La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes una petición del abogado especial Jack Smith para que se revise de inmediato una defensa en uno de los dos casos que lleva contra el expresidente Donald Trump.
«Petición de escrito de certiorari antes de sentencia denegada», dice la orden sin firma.
Una opinión de la Corte Suprema de 1982 había establecido la inmunidad absoluta para los presidentes frente a demandas civiles, pero como ambas partes han argumentado, los límites de la inmunidad frente a procesos penales no han sido definidos.
Si la Corte Suprema hubiera aceptado revisar la defensa de inmunidad presidencial, habría establecido el resultado de la moción del presidente Trump para desestimar este caso basado en la inmunidad presidencial en el tribunal de apelaciones.
También es una defensa que ha planteado en varios otros casos, incluidos casos civiles, aunque sin éxito.
Ambas partes argumentaron que el caso es de importancia histórica, citándolo como prueba para acelerar o ralentizar los procedimientos. En las sesiones informativas del tribunal, las partes discutieron sobre el marco de la defensa de la inmunidad presidencial del presidente Trump.
El Tribunal de Apelaciones acelerará el caso
A principios de este mes, la jueza Tanya Chutkan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos denegó una moción de desestimación basada en la inmunidad presidencial, lo que permite al presidente Trump emprender acciones en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.
Los fiscales presentaron rápidamente una solicitud para acelerar la apelación, que el tribunal de apelaciones concedió rápidamente.
El escrito inicial del presidente Trump debe presentarse el 23 de diciembre, y la respuesta de los fiscales el 30 de diciembre.
La primera audiencia ya ha sido programada para el 9 de enero; el tribunal de apelaciones anunció inicialmente una suspensión de todos los demás procedimientos a la espera de la «acción final» de la Corte Suprema. La negativa del alto tribunal permite que el proceso de apelación continúe.
Inmunidad presidencial
El presidente Trump argumenta que todas las acciones por las que ha sido acusado fueron realizadas en su capacidad oficial como presidente de Estados Unidos.
Que estos actos oficiales están cubiertos por la «inmunidad presidencial» es el núcleo de esta defensa en particular.
Aunque la Corte Suprema ha establecido la inmunidad absoluta de los presidentes frente a demandas civiles, los abogados defensores argumentaron que la exposición de los presidentes a enjuiciamientos penales por actos en el cargo tendría efectos de repercusión.
Los fiscales argumentaron que esta no es la cuestión en absoluto, y que la inmunidad presidencial no se aplica porque están acusando al presidente Trump por delitos que cometió durante el período en que estuvo en el cargo.
Este doble marco afecta al núcleo de los argumentos previos al juicio que se han hecho hasta ahora; los fiscales y la defensa han señalado el mismo conjunto de hechos en los registros públicos, con un lado argumentando que eran ilegales y el otro argumentando que eran legales.
La Corte Suprema aún puede influir en el caso
El alto tribunal aún puede afectar al resultado de este caso antes del juicio, ya que el 13 de diciembre aceptó otra cuestión relacionada con el 6 de enero.
Se presentaron tres peticiones ante la Corte Suprema desafiando el novedoso uso del Departamento de Justicia de acusar a los acusados de obstruir corruptamente un «procedimiento oficial». El estatuto original está relacionado con la manipulación de pruebas, pero en los casos del 6 de enero se ha utilizado para referirse al recuento de los votos por parte del Congreso.
Esto afecta a unos 330 casos, incluido el del presidente Trump, y si la Corte Suprema considera que es un uso indebido, podría complicar mucho el caso del presidente Trump, ya que los fiscales se apresuran a llevarlo a juicio en la legislatura actual.
¿Más apelaciones?
La fecha original del juicio del caso estaba fijada para el 4 de marzo de 2024, justo un día antes de que se celebren las primarias republicanas del Supermartes en todo el país. Los fiscales han señalado que esto ya no es probable, pero subrayaron la importancia de juzgar el caso en el actual mandato judicial.
Mientras que los fiscales han argumentado repetidamente en tribunales separados que existe la necesidad de llevar el caso a juicio rápidamente, los abogados defensores han argumentado que el caso debe retrasarse por varias razones, desde los 13 millones de páginas de descubrimiento para revisar hasta el hecho de que el acusado es el probable candidato del partido republicano para las elecciones presidenciales de 2024.
Los abogados de Trump han pedido retrasos de hasta dos años, que fueron rápidamente denegados en el tribunal de distrito.
Si el tribunal de apelaciones falla en contra del presidente Trump, éste aún tiene derecho a 45 días para solicitar una nueva audiencia de todo el tribunal, y 90 días para solicitar la revisión de la Corte Suprema sobre el fallo del tribunal de apelaciones.
E incluso si la apelación de la inmunidad presidencial no retrasa los plazos, es casi seguro que la defensa hará otros movimientos para retrasar —y desestimar— el caso.
En el tribunal de distrito, el presidente Trump también había presentado otras tres mociones para desestimar el caso: por motivos constitucionales, por motivos estatutarios y por «persecución vengativa y selectiva».
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