El abogado Benji Espinoza, defensor del presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este martes que planteará una «tutela de derechos» si la Fiscalía de su país no acepta su pedido de declarar la «nulidad absoluta» de una investigación abierta en contra del mandatario dentro de una presunta trama de corrupción.
«Si es que la Fiscalía no estimara nuestra nulidad esto abre paso a la tutela de derechos y llevo la discusión ante el Poder Judicial», anunció el abogado tras entregar su solicitud de «nulidad absoluta» en la sede del Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Este domingo, el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar contra el gobernante por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Espinoza señaló, al respecto, que «la nulidad absoluta» lo que busca es que la Fiscalía de la Nación deje «sin efecto la disposición» de investigar a Castillo, quien goza de inmunidad durante su mandato, según remarcó el letrado.
El artículo 117 de la Constitución peruana establece que un presidente solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Constitución.
El abogado consideró que, por ese motivo, se «está violando la Constitución» al investigar al mandatario y dijo que, tras entregar su solicitud, darán «un plazo razonable a la Fiscalía de la Nación para que se pronuncie».
«Si desestimara nuestro pedido… nos abre paso a la tutela de derechos, que es un mecanismo para poder cautelar el derecho al debido proceso», reiteró.
Como parte de la investigación que se sigue por un presunto caso de corrupción, la fiscal Rosario Quico acudió este lunes a la sede de la Presidencia para solicitar el registro de ingreso de personas y vehículos al Palacio de Gobierno.
La responsable de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción encabezó una diligencia en el Palacio de Gobierno en ausencia del jefe de Estado, que se encontraba en un gabinete de ministros descentralizado en la región amazónica de Loreto.
Castillo denunció este lunes que hay una persecución política «irracional» en su contra y se preguntó qué sucedió con «el resto de gestiones» que le precedieron, así como contra los anteriores mandatarios y sus ministros».
El gobernante aseguró que no ha robado «ni un centavo al país» ni lo hará porque -subrayó- no llegó a la Presidencia «para eso».
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