Más de 50 funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden de una docena de agencias han participado en los esfuerzos para presionar a las grandes empresas tecnológicas para que tomen medidas contra la presunta desinformación, según documentos publicados el 31 de agosto.
Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos la abogada de la Casa Blanca Dana Remus, el asistente adjunto del presidente Rob Flaherty y el que fuera asesor principal para el COVID-19 de la Casa Blanca Andy Slavitt, han estado en contacto con una o más de las principales empresas de redes sociales para tratar de conseguir que las empresas endurezcan las normas sobre la información supuestamente falsa y engañosa sobre el COVID-19, y tomar medidas contra los usuarios que violan las normas, muestran los documentos.
En julio de 2021, por ejemplo, después de que Biden dijera que Facebook estaba «matando a la gente» por no combatir eficazmente la desinformación, un ejecutivo de Meta se puso en contacto con el director de Salud Pública Vivek Murthy, nombrado por Biden, para decir que los equipos del gobierno y de Meta se reunieron después de los comentarios «para entender mejor el alcance de lo que la Casa Blanca espera de nosotros en materia de desinformación en adelante».
El mismo ejecutivo escribió más tarde a Murthy diciendo: «Quería asegurarme de que viera las medidas que hemos tomado esta misma semana para ajustar las políticas sobre lo que estamos eliminando con respecto a la desinformación, así como las medidas adoptadas para seguir abordando la ‘docena de desinformación'», incluyendo la eliminación de páginas vinculadas al grupo.
La Casa Blanca presionó públicamente a las empresas de redes sociales para que tomaran medidas contra un grupo al que los funcionarios apodaron la «docena de desinformación», que según una organización sin ánimo de lucro estaba produciendo la mayor parte de la «desinformación antivacunas» en las plataformas. También en julio de 2021, Murthy dijo que Facebook no había hecho lo suficiente para combatir la desinformación.
Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, dijo a Slavitt y a otros en abril de 2021 que Twitter informaría al personal de la Casa Blanca «sobre la desinformación sobre vacunas», y que la reunión incluiría «formas en que la Casa Blanca (y nuestros expertos en el COVID) pueden asociarse en el resultado del producto», según uno de los mensajes.
En otro intercambio de ese año, un funcionario del Departamento del Tesoro que trabajaba en «información errónea, desinformación e información maliciosa» dijo a los trabajadores de Meta que el subsecretario del Tesoro quería hablar de «posibles operaciones de influencia».
Mientras tanto, en un texto de febrero de 2021, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA, por sus siglas en inglés), Jen Easterly, escribió a otro funcionario de la agencia que estaba «tratando de ponernos en un lugar en el que la Fed pueda trabajar con las plataformas para entender mejor las tendencias de mis/dis para que las agencias pertinentes puedan tratar de desacreditar según sea útil».
Los documentos formaban parte de una producción preliminar en una demanda interpuesta contra el gobierno por los fiscales generales de Misuri y Luisiana, a la que posteriormente se unieron expertos calumniados por los funcionarios federales.
«Si alguna vez hubo alguna duda de que el gobierno federal estaba detrás de la censura de los estadounidenses que se atrevían a disentir de los mensajes oficiales de Covid, esa duda se ha borrado», dijo en un comunicado Jenin Younes, un abogado de la Nueva Alianza de Libertades Civiles que representa a algunos de los demandantes en el caso. «Ahora se ha revelado el escandaloso alcance de la participación del gobierno en silenciar a los estadounidenses, a través de la coacción a las empresas de redes sociales».
«Iniciativa de censura»
Los demandantes dijeron que la campaña de presión masiva equivalía a una «Iniciativa de Censura» porque involucraba a muchos funcionarios y agencias.
Los abogados del Gobierno solo identificaron a 45 funcionarios de cinco agencias —el Departamento de Seguridad Nacional, la CISA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas nen inglés), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la oficina de Murthy— que se comunicaron con las empresas de redes sociales en relación con la información errónea, pero los documentos que presentaron demostraron que había otros implicados, incluidos funcionarios de la Oficina del Censo y de los Departamentos del Tesoro y del Estado.
Las respuestas de las grandes empresas tecnológicas también revelaron la participación de más funcionarios en el esfuerzo.
Meta ha revelado que al menos 32 funcionarios federales, incluidos altos cargos de la Casa Blanca y de la Administración de Alimentos y Medicamentos, estuvieron en comunicación con ella sobre la moderación de contenidos. Muchos de los funcionarios no fueron identificados en la respuesta del gobierno.
YouTube reveló 11 funcionarios no revelados por el gobierno y Twitter identificó a nueve, entre ellos altos funcionarios del Departamento de Estado.
«El descubrimiento proporcionado hasta ahora demuestra que esta iniciativa de censura es extremadamente amplia», dijeron los demandantes, añadiendo más tarde que «se eleva a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos, incluyendo numerosos funcionarios de la Casa Blanca».
Además, el FBI no fue identificado a pesar de que la agencia dijo recientemente, después de que el CEO de Meta revelara que la oficina se puso en contacto antes de las elecciones de 2020, que emite rutinariamente comunicados a las empresas de redes sociales.
Los demandantes dijeron al juez que supervisa el caso que se necesitan más pruebas para descubrir toda la amplitud de la campaña de presión.
«Cuando el gobierno federal se confabula con las grandes empresas tecnológicas para censurar la expresión, el pueblo estadounidense se convierte en súbdito y no en ciudadano», dijo el fiscal general de Luisiana, el republicano Jeff Landry, en un comunicado. «No se debe permitir que [el Departamento de Justicia de EE. UU.] se esconda tras el velo del privilegio ejecutivo, especialmente cuando ya hay pruebas convincentes de que el gobierno del pueblo se confabuló con estas empresas de redes sociales para suprimir su derecho a la libertad de expresión».
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