Once estados presentaron una moción ante la corte impugnando la decisión de la Casa Blanca de rescindir una política de la era Trump que garantiza que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente a sí mismos para convertirse en ciudadanos estadounidenses u obtener la residencia permanente.
La moción, dirigida por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, es parte de una demanda que presentó su oficina el 3 de febrero contra una política de inmigración reciente emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que interrumpe la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
Sin embargo la nueva moción—presentada en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito—se refiere a la “Norma de Carga Pública” luego de que la administración Biden abandonara la defensa de la ley ante la Corte Suprema.
“Es inconcebible abrumar a nuestra infraestructura y al personal de inmigración cuando estamos lidiando con la devastación económica y sanitaria de la pandemia”, dijo el republicano Brnovich, en un comunicado de prensa el jueves, y agregó: “Si bien independientemente de la posición de uno sobre la reforma migratoria, esta violación imprudente de la ley federal solo está creando otra crisis nacional y ejerciendo presión adicional sobre nuestro estado y los contribuyentes de Arizona que trabajan arduamente”.
La demanda de Brnovich (pdf) decía que «la invalidación de la norma de Carga Pública impondrá un daño a los estados» por una suma de alrededor de «1.01 mil millones de dólares en ahorros no percibidos en pagos de transferencia para todos los estados anualmente».
La Corte Suprema había acordado el mes pasado escuchar las impugnaciones a la norma de 2018, sin embargo la administración actual señaló en su solicitud que todas las partes acordaron pedirle a la corte que desestimara el caso. Grupos de defensa de la inmigración, activistas y algunos demócratas dijeron que la norma equivale a una prueba de riqueza para los inmigrantes que buscan la ciudadanía o una green card.
“La norma de Trump erigió un muro invisible en forma de prueba de riqueza que discriminaba a las personas por motivos de raza como condición para regularizar su estatus migratorio”, dijo Legal Aid Society el mes pasado.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo también que su agencia detuvo la implementación de la norma de 2019.
«La norma de carga pública de 2019 no estaba en consonancia con los valores de nuestra nación», dijo Mayorkas en una declaración el miércoles. “Penalizaba a quienes acceden a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles para ellos”.
El DHS dijo un día antes que regresaría a las normas de la era Clinton las cuales les decían a los funcionarios que consideraran a los inmigrantes como cargas públicas si recibían beneficios en efectivo del gobierno o cuidado a largo plazo en hospitales u otras instalaciones de atención.
«Según la guía de campo provisional de 1999, el DHS no considerará la recepción de Medicaid por parte de una persona (excepto Medicaid para institucionalización a largo plazo), vivienda pública o beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como parte de la determinación de inadmisibilidad de carga pública», dijo el departamento en una declaración. La agencia dijo también que la vacunación y otros tratamientos médicos contra el COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), no se considerarán determinaciones de carga pública.
Los fiscales generales de Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Oklahoma, Texas y West Virginia se unieron a la demanda de Brnovich.
En otro caso, el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la suspensión de deportación de 100 días de la Casa Blanca. En febrero, un juez federal detuvo temporalmente la moratoria dos veces antes de suspender indefinidamente la orden de Biden.
Arizona y Montana se encuentran impugnando también la «Guía Provisional» de la Casa Blanca que fue emitida por el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, el 18 de febrero.
The Epoch Times se puso en contacto con Seguridad Nacional para solicitar comentarios respecto a la moción de Brnovich.
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