños acompañados y no acompañados por un adulto durante varios días antes de que sean retirados del país.
En su fallo, Gee encontró que esta práctica viola el deber del DHS bajo el acuerdo Flores porque los niños deben ser colocados en programas autorizados después del arresto, si ningún adulto o entidad calificada puede tomar la custodia. Además, dictaminó que la práctica de alojarlos en un hotel carece de supervisión y plantea preocupaciones sobre la calidad del cuidado de los niños pequeños.
También encontró que los niños y las familias también tienen problemas para acceder a un abogado y que los proveedores de servicios legales han afirmado que se enfrentan a dificultades inusuales para localizar a los niños que están detenidos en hoteles.
«Cuando los abogados pudieron localizar a un niño, ICE les impidió físicamente entrar al hotel», escribió Gee (pdf). «ICE también ha limitado la capacidad de los niños para hablar con los abogados por teléfono».
Citando a un monitor independiente, el tribunal dijo que 660 menores de entre 10 y 17 años estaban alojados en 25 hoteles en tres estados, 577 de ellos entraron al país sin la compañía de un adulto.
Aunque Gee reconoció que la administración Trump puede hacer cambios en el sistema de inmigración para proteger la seguridad pública contra la pandemia, esto sigue sin ser «una excusa para que el DHS eluda las protecciones humanitarias fundamentales que el Acuerdo Flores garantiza a los menores bajo su custodia, especialmente cuando no hay evidencia persuasiva de que el hospedaje en hoteles es más seguro que las instalaciones con licencia».
«Si bien la legalidad de la orden de cierre generalmente está fuera del alcance de la jurisdicción de esta corte, la corte está obligada a garantizar que los menores bajo custodia del DHS no queden en una tierra de nadie en lo legal, donde no se aplican normas ejecutables», escribió Gee.
Ordenó al departamento que dejara de poner a los niños en hoteles de detención para el 15 de septiembre, con la excepción de las estancias de una o dos noches mientras están en tránsito o antes de los vuelos. También ordenó al DHS que «transfiera a todos los menores, tanto los que están acompañados como los que no lo están, retenidos en hoteles a instalaciones autorizadas».
El National Center for Youth Law, que presentó la moción, aplaudió la decisión.
«La Corte sostuvo que el gobierno federal no puede continuar colocando o reteniendo a los niños inmigrantes en moteles sin vigilancia ni licencia durante semanas antes de expulsarlos de Estados Unidos», dijo la organización en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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