Ley de seguridad de Beijing entra en vigor en Hong Kong en medio de un clima de críticas

Por Frank Fang
30 de Junio de 2020
Actualizado: 30 de Junio de 2020

La controvertida ley de seguridad nacional de Beijing entrará en vigor inmediatamente tras dos votaciones ceremoniales el 30 de junio por el comité permanente de la legislatura títere de China.

De manera inusual, ni Beijing ni el gobierno de Hong Kong han hecho público el texto de la ley, aunque el régimen chino reveló varios detalles adicionales la semana pasada, como que la líder de Hong Kong tendrá el poder de nombrar jueces para escuchar los casos relacionados con la seguridad nacional.

La actual líder de Hong Kong, Carrie Lam, en una declaración emitida el 30 de junio alrededor de las 6:50 p.m. hora local, acogió con satisfacción la aprobación formal de la ley por parte de Beijing, y dijo que “entrará en vigor más tarde [en el día de] hoy”.

Añadió que su gobierno promulgará la ley en el boletín oficial “tan pronto como sea posible” para permitir oficialmente su aplicación.

Beijing comenzó formalmente el proceso de redacción de una ley de seguridad nacional para Hong Kong el 28 de mayo, después de que la legislatura títere, la Asamblea Popular Nacional (APN), llevara a cabo una votación ceremonial. La ley tipificaría como delito a quienes participen en actividades relacionadas con “la subversión, la secesión, el terrorismo y la injerencia extranjera” contra el Partido Comunista Chino (PCCh).

El comité permanente de la APN, que supervisa el organismo, presentó el proyecto de ley el lunes. A la mañana siguiente, formalmente votó unánimemente por la aprobación del proyecto de ley, y luego votó de nuevo para que se anexara a la mini-constitución de Hong Kong, la Ley Fundamental.

Con la ley de seguridad, Lam afirmó que el “malestar social” en Hong Kong “se aliviará y se restaurará la estabilidad”, repitiendo las frases utilizadas por la propaganda de Beijing que caracterizan al actual movimiento de protesta prodemocracia.

John Lee, secretario de Seguridad de Hong Kong, dijo en una declaración que se creará una “unidad dedicada” a la policía en el marco de la ley de seguridad nacional para “equiparla con un poder de aplicación efectivo para cumplir con los deberes de orden [público]”.

Poco después de la declaración de Lam, el grupo prodemocracia de la legislatura local de la ciudad, conocido como el Consejo Legislativo (LegCo), llevó a cabo una conferencia de prensa criticando a Beijing y la ley.

“Este es el fin de ‘un país, dos sistemas'”, dijo Dennis Kwok, legislador del Partido Cívico, refiriéndose al marco mediante el cual Beijing prometió preservar la autonomía de la ciudad tras la transferencia de soberanía de Hong Kong de Gran Bretaña a China en 1997.

Kwok dijo que lo que Beijing había hecho era una “manera despiadada de quitar las libertades y la dignidad humana al pueblo de Hong Kong”.

Fue un “asalto indigno a las libertades, los derechos humanos y al imperio de la ley de Hong Kong”, dijo Kwok.

La legisladora Tanya Chan dijo que la ley equivalía a emitir un “certificado de defunción” para “un país, dos sistemas”, y que Hong Kong estará ahora bajo la regla de “un país, un sistema”.

Muchos gobiernos, incluidos Japón, Corea del Sur, Taiwán, el Reino Unido y la Unión Europea, expresaron su preocupación tras la aprobación oficial de la ley.

A las críticas internacionales se sumó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo durante un foro virtual el martes: “Está claro que China no comparte nuestros valores: la democracia, la libertad y el estado de derecho”, según Reuters.

Stoltenberg añadió: “Vemos esto en Hong Kong, donde la nueva ley de seguridad socava su autonomía”.

Chris Patten, el último gobernador de Hong Kong y miembro del patronato de la ONG británica Hong Kong Watch, criticó a Beijing en una declaración.

“Esta decisión, que pasa por encima del parlamento de Hong Kong, elegido [democráticamente], marca el fin de un país, dos sistemas. Es una violación flagrante de la Declaración Conjunta Sino-Británica”, dijo Patten, refiriéndose al tratado que rigió la entrega de Hong Kong.

Patten advirtió: “La separación de poderes corre el riesgo de ser destrozada y los tribunales de ser politizados por la disposición [que dice] que el jefe del ejecutivo elija por sí mismo a los jueces para los casos de seguridad nacional”.

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