En las cárceles de Centroamérica hay casi un millar de presos contagiados del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus y una muerte, y se teme lo peor allí pues, al igual que la gran mayoría de los presidios de Latinoamérica, son espacios hacinados en los que es «imposible» mantener las medidas básicas para el control del contagio de la COVID-19.

«Yo sé cómo están las cárceles, cómo se bañan (los reos), eso no es bañarse por Dios! Y es parte del hacinamiento. Las propias estructuras de las cárceles no permiten atender las medidas sanitarias mínimas» que exige el control de una pandemia, le dijo este viernes a Efe la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La comisionada señaló que los problemas de sobrepoblación e insalubridad afectan a las cárceles de todo el continente «salvo muy raras excepciones».

En el marco de esta pandemia, la CIDH considera que la situación de las prisiones de Panamá «es crítica», ya que a la población carcelaria «le está impactando de una manera desproporcionada» el COVID-19.

Centroamérica acumula, según las cifras oficiales, más 25,290 contagios y al menos 680 muertes por el COVID-19, y Panamá es el país más afectado con 320 defunciones y 12,131 casos confirmados.

Panamá

En los presidios de Panamá hay 503 infectados, según publicó la prensa local en base a fuentes gubernamentales, y la mayoría (333) están de la cárcel de Santiago de Veraguas, que tiene una población de 503 reos.

Las cifras de contagios varían a diario dada «la cantidad de hisopados masivos que se están haciendo» en estos recintos, donde también se ha confirmado el contagio de 26 custodios y funcionarios, dijeron a Efe este viernes fuentes oficiales.

El COVID-19, ha sido detectado en cuatro presidios, incluida una cárcel de mujeres, de los 16 para adultos con que cuenta Panamá y el protocolo que se aplica es el aislamiento de los reos enfermos.

El Triángulo Norte: Salvador, Honduras y Guatemala

Las autoridades de El Salvador ha reportado que 142 reos de cuatro de sus 25 recintos carcelarios están contagiados con COVID-19, así como al menos cuatro custodios.

Entre los enfermos están 33 reos de un pabellón psiquiátrico, lo que llevó a una corte de vigilancia penitenciaria a pedirle explicaciones a la Dirección General de Centros Penales y al Ministerio de Salud por el contagio de reos con «padecimientos mentales».

«Estuve en diciembre pasado en El Salvador» y había «privados de libertad en detención provisional con un hacinamiento del 900 %» en un centro, «ahí no cabía nadie», comentó Arosemena de Troitiño

Las autoridades de Honduras han reportado 30 reos contagiados de COVID-19, 28 de ellos en la Penitenciaría Nacional, la principal del país, y un solo fallecido, en el único reportado oficialmente hasta ahora en los presidios de la región.

En Guatemala se contabilizan cuatro privados de libertad con COVID-19, dos mujeres y dos hombres, detectados en tres cárceles del país, que tiene una población carcelaria total de 26.160 reos, 52 % cumpliendo condena y un 48 % en prisión preventiva.

Las autoridades han dicho que los presos que se contagien de coronavirus serán trasladados a una prisión en Ciudad de Guatemala.

Nicaragua

En Nicaragua, cuyo régimen ha sido criticado por su laxa reacción a la pandemia, no hay cifras oficiales de contagiados de COVID-19 en las cárceles, pero familiares de los presos políticos reportan que unos 38 a 45 opositores detenidos lo han contraído.

Los presos comunes han contado entre cuatro y seis muertos por la pandemia dentro de las cárceles y también han informado de que algunos carceleros han sido enviados a sus casas por presentar síntomas del COVID-19.

Medidas para enfrentar la crisis

Las naciones centroamericanas han suspendido o limitado las visitas a las prisiones, que registran niveles de hacinamiento que van desde el 30 % en el caso de Costa Rica, el único país de la región que no registra COVID-19 en sus cárceles, hasta más de 200 % como es el caso Honduras.

Ahora «hay una necesidad de que el Sistema Judicial asuma su responsabilidad», porque una de las causas del hacinamiento es el uso excesivo de la detención preventiva, dijo la comisionada de la CIDH, que recordó que la gran mayoría de los presos en la región no están aún sentenciados por ningún juez.

«Hay que aplicar lo que el Código permite, eso implica una revisión de la situación de los privados de libertad que puedan ser beneficiados con una medida distinta a la detención», con ello se estaría «actuando en derecho y atendiendo los estándares interamericanos en materia de derechos humanos», dijo Arosemena de Troitiño.

La respuesta al drama carcelario, exacerbado en el continente por la pandemia, «no es de corto plazo, pero hay que asumir posiciones de manera inmediata» para comenzar a saldar las «deudas del sistema», añadió la magistrada interamericana.

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