Una coalición de 24 estados encabezada por Tennessee se opone a una nueva norma propuesta por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) destinada a integrar los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el Sistema Nacional de Aprendizaje.
Encabezados por el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, los fiscales generales sostienen en una carta del 18 de marzo que la norma fomenta la discriminación racial.
«La Norma Propuesta se desvía del objetivo legal de salvaguardar el bienestar de los aprendices y se basa en la normativa existente para afianzar aún más un régimen de aprendizaje dedicado a elegir ganadores y perdedores en función del color de la piel de los aprendices», afirma la carta.
El Sistema Nacional de Aprendizaje proporciona dinero de los contribuyentes a patrocinadores estatales, empresarios y otras entidades para que cientos de miles de estadounidenses puedan beneficiarse del aprendizaje.
«Ese dinero no debe utilizarse para la discriminación racial», argumenta la carta. «Y, sin embargo, el plan DEI propuesto exigiría efectivamente a los patrocinadores del programa, a las Agencias Estatales de Aprendizaje (AEA) y a los empresarios participantes que trataran a las personas de forma diferente en función del color de su piel».
«También exigiría a dichas entidades que desarrollaran una estrategia para ‘contratar, formar y retener’ a personas con determinados datos demográficos raciales para poder optar al dinero de los contribuyentes».
Los estados firmantes son Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
La carta critica además las medidas de supervisión y recopilación de datos basadas en la raza como prueba de discriminación racial impuesta por el gobierno.
En un anuncio de la propuesta de norma a finales de 2023, el Departamento de Trabajo afirmó que los cambios mejorarían y modernizarían el programa de aprendizaje.
«La equidad y la calidad del empleo han marcado los programas de Aprendizaje Registrado de mayor éxito tanto para los trabajadores como para los empresarios. Esta norma propuesta codifica el firme compromiso del Departamento de Trabajo con estos principios», declaró entonces la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su.
«Es importante destacar que los cambios propuestos también proporcionarán fuertes protecciones a los trabajadores, mejores experiencias para los empresarios y mayor claridad sobre las funciones de los gobiernos federal y estatales y sus socios en el Sistema Nacional de Aprendizaje.»
El Sr. Skrmetti afirma que su postura contraria a la norma se basa en la creencia de que las oportunidades deben estar basadas en el mérito y desprovistas de prejuicios raciales o basados en la identidad.
«Los estadounidenses lucharon durante generaciones para garantizar que no se tratara a la gente de forma diferente por el color de su piel, y la norma de aprendizaje propuesta por el Departamento de Trabajo va en contra de esas leyes tan duramente conseguidas», declaró Skrmetti.
«No debemos permitir que la ideología obsesionada por la raza interfiera en un programa de aprendizaje importante y de éxito. Ningún estadounidense debe verse privado de una oportunidad a causa de su raza».
Según el Departamento de Trabajo, la norma propuesta pretende aumentar la equidad centrándose en la contratación y retención de «comunidades desatendidas», término que, según los estados, es un código para la toma de decisiones basadas en la raza.
Según la propuesta de norma, las comunidades desatendidas son «las mujeres; las personas negras, latinas, indígenas y nativas americanas; los asiático-americanos y los isleños del Pacífico; otras personas de color; los miembros de minorías religiosas; las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer; las personas con discapacidades; las personas que viven en zonas rurales; y las personas afectadas negativamente por la pobreza o la desigualdad persistentes».
Los estados alegan que esto viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución y la Ley de Derechos Civiles.
La impugnación de la propuesta del DOL por parte de la coalición multiestatal subraya el grado de contención en el actual debate nacional sobre el papel de las iniciativas de DEI.
El periodo de comentarios públicos sobre la norma propuesta finalizó el 18 de marzo.
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