Estados Unidos anunció este lunes que llegó a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras con el objetivo de frenar la migración irregular hacia el norte, que alcanzó récords en el mes de marzo.
El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, negoció en las últimas semanas con representantes de esos tres países, que se «comprometieron a aumentar la seguridad» en sus respectivas fronteras, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.
«México tomó la decisión de mantener 10,000 efectivos en su frontera sur, algo que permite elevar al doble las interdicciones (del paso) de migrantes», precisó Psaki.
«Guatemala aumentó en 1500 el personal policial y militar en su frontera sur con Honduras, y accedió a establecer doce puntos de control a lo largo de la ruta migratoria; mientras que Honduras destinó a 7000 policías y militares para dispersar a un gran contingente de migrantes», agregó.
El objetivo, añadió la portavoz, es «dificultar el viaje (hacia Estados Unidos) y el cruce de fronteras» para los indocumentados que emprenden el duro trayecto.
Al mencionar el acuerdo con México, Psaki no aclaró si se refería a efectivos de la Guardia Nacional mexicana, que en marzo ascendían a 3484 desplegados en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
Una asesora de Biden en temas de inmigración, Tyler Moran, argumentó en declaraciones a la cadena MSNBC que los pactos «no solo evitarán que los traficantes de personas y los carteles puedan aprovecharse de los menores que se dirigen aquí, sino que también protegerán a esos niños».
La semana pasada, el Gobierno estadounidense reveló cifras récord de detenciones de indocumentados en su frontera con México, con más de 172,000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19,000 menores, un récord histórico.
La Casa Blanca ha insistido en que la frontera «está cerrada» y en que la mayoría de quienes lleguen sin documentos serán expulsados, pero eso no ha rebajado las llegadas a la zona limítrofe, sobre todo las de menores solos.
El Ejecutivo de Biden ha recibido críticas porque muchos menores que han cruzado la frontera se han quedado más tiempo del permitido por ley en centros de detención gestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés), que no están diseñados para niños.
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