Los violadores que son “honorables” congresistas en Colombia

Por Vanessa Vallejo
20 de Agosto de 2019 Actualizado: 20 de Agosto de 2019

En Colombia todo el mundo sabe que los guerrilleros de las FARC reclutaron y violaron menores de edad durante décadas. Las denuncias, las pruebas y los casos están, pero, a pesar de eso, los colombianos tuvimos que ver cómo, por cuenta de un pacto entre las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos, sus delitos quedaron, por ahora, en la impunidad e incluso se les ha dado asientos en el Congreso.

Los delincuentes de las FARC están libres y varios hacen ahora las leyes de nuestro país. Es el caso del “honorable” senador Carlos Antonio Lozada, quien según Lorena Murcia, reclutada por las FARC cuando era una niña y ahora es activista de la Corporación Rosa Blanca, era conocido como “tornillo”, porque violaba a los niños que llegaban a su campamento. “Cada que llegaba a las filas, los muchachos decían: llegó tornillo”, relata la valiente Lorena.

Lo de Lozada es absurdo y completamente irracional, solo pasa en Colombia. No hay un país decente donde alguien como “tornillo” en vez de estar en la cárcel sea congresista.

Lastimosamente, estas desgracias parece que son desconocidas fuera de nuestro país. De lo contrario no veo explicación a que, por ejemplo, la London School of Economics and Political Science le otorgue un título honoris causa de doctor en ciencias sociales a Juan Manuel Santos, quien sin lograr nada a cambio, puso en el Congreso a la más pútrida escoria que haya nacido en Colombia.


Al parecer, los grandes medios internacionales no han hecho bien la tarea y afuera de Colombia no se han dado cuenta de que en los lugares históricamente controlados por las FARC las cosas siguen igual, mientras que en el Congreso, violadores como Lozada hacen las leyes de la República.

Santos puso a diez narcotraficantes —porque las FARC se financian del narcotráfico, no hay discusión ahí— en el Congreso. Jesús Santrich, quien ahora no se sabe si está en Venezuela o en Cuba, aunque fue pedido en extradición por los Estados Unidos, y a pesar de que todos los colombianos vimos sus vídeos negociando el envío de droga, se posesionó en el Congreso. Ese nivel de poder y maniobra no lo logró ni siquiera el famoso Pablo Escobar.

No valieron las acusaciones, no importaron las pruebas, ni siquiera las peticiones de la justicia estadounidense. Narcotraficantes, violadores y pedófilos se pasean como si nada por el Congreso de Colombia.

Hace un par de meses, la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a más de 1 200 víctimas de la guerrilla de las FARC, presentó un resumen de las denuncias que han hecho. Además de Carlos Antonio Lozada, hay otros congresistas acusados de violación, como Victoria Sandino, quien está en el Senado, y Pablo Catatumbo, también “honorable” senador. En la lista de violadores también está Iván Márquez, que no tomó posesión de su escaño porque prefirió volver a la selva a continuar con sus negocios, que incluyen el secuestro de niños para violar y usar como carne de cañón cuando van a los combates.

Por cuenta del acuerdo Santos-FARC firmado en La Habana, los violadores de las FARC, los que son congresistas y los que no —la lista es larga—, están libres. El Gobierno del presidente Iván Duque presentó un proyecto de acto legislativo con el que busca que los delitos sexuales contra niños y adolescentes sean excluidos de la justicia transicional, de modo que no sea la Justicia Especial para la Paz (JEP) —la misma que dejó libre a Santrich— la que “juzgue” las violaciones cometidas por los guerrilleros.

La intención es que, como evidentemente debería ser, los delitos sexuales no sean amnistiables o conexos con el delito político, y que nunca pasen a la justicia especial sino que sean juzgados por la justicia ordinaria. En este momento el proyecto está en tránsito, y es la esperanza más cercana que por ahora tenemos los colombianos para que estos delincuentes algún día paguen por los delitos cometidos y dejen de humillar a las víctimas y a todos los colombianos paseándose por los pasillos del Congreso.

Increíblemente en Colombia, por cuenta del internacionalmente aclamado Juan Manuel Santos, si un violador perteneció a la guerrilla, no va a la cárcel, sino que queda libre e incluso puede participar en política. Parece que para Santos y los que hicieron el acuerdo de La Habana violar niños es algo necesario para instaurar el socialismo, y por eso el delito debe ser juzgado por una justicia transicional y convertirse en conexo con el político.

Hace poco una de las mujeres que fue reclutada y violada cuando era solo una niña, y que ahora hace parte de la Corporación Rosa Blanca, me dijo: no sé cómo le voy a explicar a mis hijos que mis violadores están en el Congreso de este país.

Ojalá esta joven no tenga que decirle eso a sus hijos, y muy pronto, antes de que ellos entiendan de política, los violadores estén en la cárcel.

Todo lo que ocurre en Colombia es absolutamente ridículo e indignante. Esta semana, en la Comisión Primera de la Cámara, fue radicada la ponencia del proyecto de acto legislativo que busca prisión perpetua en Colombia para violadores y homicidas niños. Días después, ante la misma comisión, por parte de los congresistas Germán Navas Talero, del Polo Democrático, y Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’, del partido FARC, se radicó una ponencia negativa, en la que solicitan que el proyecto de prisión perpetua para violadores de niños sea archivada.

La oposición de las FARC a la cadena perpetua para violadores no se trata de un intento por cuidarse a sí mismos. Es más preocupante. En derecho los delitos no se juzgan con retroactividad, la norma siempre aplicada al tipo penal debe ser la más favorable, de modo que si se aprueba la cadena perpetua ni siquiera les afectaría a los “honorables” senadores, porque no se juzga con normas posteriores a la conducta.

Si los del partido FARC no se oponen a la cadena perpetua para librarse de pagar por los delitos que ya cometieron, lo más probable es que estén legislando para otros, para otros que siguen cometiendo delitos sexuales contra menores y a los que sí les afectaría de alguna forma la propuesta.

Lo que ocurre entonces en Colombia es que los narcos, delincuentes, violadores de niños, tienen representación en el congreso; los del partido de las FARC son sus voceros.

De otro lado, mientras que la justicia parece no poder hacer nada con estos delincuentes, a los colombianos de a pie se nos hace cada vez más riesgoso hablar. Colombia es un país bastante peligroso, donde la justicia no actúa y matar es fácil, por eso muy pocos se atreven a hablar, por ejemplo, de que un sujeto apodado “tornillo” es senador. La cosa empeora si desde el congreso Lozada amenaza con “acciones judiciales” contra quienes lo señalen de violador… todos sabemos que los guerrilleros no conocen de “acciones legales”, solo saben de delitos. Todos entendemos el tipo de amenaza que hace.

Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y Colombia es un país de gente buena y valiente que siempre se ha enfrentado a los malos con el carácter necesario. Por eso creo que, más temprano que tarde, Juan Manuel Santos será visto como lo que es: un traidor, todo el mundo hablará de la desgracia que significó la negociación de La Habana, el acuerdo no será más que un mal recuerdo, y los guerrilleros de las FARC pagarán por sus delitos, porque “para verdades el tiempo y para justicia Dios”.

Vanessa Vallejo es Editor en Jefe y columnista del PanAm Post. Economista colombiana, Paleolibertaria, influenciadora en redes sociales y periodista de opinión en RCN Radio.

Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.

Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.

 

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