Estados Unidos dijo el 19 de noviembre que prepara nuevas sanciones contra funcionarios de Hong Kong en respuesta a la condena de más de 40 activistas prodemocracia en la región administrativa especial.
«Los 45 acusados condenados hoy fueron procesados de manera agresiva, y muchos ahora enfrentan encarcelamiento que cambiará sus vidas, simplemente por su participación pacífica en actividades políticas que están protegidas por la Ley Básica de Hong Kong», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
En respuesta, Miller dijo que Estados Unidos está «tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visa a varios funcionarios de Hong Kong» responsables de implementar la ley de seguridad nacional.
«Seguiremos monitoreando la implementación de las leyes de seguridad nacional de Hong Kong y promoviendo la responsabilidad por los derechos humanos» en China y Hong Kong, dijo.
El 19 de noviembre, la Corte Suprema de la ciudad impuso penas de prisión de hasta 10 años a los 45 principales activistas prodemocracia, en la mayor represión de las autoridades locales hasta la fecha bajo la draconiana ley de seguridad impuesta por Beijing.
Los 45 formaban parte de un grupo de académicos legales, exlegisladores y políticos conocidos como los «Hong Kong 47», que fueron acusados después de participar en una elección primaria no oficial en julio de 2020 con el fin de seleccionar candidatos para las próximas elecciones legislativas oficiales. Aunque la votación no fue sancionada por el gobierno local, atrajo a más de 600,000 participantes en una ciudad de 7.5 millones, lo que enfureció al régimen comunista de Beijing.
En febrero de 2021, los 47 activistas fueron acusados de conspiración para cometer subversión bajo la ley de seguridad nacional. Muchos de ellos se encuentran detenidos desde entonces.
En mayo, una corte de Hong Kong condenó a 14 de los acusados, quienes se declararon no culpables, mientras que 31 se declararon culpables. Solo dos de los acusados fueron absueltos.
El 19 de noviembre, Benny Tai, un exprofesor de derecho de 60 años descrito en un documento judicial como el «cerebro» detrás del complot, recibió la pena de prisión más larga: 10 años. Otros líderes prodemocracia recibieron sentencias de prisión que oscilan entre 50 y 93 meses.
«Estados Unidos condena enérgicamente las sentencias anunciadas hoy en el juicio de los defensores de la democracia en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong (NSL)», dijo Miller, instando a las autoridades locales a «liberar inmediata e incondicionalmente» a los 45 activistas y otros prisioneros políticos.
Este evento también generó críticas de gobiernos y legisladores extranjeros.
La Unión Europea calificó la condena de los defensores de la democracia como «otro golpe sin precedentes» contra las «libertades fundamentales», la «participación democrática» y el «pluralismo» de Hong Kong.
«La UE sigue profundamente preocupada por la persecución política de los acusados, quienes están siendo castigados, en muchos casos, con duras penas de prisión», dijo el Servicio Europeo de Acción Exterior, el brazo diplomático del bloque, en un comunicado.
Australia también expresó su grave preocupación por el destino de los decenas de defensores de la democracia en Hong Kong, uno de los cuales es ciudadano australiano, Gordon Ng, quien fue condenado a siete años y tres meses de prisión.
«Exigimos que China cese la represión de las libertades de expresión, asociación, medios de comunicación y la sociedad civil, en consonancia con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales, incluida la derogación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong», dijo la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, en un comunicado.
Reacción de Beijing
El Secretario de Seguridad de Hong Kong, Tang Ping-keung, dijo que la condena «refleja la gravedad del delito» y agregó que las autoridades aún consideran si presentar apelaciones respecto a las sentencias.
Ante las críticas internacionales, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una rueda de prensa regular el 19 de noviembre que el régimen chino «apoya firmemente» la decisión de las autoridades de Hong Kong de «castigar todas las actividades que pongan en peligro la seguridad nacional de acuerdo con la ley».
«Nos oponemos firmemente a que algunos países occidentales utilicen casos judiciales individuales como pretexto para interferir en los asuntos internos de China y difamar y socavar el Estado de derecho en Hong Kong», dijo Lin a los reporteros en Beijing.
La ley de seguridad nacional, impuesta por el Partido Comunista Chino en Hong Kong hace cuatro años, tras las masivas protestas prodemocracia, criminaliza discursos o acciones consideradas secesionistas, subversivas, terroristas o de colusión con fuerzas extranjeras contra el régimen comunista.
Más de 200 personas fueron arrestadas bajo la acusación de violar la ley de seguridad desde su promulgación en 2020, y alrededor de la mitad fueron condenadas, según un informe de asesoría empresarial de Hong Kong publicado en conjunto por los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional y Tesorería de EE. UU. el 6 de septiembre.
Legisladores exigen más sanciones
La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), una coalición de más de 200 legisladores de 40 países que se enfoca en confrontar los abusos de derechos humanos y otras violaciones del régimen chino, condenó las condenas de los activistas de Hong Kong como «una burla a la justicia».
«Esto es una evidencia clara —si es que hacía falta alguna más—, de la drástica caída del Estado de derecho en Hong Kong», dijo la IPAC en un comunicado. «Ningún sistema creíble toleraría sentencias tan absurdamente severas para personas que simplemente querían votar».
Engin Eroglu, miembro del Parlamento Europeo, instó a Bruselas a imponer «sanciones selectivas contra el gobierno títere de Hong Kong».
En los Estados Unidos, el representante Chris Smith (R-N.J.) y el senador Jeff Merkley (D-Ohio), presidente y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, respectivamente, señalaron que las autoridades de Hong Kong están encarcelando a defensores de la democracia mientras buscan, al mismo tiempo, inversionistas estadounidenses.
«Estas persecuciones políticamente motivadas ocurren simultáneamente, mientras docenas de directores ejecutivos estadounidenses son agasajados por funcionarios de Hong Kong», dijeron en un comunicado. «A cada uno de estos titanes financieros estadounidenses se les debe preguntar si las detenciones masivas de prisioneros políticos y la constante destrucción del Estado de derecho por parte del gobierno de Hong Kong socavan el atractivo de la ciudad como un centro comercial y financiero internacional».
Instaron a la administración Biden a sancionar a «jueces y fiscales responsables de socavar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong».
«Debemos tener esperanza»
Antes del veredicto, Owen Chow, un activista que recibió la segunda pena de prisión más larga de siete años y nueve meses, compartió un mensaje reflexivo en su página de Facebook.
«Viviendo en un ambiente incómodo, debemos tener esperanza», escribió Chow en chino.
«Hoy es el día de la sentencia. No soy para nada optimista sobre las penas de prisión, pero veo esperanza. Porque aunque el día de la libertad aún esté lejos, finalmente vemos el final».
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