Los abogados defensores de Robert Cheeley y Ray Smith, ambos exabogados del expresidente Donald Trump, trataron de resucitar los argumentos de que la fiscal de distrito del condado de Fulton había utilizado estatutos legales de manera incorrecta, y argumentaron que el juez debería desechar la acusación deficiente durante una audiencia de mociones el 12 de enero.
En agosto pasado, el presidente Trump fue acusado junto con otras 18 personas de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia por sus acciones para desafiar las elecciones de 2020. Cuatro acusados han aceptado desde entonces acuerdos de culpabilidad, y los abogados de los 15 restantes argumentarán en audiencias de mociones programadas para los próximos viernes.
El acusado Michael Roman había presentado recientemente una moción en la que acusaba a la fiscal del distrito, Fani Willis, de contratar en su equipo a un fiscal con el que mantenía una relación sentimental, pero la cuestión se retomó durante la audiencia. El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, dijo que podría programarse para mediados de febrero, después de que los fiscales hayan tenido tiempo de presentar una respuesta.
Steve Sadow, abogado del presidente Trump, dijo que estaba considerando adoptar la moción del Sr. Roman en una fecha posterior, pero no podía hacerlo en ese momento porque no ha encontrado ninguna base para las acusaciones.
La mayor parte de la audiencia del 12 de enero se centró en los argumentos continuaron desde el pasado mes de octubre, con los abogados de la defensa argumentando que los fiscales aplicaron RICO indebidamente y no lo suficiente alegar delitos o una conspiración.
Los abogados del Sr. Cheeley argumentaron que la ley no estaba redactada de forma que sugiriera que estaba destinada a aplicarse a actos de desobediencia civil o a utilizarse para enjuiciar delitos menores independientes. Argumentaron que los fiscales habían «retorcido y engatusado» la Ley RICO para atrapar al grupo de acusados.
Los fiscales argumentaron que la desobediencia civil requiere que uno admita haber infringido la ley, normalmente por una razón moral, y ninguno de los acusados lo ha hecho.
Amanda Clark Palmer, que representa al Sr. Smith, también argumentó que los fiscales estaban tratando de «meter con calzador» una conducta que no encaja en un caso RICO, y que este defecto fundamental merece la desestimación de la imputación.
«Tiene que ser algo más que ‘todos ustedes tienen los mismos objetivos'», dijo. En lo que respecta al Sr. Smith, los actos de chantaje enumerados afirman que estaba en el mismo lugar al mismo tiempo que los presuntos coconspiradores, que argumentó que no hizo el corte. La Sra. Clark Palmer dio el ejemplo de una protesta local, en la que varios manifestantes detenidos por allanamiento tenían el mismo objetivo y estaban presentes en el mismo momento y lugar, pero habían actuado de forma independiente.
Varios otros argumentos sobre el uso indebido de RICO o una acusación deficiente, y otras mociones de desestimación se argumentaron el año pasado durante las audiencias de mociones, pero no se concedieron.
El juez McAfee también dio seguimiento a varias otras mociones, incluida una solicitud del presidente Trump con respecto a la información compartida con la oficina del fiscal de distrito por el Comité Selecto del 6 de enero. El fiscal de distrito ya había accedido a compartir los materiales en el descubrimiento, por lo que quedaba poco asunto.
El Sr. Sadow preguntó a los fiscales si revisaron el material que no se hizo público durante una reunión a mediados de abril de 2022 con los investigadores del comité, y respondieron que era todo el material que desde entonces se ha hecho público.
Los abogados del exabogado de Trump y alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, también habían presentado anteriormente una moción para obligar a entrevistar a los cuatro exacusados que aceptaron acuerdos con la fiscalía, pero ha dejado de lado la moción.
El juez McAfee aclaró ante el tribunal que no se podía obligar a los testigos a hablar con un asesor legal, pero tampoco los fiscales podían tratar deliberadamente de impedir una entrevista. Los fiscales también tienen derecho a estar presentes en los interrogatorios si los testigos así lo desean.
El acusado Trevian Kutti compareció por primera vez en una audiencia de peticiones, asistiendo virtualmente. Todos sus abogados habían presentado una moción de retirada a mediados de diciembre, y el juez la concedió tras aclarar con la Sra. Kutti que entendía lo que significaría para su caso. La Sra. Kutti dijo que ella misma encontraría otro abogado y comprendió que el caso no podía retrasarse para ella.
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