La Justicia y la Administración chocan en la lucha contra el COVID-19 en España

Por Noticia de agencia
22 de Agosto de 2020 5:37 PM Actualizado: 22 de Agosto de 2020 5:37 PM

La resolución judicial que anula en Madrid la prohibición de fumar en espacios públicos y el cierre de los locales de ocio nocturno por el avance del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, pone en cuestión la legalidad de las medidas y provoca protestas en ese último sector, unos de los más flagelados por la pandemia en España.

Estas medidas restrictivas fueron consensuadas la pasada semana entre el Ministerio de Sanidad y los Gobiernos regionales, ante el avance de la pandemia de COVID-19, sobre todo entre los grupos más jóvenes de población, muchos de los casos vinculados a las reuniones de familiares y amigos y al ocio nocturno.

Sin embargo, la resolución judicial de Madrid crea incertidumbre en el sector llamado también mundo de la noche, que se siente “criminalizado”, mientras que el Gobierno regional de Madrid pide “uniformidad”, ya que otras regiones españolas aprobaron medidas similares y, de momento, no han sido cuestionadas por la justicia.

Madrid pide uniformidad legislativa

Ante el rechazo judicial de las medidas tomadas por Madrid, el viceconsejero de Salud Pública del Gobierno regional y responsable del Plan covid-19, Antonio Zapatero, afirmó este sábado que debería haber “cierta uniformidad” en el criterio de la Justicia.

Y anunció que el Ejecutivo madrileño recurriría la decisión judicial, conocida ayer.

La gente se va después de hacerse un análisis de sangre en un punto de prueba temporal de COVID-19 en Torrejón de Ardoz, Madrid (España), el 29 de mayo de 2020. (Foto de JAVIER SORIANO/AFP vía Getty Images)

Zapatero no quiso “valorar” la actuación del juez, pero, como médico, estimó que en la situación actual el país debería tener leyes que facilitasen la adopción de medidas para proteger a la ciudadanía.

Según los últimos datos oficiales, en 24 horas se diagnosticaron 3650 nuevos casos de covid-19, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que vuelve a ser, como en lo más crudo de la pandemia, la región más afectada, por lo que el Gobierno regional recomienda no salir de casa en las zonas más afectadas, sobre todo las del sur de la capital.

Desde que hace dos meses, el Gobierno español suspendió el estado de alarma, instrumento constitucional que permite limitar las libertades, todas las limitaciones ante los rebrotes deben ser aprobadas por los Ejecutivos regionales y ratificadas por un juez.

Pese a que distintas regiones españolas tomaron medidas restrictivas para frenar la expansión de la pandemia de las últimas semanas, solo en Madrid han sido rechazadas por la Justicia, al considerar que limitan derechos fundamentales y por tanto, solo el Gobierno español puede tomarlas.

Por su parte, el Ejecutivo nacional mantiene el criterio de coordinarse con los gobiernos regionales -que tienen la competencia en Sanidad-, y rechaza, de momento, la declaración de un nuevo estado de alarma, que le permitiría asumir la máxima responsabilidad en esa materia.

La gente, que en su mayoría son voluntarios, hacen cola para las pruebas de PCR en un centro de atención primaria durante la pandemia del COVID-19 el 17 de agosto de 2020 en Madrid, España. (Foto de Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

El estado de alarma “no es nuestra opción. Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo”, afirmó hoy el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE).

Protestas del ocio nocturno

La resolución judicial de Madrid provocó también que los empresarios del ocio nocturno denunciaran “la grave situación de inseguridad jurídica” que padecen y afirmaran sentirse “criminalizados”.

En un comunicado hecho público este sábado, la asociación estatal de ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife, exige a la administración “claridad e interlocución” después de este “caos jurídico”, con medidas en las distintas comunidades y disparidad de criterios e interpretaciones jurídicas.

La asociación recuerda que el ocio nocturno es “clave” para el turismo y la cultura, agrupa a 25,000 empresas que representan el 1.8 por ciento del PIB y da trabajo a 300,000 personas.

Por otra parte, el presidente de Hostelería de España, la organización empresarial que representa al sector de la hostelería, José Luis Yzuel, aseguró que el futuro “está muy negro” por la “mala gestión que se ha hecho de la crisis sanitaria y económica, la peor de Europa”.

En declaraciones a Efe antes de participar esta madrugada en una concentración en la ciudad de Salamanca (centro) contra de las medidas adoptadas sobre los establecimientos de ocio nocturno, Yzuel añadió que se han tomado “medidas que no tienen ninguna justificación, ni sanitaria ni económica”.


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