En el enfrentamiento entre Texas y el gobierno de Biden por la crisis fronteriza, el estado de la Estrella Solitaria está inmerso en al menos tres demandas por sus esfuerzos para defender sus fronteras.
El estado erigió barreras físicas e implementó su propio régimen jurídico para procesar y deportar a los extranjeros ilegales.
El gobierno federal ha impugnado esos esfuerzos, y con las batallas legales en curso, los expertos difieren en cuanto a si la campaña de la Estrella Solitaria será inútil o fructífera.
Los cárteles mexicanos de la droga, que trafican con sustancias ilegales como el fentanilo, están impulsando una afluencia de personas sin precedentes que ha dominado las noticias y se ha convertido en la segunda mayor preocupación de carácter no económico entre los estadounidenses.
Las autoridades de Texas no pueden acusar a los detenidos de violar la ley federal de inmigración, por lo que la Guardia Nacional de Texas está entregando a los detenidos al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que sean acusados de invasión de propiedad privada según la ley estatal.
Las crecientes multitudes de inmigrantes ilegales que pasan a través de la frontera han sido caracterizadas por los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, como una «invasión».
Veinticinco gobernadores republicanos se han unido detrás de Texas. Algunos están enviando sus propios soldados de la Guardia Nacional a Texas para ayudar.
Mientras que algunos demócratas, como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se han unido a los republicanos para criticar la laxitud de la Administración Biden en la aplicación de las leyes de inmigración a medida que sus jurisdicciones se ven desbordadas por los extranjeros ilegales.
Tres casos
El más publicitado de los tres casos es el del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) contra Texas.
El 22 de enero, la Corte Suprema anuló la sentencia de una corte de apelación que ordenaba al gobierno federal dejar intacto el alambrado de púas de Texas.
La corte pareció empeorar el caos en la porosa frontera sur del país, al votar 5-4 a favor de permitir a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. cortar, en caso necesario, el alambrado de púas que Texas erigió a lo largo de un tramo del Río Grande en Eagle Pass, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras.
El caso sigue pendiente ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y podría llegar hasta la Corte Suprema.
Otra demanda, Estados Unidos contra Abbott, se refiere a un tramo de barrera flotante que el Estado instaló en el Río Grande para impedir que los inmigrantes ilegales cruzaran vadeando o nadando a Texas.
Un panel de tres jueces del 5º Circuito dictaminó que Texas violó la Ley federal de Ríos y Puertos, que prohíbe la obstrucción o alteración no autorizada de las vías fluviales. El gobierno de Biden había alegado que la barrera estatal interfería con sus operaciones en las inmediaciones y atentaba contra la autoridad federal.
Texas solicitó al pleno del 5º Circuito que reconsiderara la decisión del panel. La corte de circuito accedió a la petición y anuló la decisión del panel. Aún no se ha celebrado una audiencia sobre los méritos sustantivos del caso.
El tercer caso, Estados Unidos contra Texas, se refiere a la nueva ley de Texas conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, que tipifica como delito estatal la entrada ilegal en Texas. Permite a los jueces estatales ordenar la expulsión de Estados Unidos de las personas que entran ilegalmente y a los funcionarios estatales ejecutar esas órdenes.
El gobierno de Biden argumenta en su demanda que «Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración» y que la ley estatal «se inmiscuye en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustra las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfiere en las relaciones exteriores de Estados Unidos».
La administración pide a la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas que bloquee la ley, la cual argumenta que no es válida.
La declaración de Abbott
Mientras las demandas se abren paso a través de la maquinaria judicial de la nación, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha prometido continuar con el esfuerzo de seguridad fronteriza de su estado como parte de un proyecto llamado Operación Estrella Solitaria.
El esfuerzo de 10,000 millones de dólares, que se puso en marcha en mayo de 2021, es una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas, una agencia del poder ejecutivo responsable de la seguridad del estado, que tiene la segunda frontera internacional más grande de Estados Unidos.
Texas seguirá instalando barreras para hacer el trabajo que la Administración Biden se niega a hacer, dijo el gobernador.
En un comunicado publicado el 24 de enero en X, Abbott acusó al gobierno de Biden de incumplir su deber constitucional de defender a Texas de una invasión y presentó una declaración basada en la Constitución para justificar sus acciones.
Al negarse a aplicar, e incluso violar, las leyes de inmigración, el presidente Biden «ha batido récords de inmigración ilegal», permitiendo que más de 6 millones de inmigrantes ilegales cruzaran la frontera sur en sólo tres años, escribió Abbott.
Los autores de la Constitución, dijo, no querrían que los estados se vieran en peligro por «amenazas externas como los cárteles que pasan de contrabando millones de inmigrantes ilegales a través de la frontera».
Por eso reservaron a los estados el derecho a la autodefensa y exigieron al gobierno federal que protegiera a los estados contra la invasión, dijo.
En una comparecencia ante el Congreso celebrada el 30 de enero, los demócratas calificaron de descabellada la idea de que los estados posean poderes bélicos para repeler invasiones y autoridad para aplicar sus propias medidas de control de la inmigración.
La representante Mary Gay Scanlon (D-Pa.) dijo que se trataba de «una teoría legal descabellada» que intenta «subvertir nuestro orden constitucional con fines políticos».
La actual «crisis migratoria no equivale a una invasión», afirmó.
El alambrado de púas
La decisión de la Corte Suprema de permitir al gobierno de Biden cortar el alambrado de púas del estado complació a los demócratas y enfureció a los republicanos.
El condado de Maverick, que incluye Eagle Pass, ha sido el epicentro reciente de la crisis fronteriza porque, hasta junio de 2023, casi el 25% de todas las entradas de inmigrantes ilegales en Estados Unidos se producían allí, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Dos conservadores, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, junto con los miembros liberales del tribunal, los jueces Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, se pusieron del lado del Gobierno de Biden en lo que respecta al alambrado. Los jueces que formaban la mayoría no explicaron su decisión.
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh disintieron. Los jueces de la minoría no dieron razones para su disenso.
El caso está lejos de haber terminado.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el caso del DHS contra Texas seguía pendiente en el 5º Circuito. La corte de circuito aún tiene que escuchar los argumentos sobre los méritos sustantivos del caso. Después de hacerlo, es posible que emita otra orden judicial que detenga al gobierno federal.
El fallo de la Corte Suprema a favor del DHS, que se adoptó de forma urgente ante la ausencia de alegaciones orales sobre el fondo del asunto, no sugiere necesariamente que los jueces se pongan del lado del gobierno federal cuando el caso vuelva a la Corte.
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No se pierda la segunda parte de este informe especial: ¿Texas desafía a la corte? ¿Hay una invasión? Expertos discrepan en sus opiniones.
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