Una abogada del expresidente Donald Trump respondió a las afirmaciones de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, podría embargar algunas de sus propiedades después de que un juez fallara en su contra la semana pasada en un caso de fraude civil.
Esta semana, James, una demócrata, amenazó con confiscar sus activos en el estado, a pesar de que el presidente Trump tiene un período de tiempo para pagar la multa de 355 millones de dólares que el juez le impuso y está dentro de la ventana para apelar ante un tribunal superior.
En declaraciones a ABC News el 20 de febrero, la fiscal general insistió en que «si no tiene fondos para pagar la sentencia, entonces buscaremos mecanismos de ejecución de sentencia en las cortes, y pediremos al juez que embargue sus bienes».
Aparte de la multa, el juez neoyorquino Arthur Engoron también dictaminó que el expresidente Trump no puede operar ningún negocio dentro de Nueva York durante los próximos tres años, que sus dos hijos mayores no pueden hacer negocios durante dos años, y también impuso multas y castigos contra otros funcionarios de la Organización Trump.
En su orden, el juez Engoron afirmó que el expresidente Trump defraudó a bancos y aseguradoras al inflar artificialmente su patrimonio neto y sus propiedades, mientras que los Trump y la Organización Trump negaron haber cometido delito alguno.
El juez Engoron, demócrata, concluyó que era «probable que el expresidente Trump y su empresa continuaran con sus prácticas fraudulentas» sin las sanciones y controles que impuso. El juez concluyó entonces que Trump y sus coacusados «no aceptaron su responsabilidad» y que los expertos que testificaron a su favor «simplemente negaron la realidad».
James dijo a los periodistas que «se ha hecho justicia» y calificó el fallo como «una tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos jugar con las mismas reglas … incluso los expresidentes».
El expresidente Trump declaró tener unos 294 millones de dólares en efectivo o equivalentes de efectivo en su declaración financiera anual más reciente para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2021. A día de hoy, no está claro cuánto tiene a mano.
Respuesta de la abogada
Después de la amenaza de James, la abogada de Trump, Alina Habba, dijo que la fiscal general tiene el «objetivo de derribar la Organización Trump» y el «objetivo de derribar a las personas que trabajaron tan duro, incluida su campaña, su familia y la lista sigue y sigue».
«Su objetivo francamente no va a tener éxito», dijo en una entrevista en Fox News», y añadió: «Eso es todo lo que estoy dispuesta a decir».
El miércoles, dijo a Breitbart News que ninguna entidad fue víctima, y ninguna de las empresas presentó demandas.
«Mientras tanto, el Deutsche Bank y Trump no tienen problemas, ni demandas. Nadie dice que hayan perdido dinero.
Nadie dice que salieron perjudicados», dijo la abogada. «Ponen una cifra, llegan a un acuerdo. Hacen un contrato y luego cumplen los términos de ese contrato».
«¿James y el juez Engoron dicen que Mar-a-Lago vale 18 millones de dólares?». preguntó entonces Habba, añadiendo que «viven en este mundo en el que, francamente, no tienen ningún conocimiento real».
Otra actividad
Anteriormente, y antes de la amenaza, dijo a Fox News que el presidente Trump probablemente pagaría una fianza de casi USD 400 millones para tratar de apelar su caso, mientras que los informes han indicado que los intereses de la sentencia le están costando alrededor de USD 90,000 por día.
«Puedo decirte cuáles son las reglas. En un plazo de 30 días, incluso si decidimos apelar, tenemos que pagar la fianza, que es la cantidad total, y algo más. Estaremos preparados para hacerlo», declaró Habba.
Además, durante la entrevista, dijo que el pago de una fianza está sobre la mesa, pero «se puede decir al juez que se debe anular el veredicto porque es una locura, esto lo es. Y todas esas opciones están sobre la mesa».
Otro abogado que representa al expresidente indicó el miércoles al juez Engoron que quieren negociar con el juez un contraproyecto de sentencia.
«Dado que la decisión conlleva ordinariamente medidas más complicadas, la instrucción contempla la notificación a la parte contraria para que ambas partes puedan acordar un borrador o preparar contrapropuestas que se dirimirán ante la corte», argumentó Clifford Robert.
Antes de eso, otro abogado indicó el 19 de febrero que su equipo planea apelar la decisión y centrarse en la definición de fraude del juez en el caso. Plantea serias cuestiones legales y constitucionales en relación con las demandas por ‘fraude’ sin que exista un fraude real», dijo Christopher Kise.
Con información de The Associated Press.
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