Algunos legisladores republicanos estadounidenses revelaron este jueves que cinco de los nueve sectores de la frontera sur de Estados Unidos están controlados por cárteles mexicanos.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green (R-Tenn), el vicepresidente, Michael Guest (R-Miss.), el líder de la mayoría, Steve Scalise (R-La.), y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), ofrecieron una conferencia de prensa conjunta el 27 de abril para anunciar un nuevo proyecto de ley de seguridad fronteriza que saldrá del comité y pasará al pleno de la Cámara.
Durante la rueda de prensa, Green, un médico, empresario y veterano de combate, esbozó algunos de los daños sufridos durante la administración Biden. El legislador afirmó que la mayoría de los sectores fronterizos están actualmente controlados por cárteles, lo que permite el tráfico desenfrenado de drogas y de personas.
Además, el republicano de Tennessee indicó que, desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, más de seis millones de migrantes han cruzado la frontera de Estados Unidos, lo que es más que la población de 25 estados y más que la migración bajo las administraciones de Obama y Trump juntas.
También dijo que la administración Biden prescindió de 89 políticas bajo presidentes anteriores que habrían mantenido contenida la inmigración ilegal, y dejó caducar los acuerdos de retorno con múltiples países.
«Esto es intencional», dijo Green sobre el cambio en las políticas fronterizas. «Los cárteles de drogas están aprovechando el día para introducir aquí más fentanilo y ganar más dinero (…) Todos y cada uno de los estadounidenses están en peligro por estas ridículas políticas de puertas abiertas. Ya estamos hartos».
Green pareció referirse a una Audiencia de Campo del Comité en McAllen, Texas, donde el agente de Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que «los cárteles controlan una barbaridad en la frontera sur, al sur de Estados Unidos».
«Hemos visto a través de la frontera suroeste, nueve sectores, y fuera de esos nueve sectores, cuatro de ellos tienen recursos significativos (…) Pero en cinco de esos nueve sectores de la frontera suroeste, hemos visto un aumento en el flujo, y que ha causado una presión considerable sobre nuestros recursos y realmente ha obligado a la Patrulla Fronteriza a mover agentes e incluso los migrantes a algunas de las otras áreas».
«Entonces, yo tengo que mover recursos a esos cinco sectores de la frontera suroeste y eso me obliga a hacer algunos ajustes a lo largo de las 2000 millas de la frontera suroeste».
Durante sus comentarios, Scalise indicó que la falta de una frontera segura está causando la muerte por fentanilo y otras drogas de 300 estadounidenses al día, y que Estados Unidos perdió 100,000 personas por fentanilo y drogas similares el año pasado.
«Lo que el presidente Biden ha hecho al abrir la frontera sur es crear una industria multimillonaria para los cárteles de drogas en México», declaró Scalise. «El presidente Biden está proporcionando miles de millones de dólares a los cárteles de drogas de México, quienes ahora tienen el control operativo de nuestra frontera sur. Todos los estadounidenses deberían estar indignados por ello».
El grupo de legisladores presentó su Ley de Refuerzo Fronterizo de 2023 (H.R. 2794), copatrocinada por todos los republicanos del comité de Seguridad Nacional, afirmando que proporciona soluciones para restaurar el orden en la frontera suroeste y para evitar futuros daños a la preparación operacional de las fronteras norte y marítima del país.
Según la presentación de la legislación por parte de los legisladores, se elaboró utilizando información de primera mano recopilada durante los viajes fronterizos del comité a El Paso, Texas; de las audiencias, incluida una audiencia sobre el terreno con el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Raúl Ortiz, en Pharr, Texas; y de las conversaciones con numerosos agentes de la Patrulla Fronteriza, comunidades fronterizas y estadounidenses corrientes.
La ley propone reanudar la construcción del muro fronterizo, que la actual administración detuvo. También amplía el personal de la Patrulla Fronteriza a 22,000 agentes para hacer frente a las necesidades de primera línea, y da prioridad a la actualización y mejora de la tecnología de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para mantener seguros a los agentes de campo.
La ley también exige al Departamento de Seguridad Nacional que revele al Congreso y haga públicas todas las estadísticas mensuales, incluidas las cifras mensuales de las conocidas «escapadas», a más tardar el día 7 de cada mes.
Además, prevé primas de retención para los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. que cumplan determinadas condiciones para salvaguardar la nación, y financia la aplicación del control local en los estados fronterizos, terrestres y marítimos, para mejorar la seguridad fronteriza.
Por último, la ley restringe el uso de la aplicación CBP One, restableciendo su finalidad original y prohibiendo al DHS utilizarla para fines no comerciales, incluida la tramitación de la inmigración.
Justo antes de finalizar la rueda de prensa, Scalise volvió a referirse a los daños de una frontera descontrolada: «Lo hemos visto, las violaciones, el tráfico de seres humanos, no solo las muertes… [sino que] ellos están ganando miles de millones de dólares con el tráfico».
«El tráfico es repugnante. Joe Biden debería estar indignado. Biden puede hacer algo al respecto. Él creó este problema. Tiene que trabajar con nosotros para resolverlo».
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