El expresidente Donald Trump no tiene que decir si la lista del gobierno de Estados Unidos de la propiedad incautada en la finca de Trump en Florida es exacta, dictaminó un juez estadounidense el 29 de septiembre.
Un funcionario del FBI proporcionó una lista actualizada al tribunal el lunes, adhiriéndose a una orden del juez de distrito de Estados Unidos Raymond Dearie, que está actuando como perito especial en el caso de los documentos de Trump.
Pero Dearie también intentaba obligar a Trump a presentar una respuesta a la lista que dijera si era exacta o si omitía algún elemento. Los abogados de Trump se opusieron al esfuerzo, señalando que la orden que nombraba a Dearie no mencionaba una declaración o afidávit de Trump sobre el asunto. Los funcionarios del gobierno apoyaron a Dearie, alegando que la declaración de exactitud era necesaria antes de que el perito especial comenzara a revisar los materiales.
La jueza de distrito Aileen Cannon, nominada por Trump, se puso del lado de éste.
«No habrá ningún requisito separado sobre el demandante en esta etapa, antes de la revisión de cualquiera de los materiales incautados, para presentar objeciones finales ex ante a la exactitud del inventario del demandado, sus descripciones o su contenido», escribió Cannon en una orden de 6 páginas.
«La Orden de Nombramiento del tribunal no contemplaba esa obligación; el demandado ha cumplido desde entonces con el requisito de dar fe de su inventario ahora revisado; y las partes y el perito especial están ahora situados para seguir adelante con el proceso de revisión a la espera del intercambio de los materiales», añadió.
Si en el futuro surgen disputas sobre el inventario, las partes pueden hacérselas saber a Dearie, que hará recomendaciones que podrán ser adoptadas o no por Cannon.
Los documentos en cuestión no incluyen los que están marcados como clasificados. Al equipo de Trump y a Dearie se les impide verlos.
Cannon también fijó plazos para conseguir un proveedor que cargue los documentos en un portal donde los abogados de Trump y Dearie puedan acceder a ellos.
Las partes deben acordar y finalizar un contrato con una empresa para realizar el trabajo a más tardar el 5 de octubre, según la orden. Y el gobierno debe poner los documentos a disposición de los abogados de Trump y de Dearie a más tardar el 13 de octubre.
El equipo de Trump debe revisar los documentos y decir cuáles creen que están protegidos por el privilegio, incluyendo el privilegio abogado-cliente. El gobierno puede entonces presentar objeciones. Dearie recomendará a Cannon qué documentos deben considerarse realmente privilegiados. Dearie tiene ahora hasta el 16 de diciembre, según la nueva orden.
El gobierno ya ha separado los materiales que cree que están protegidos por el privilegio abogado-cliente y se los ha proporcionado a los abogados de Trump.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
