Una coalición de 21 fiscales generales republicanos presentó una moción ante una corte federal con el fin de detener una política de la Administración Biden que permite la entrada en Estados Unidos de 30,000 inmigrantes de cuatro países cada mes.
La moción de reconsideración está encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y America First Legal (AFL), un grupo jurídico conservador. Presentaron la moción después de que una corte federal desestimara su demanda en marzo por no demostrar que «Texas ha sufrido un perjuicio».
La demanda pretendía detener un plan de «libertad condicional» que traslada a miles de ciudadanos extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) a Estados Unidos y les permite permanecer indefinidamente.
Según el programa, los inmigrantes deben solicitar por adelantado la libertad condicional facilitando el nombre de una persona que se comprometerá a prestarles ayuda económica si se aprueba su solicitud. Además, los solicitantes deben pasar una comprobación de antecedentes y presentarse en un puerto de entrada designado en lugar de entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Los opositores han criticado el programa como un sistema de inmigración alternativo que elude el control del Congreso.
«El programa permite a estos extranjeros —después de volar más o menos hasta el destino de su elección— obtener permisos de trabajo y, en última instancia, solicitar prestaciones públicas, como cupones de alimentos y asistencia social. El programa inunda nuestro país con legiones de extranjeros ilegales que no deberían estar aquí, lo que no hace sino empeorar aún más la peor crisis de inmigración de la historia de nuestra nación», declaró la AFL en un comunicado el viernes.
El programa de libertad condicional de la administración Biden fue anunciado en enero de 2023 por el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas. Se instituyó por primera vez en octubre de 2022.
El programa pretendía reducir el número de cruces fronterizos ilegales permitiendo a los venezolanos volar directamente a Estados Unidos. El programa se amplió posteriormente, en enero de 2023, para incluir a Cuba, Haití y Nicaragua.
La administración anunció que hasta 30,000 personas al mes de estos cuatro países podrían venir a Estados Unidos, siempre que tuvieran un patrocinador elegible y pasaran la investigación de antecedentes. Estas personas también recibirían autorización para trabajar.
El programa de libertad condicional ha sido impugnado por los estados liderados por los republicanos, y Florida ha presentado cinco demandas. Hasta ahora han ganado dos casos, uno contra el gobierno federal y otro contra el Sr. Mayokas en 2023. Ambos casos han sido apelados ante la Corte del 11º Circuito y siguen pendientes.
En marzo, Florida se unió a Texas en un caso contra el DHS, impugnando el programa CHNV. Sin embargo, perdieron en la corte de distrito y han apelado la decisión.
AFL sostiene que el juez Drew Tipton de la Corte de Distrito del Sur de Texas se equivocó al desestimar su demanda.
El juez Tipton, nombrado por el presidente Trump, consideró que el número de nacionales del CHNV que entraban en Estados Unidos había «disminuido drásticamente», «hasta en un 44%». Por lo tanto, la corte concluyó que Texas carecía de legitimación por no haber probado el perjuicio.
La corte consideró que, al determinar si un estado se ha visto perjudicado por una política federal, debe examinar «si el número de extranjeros, y la cantidad asociada gastada a causa de ellos, aumentó en relación con esas mismas cifras antes de la aplicación del programa impugnado».
El Sr. Mayorkas acogió con satisfacción esa sentencia, afirmando que el programa es «una vía segura y ordenada» para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y afirmando que dio lugar a una reducción significativa del número de estas personas que se encuentran en nuestra frontera sur».
Sin embargo, los fiscales generales argumentan en su nueva moción que los tribunales «encontraron repetidamente hechos que demostraban que Texas tendría que gastar dinero a causa del Programa CHNV». Concretamente, «Texas gastará inevitablemente algunos recursos sanitarios en los nacionales del CHNV que entren en Estados Unidos en virtud del Programa de Libertad Condicional».
Además, la corte de Texas consideró que los nacionales del CHNV menores de 18 años que entran a través del programa de libertad condicional «inevitablemente supondrán al menos algunos gastos para Texas».
Esto, sostienen los fiscales generales en su petición de reconsideración, es perjuicio suficiente basado en precedentes.
«Esas conclusiones eran suficientes para establecer la legitimación. A efectos de legitimación, la pérdida de una cantidad de dinero, por pequeña que sea, constituye normalmente un ‘perjuicio'», dice su petición.
Además, la AFL señaló que, a pesar de la disminución inicial de los encuentros fronterizos en los primeros cinco meses tras la aplicación del programa, los datos posteriores revelaron un aumento del 25%, superando los niveles anteriores al programa, lo que, según ellos, cuestionaba la eficacia del programa, tal como afirmaba el gobierno de Biden.
«El fallo de la corte también ignoró los importantes costes financieros que Texas, y todos los estados de la nación, han soportado a manos del programa de libertad condicional de Biden. Estos costes incluyen la expedición de permisos de conducir, los gastos de salud, la educación y, por supuesto, el aumento de los servicios policiales y penitenciarios», declaró la AFL.
Un informe del Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS) publicado el 1 de abril reveló que, entre octubre de 2022 y febrero de 2024, el programa de libertad condicional de la CHNV permitió la entrada de al menos 386,000 inmigrantes ilegales.
De esa cifra, Florida recibió 325,995 y Texas 21,964, según el informe.
Según Todd Bensman, miembro de Seguridad Nacional del CIS, Aduanas y Protección de Fronteras ha «ocultado… y aparentemente no revelará» los nombres de los 43 aeropuertos estadounidenses que recibieron 320,000 inmigrantes ilegales de enero a diciembre de 2023, ni los aeropuertos extranjeros de los que partieron.
Según el Sr. Bensman, todos los vuelos que transportaban a estos inmigrantes ilegales fueron «preaprobados» en la aplicación CBP One.
El viernes por la mañana, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, escribió en X, antes Twitter, que estaba «orgulloso» de unirse a la moción con otros fiscales generales para «detener la invasión en nuestra frontera sur».
Con información de T.J. Muscaro.
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