Tras la revocación de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, muchos estados se han movilizado para restringir o ampliar el acceso al aborto, siendo California uno de los principales.
Al haber aprobado recientemente una serie de leyes para consolidar las protecciones del aborto para los residentes y las llamadas turistas del aborto, el estado se ha posicionado como un santuario para las personas que buscan abortar en todo el país. Sin embargo, según un abogado provida, el verdadero motivo detrás de la legislación era más comercial que compasivo.
Construyendo una Industria
“Es horrible lo que ha hecho la Legislatura de California”, dijo Susan Swift, vicepresidenta de asuntos legales de Right to Life League. “Lo que están haciendo… es como, Detroit que suele ser conocida por producir autos, ¿verdad? Pues bien, California está construyendo una industria del aborto. Lo están financiando activamente”.
Fundada en 1967, la Right to Life League brinda apoyo a una red de clínicas provida, centros para embarazadas y casas de maternidad.
Señalando que otro aspecto de la misión de la organización sin fines de lucro es cabildear contra la legislación a favor del aborto, Swift describió un proyecto de ley aprobado recientemente, SB 1142, como el «plan maestro» de California para convertirse en un centro de turismo de aborto o de viajes para conseguir un aborto.
“[El proyecto de ley] financia viajes al estado, financia hospedaje en el estado, salarios perdidos… e incluso financia el cuidado de niños para cualquiera que quiera venir a California para abortar gratis”, dijo.
El proyecto de ley—que declara el compromiso de California con la «libertad reproductiva»—afirma la necesidad de aumentar la financiación estatal para los proveedores de servicios de aborto, organizaciones que financian abortos y aquellas que ofrecen «apoyo práctico» para ayudar a los residentes y no residentes que buscan abortos en el estado.
Además, el proyecto de ley exige la creación de un sitio web que presente información sobre los servicios de aborto disponibles en todo el estado.
Aunque el turismo de aborto no es un concepto nuevo, luego de la decisión Roe de la Corte Suprema de 1973, la cantidad de mujeres que viajan para abortar tendía a disminuir. Sin embargo, los viajes para abortar han aumentado en los últimos años, ya que algunos estados comenzaron a endurecer las restricciones en previsión de una posible revocación de la histórica sentencia.
Según el Instituto Guttmacher, el porcentaje de mujeres en todo el país que cruzaron las fronteras estatales para abortar aumentó del 6 % en 2011 al 9 % en 2020, con el mayor porcentaje registrado entre los estados con las leyes sobre el aborto más estrictas.
Sin embargo, según Swift, los legisladores provida no fueron los únicos que tomaron medidas en preparación para la monumental decisión de la corte.
“Cuarenta compañías de aborto se reunieron y dijeron: ‘¿Qué debemos hacer para centralizar nuestro modelo de negocios en California?’”, dijo. “Y eso es lo que es esto. SB 1142 crea un sitio web de ventanilla única que enumera a todos los proveedores de servicios de aborto”.
Escaramuzas legales por delante
Aunque el proyecto de ley aún no ha sido firmado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, el sitio web ya está en funcionamiento. El 13 de septiembre, Newsom anunció el lanzamiento con un mensaje de video en Twitter, promocionando el sitio como un recurso para quienes buscan abortos en todo el país.
“El sitio presenta información: información sobre cómo, dónde y cuándo acceder al aborto y la salud reproductiva en California”, dijo. “Incluye información sobre su derecho a un aborto e información si viaja a California desde otro estado que ha restringido su atención reproductiva”.
Swift, sin embargo, dijo que el sitio web podría enfrentarse a problemas legales si promueve los centros pro-aborto sobre los que son provida.
El sitio web excluye la información de las clínicas provida y los centros para embarazadas, y advierte a los usuarios que dichas organizaciones pueden compartir «información falsa sobre el aborto».
«Los resultados de la búsqueda en Internet pueden incluir clínicas que no realizan abortos», advierte el sitio web. «Estas ‘clínicas’ pueden proporcionar información falsa y médicamente inexacta en Internet o en persona sobre el aborto para convencerte de que no abortes. A veces se llaman centros de crisis de embarazo (CPC)».
Para más información, el sitio web remite a una página web de Planned Parenthood que, entre otras afirmaciones, establece que una clínica que no practica abortos ni ofrece “métodos anticonceptivos efectivos como condones o píldoras”—cosas que, por ejemplo, una organización católica no proporcionaría—“probablemente no es un verdadero centro de salud”.
Swift dijo que el proyecto de ley esencialmente convertirá al aborto en un “negocio patrocinado por el estado”, y agregó que el sitio web podría constituir una violación a la sección 17200 del Código de Negocios y Profesiones de California, que prohíbe las prácticas comerciales “ilegales, injustas o fraudulentas” y la publicidad «injusta, engañosa o falsa».
Además, la decisión del estado de favorecer financieramente a las clínicas abortistas en detrimento de los centros provida también podría violar la Constitución del Estado, según la abogada.
En 1981, la Corte Suprema de California dictaminó en el caso Comité para la Defensa de los Derechos Reproductivos vs. Myers que “cuando el estado financia los costos del parto, pero no financia la interrupción del embarazo, de manera realista obliga a una mujer embarazada indigente a elegir el parto a pesar de que ella tiene el derecho constitucional de negarse a hacerlo”, dictaminando que tal financiamiento desigual era inconstitucional.
Haciendo referencia a este fallo, The Right to Life League en un comunicado argumenta que para evitar cualquier impugnación constitucional, Newsom debería proporcionar la misma cantidad de fondos para el parto y el apoyo materno postnatal.
Otra inquietud legal que planteó Swift fue que varios de los otros proyectos de ley de aborto recientes del estado buscan obstaculizar las investigaciones policiales de otros estados sobre el aborto.
“AB 1666, AB 2091, AB 1242: todas ellas prohíben que California cumpla con las decisiones judiciales válidas de otros estados”, dijo la abogada, y agregó que es probable que esas leyes fueran anuladas por violar la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución de Estados Unidos.
Abundan las cuestiones morales
Además de los conflictos legales, Swift dijo que la reciente legislación sobre el aborto en California—a la que llamó el “apocalipsis del aborto” del estado—también plantea importantes cuestiones morales.
Una de esas preguntas, dijo, es: «¿Por qué estamos gastando el dinero de los contribuyentes para matar gente?».
En particular, Swift denunció el AB 2223, al que algunas organizaciones provida se han referido como el «proyecto de ley de infanticidio» del estado.
Entre otros cambios, AB 2223 elimina el deber del forense de investigar las muertes perinatales «relacionadas con o después de un aborto conocido autoinducido o criminal o sospechado».
El proyecto de ley también autoriza a una mujer que haya tenido un aborto—legal o no—y a cualquiera que la haya asistido a presentar una demanda civil contra cualquier agente estatal que intente investigar.
«The League ha luchado contra esto de todas las maneras posibles porque elimina toda la responsabilidad civil y penal por los abortos, los abortos espontáneos, los mortinatos y, lo que es más importante, cualquier muerte perinatal ‘debida a causas que se producen en el útero'», dijo, añadiendo que esas «causas» podrían incluir un aborto mal practicado.
El proyecto de ley no define lo que significa «muerte perinatal», pero según el Código de Salud y Seguridad de California, «atención perinatal» incluye la atención recibida desde la concepción hasta un año después del nacimiento.
«Nadie va a querer arriesgarse a la demanda de investigar [una muerte]», dijo Swift. «Y esto va a encubrir todos los datos de todos los bebés que sobreviven a los abortos».
Sin embargo, dado que las impugnaciones a estos proyectos de ley tendrán que esperar hasta que se firmen, Swift dijo que el objetivo actual de su organización es la Propuesta 1.
La enmienda propuesta, que aparecerá en las boletas electorales de los californianos este noviembre, establece: “El estado no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de un individuo en sus decisiones más íntimas, lo que incluye su derecho fundamental a elegir abortar y su derecho fundamental elegir o rechazar anticonceptivos”.
Señalando que actos criminales como la violación, el incesto o el abuso de menores podrían entrar en la categoría de «libertad reproductiva», Swift dijo: «Creo que la Propuesta 1 tiene el potencial de ser muy peligrosa para la salud pública y de fomentar la explotación y la manipulación de mujeres jóvenes y niños, especialmente».
Además de señalar que, según la ley de California, el aborto ya se considera un derecho constitucional, Swift agregó que la enmienda no brindaría nuevas protecciones para las mujeres, pero podría crear muchas lagunas para quienes buscan abusar de ellas.
“En el mejor de los casos, es una señal de virtud”, dijo. “Y en el peor de los casos, es muy, muy peligroso porque deshace muchas leyes diseñadas para proteger la salud pública”.
La oficina de Newsom no respondió una consulta de The Epoch Times.
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