El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), le advirtió el viernes al fiscal general, Merrick Garland, que un reciente memorando del Departamento de Justicia podría infringir los derechos constitucionales de los padres. El documento ordenaba a las fuerzas del orden federal tomar medidas enérgicas contra las protestas de los padres en las reuniones de las juntas escolares.
El memorando del fiscal general, que ha sido el centro de muchas críticas desde su publicación el 4 de octubre, dice que hay un «inquietante aumento en el acoso, la intimidación y las amenazas de violencia contra los administradores escolares, los miembros de las juntas, los maestros y el personal». En el documente le pide al FBI trabajar con los gobiernos estatales y locales para discutir la estrategia con la que se abordarán las presuntas amenazas.
El memorando parece ser impulsado por la Asociación Nacional de Juntas Escolares, que instó a la administración Biden a invocar las leyes nacionales de terrorismo para manejar las «turbas enojadas» de padres que buscan responsabilizar a los funcionarios escolares por la enseñanza de doctrinas marxistas como la teoría crítica de la raza (TCR) y por las restricciones por el COVID-19 impuestas a sus hijos.
En su carta a Garland, McConnell dijo que la «retórica siniestra» utilizada en el memo no refleja lo que realmente ha estado sucediendo en las reuniones de las juntas escolares en Estados Unidos.
“Los padres deben decirles a sus escuelas locales qué enseñar. Esta es la base misma del gobierno representativo”, escribió. “Hacen esto tanto en las elecciones como, según lo protege la Primera Enmienda de la Constitución, mientras solicitan a su gobierno la reparación del agravio. Decirles a los funcionarios electos que están equivocados es democracia, no intimidación”.
McConell admitió que «algunas reuniones en las juntas escolares han involucrado altercados con la policía», pero esos incidentes fueron aislados y «tratados de manera efectiva por la policía local».
El senador apuntó entonces al condado de Loudoun, en Virginia, donde dijo que los funcionarios públicos han hecho «esfuerzos escandalosos» para intimidar a los padres que se resisten a la incorporación de la TCR en las aulas. La fiscal del condado de Loudon, señaló, fue miembro de un grupo de Facebook que recopiló una lista de padres contrarios a la TCR y expuso información personal de los padres en Internet.
«Es exactamente por este tipo de intimidación a ciudadanos de parte de funcionarios del gobierno que nuestras leyes federales de derechos civiles fueron diseñadas», dijo.
McConell pidió que Garland responda una serie de preguntas sobre el memorando del 4 de octubre, incluido lo que él quiere decir con «acoso» e «intimidación», y si planea investigar incidentes como el del condado de Loudon en el que un funcionario del gobierno supuestamente participó en un intento de “coartar la libertad de expresión de los ciudadanos”.
También pidió que Garland entregara los registros de las comunicaciones entre su departamento y los grupos educativos nacionales, es decir, la Asociación Nacional de Juntas Escolares, la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación, antes de la publicación del memorando.
A principios de esta semana, los republicanos del Comité Judicial del Senado expresaron una preocupación similar, diciendo que el discurso importante de los ciudadanos será disminuido en las reuniones de los consejos escolares dadas las sugerencias que piden que sean tratados como terroristas domésticos.
«La violencia y las verdaderas amenazas de violencia no son expresiones protegidas y no tienen cabida en el discurso público de una democracia», dijeron los senadores. «Sin embargo, el FBI no debería participar en la represión y criminalización de un discurso que está muy por debajo de los actos violentos».
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