La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, pide a un juez del condado que impida a 13 fiscales de Michigan procesar a los infractores de una ley estatal que penaliza la mayoría de los abortos.
La ley de 1931 quedó sin efecto cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, en su sentencia Roe contra Wade de 1973, legalizó el aborto en los 50 estados.
Sin embargo, la ley de 91 años de antigüedad que sigue vigente puede volver a convertirse en la ley del estado.
«Si se anula Roe, el aborto podría ser ilegal en Michigan en casi cualquier circunstancia, incluso en casos de violación e incesto. Esto ya no es teórico: es una realidad», dijo Whitmer en un comunicado de prensa del 7 de abril.
«No importa lo que ocurra con Roe, voy a luchar firmemente y usar todas las herramientas que tengo como gobernadora para asegurar que la libertad reproductiva sea un derecho para todas las mujeres de Michigan», dijo.
Según el comunicado de prensa, Whitmer también pidió a la Corte Suprema de Michigan un fallo rápido «para resolver inmediatamente si la Constitución de Michigan protege el derecho al aborto».
«Si la Corte Suprema de Estados Unidos se niega a proteger el derecho constitucional al aborto, la Corte Suprema de Michigan debería intervenir», dijo.
El abogado David A. Kallman, del Centro de Justicia de los Grandes Lagos, dijo a The Epoch Times: «Entre otras cosas, la demanda de la gobernadora Whitmer es un ataque directo a la discreción del fiscal. La ley de Michigan da a un fiscal del condado una discreción sin restricciones y sin revisión para acusar o no acusar a una persona de un delito penal.
«La gobernadora no tiene autoridad sobre los fiscales de Michigan en lo que respecta a las decisiones de acusación. Por ley, no puede obligar a un fiscal de condado debidamente elegido a hacer algo, excepto a obedecer las leyes existentes», dijo Kallman.
Kallman ha sido contratado por el fiscal del condado de Kent, Chris Becker, y por el fiscal del condado de Jackson, Jerry Jarzynka, ambos republicanos, para representarlos en el caso.
Jarzynka dijo en un comunicado de prensa del 18 de abril: «Defenderé enérgicamente el derecho de todos los fiscales a estar libres de presiones políticas en las decisiones relativas a las acusaciones».
Declaró a The Epoch Times que se sorprendió al enterarse de que había sido nombrado acusado en el caso y que no sabía muy bien por qué.
«Me siento un poco como David contra Goliat. Nos enfrentamos a un enorme bufete de abogados con más de 1000 abogados, más los 200 de la Oficina del Fiscal General de Michigan».
«Pero creo que tenemos la justicia de nuestro lado. Y siento pasión por defender el amplio criterio de un fiscal sobre cuándo y cuándo no presentar cargos».
«También estoy muy agradecida al Centro de Justicia de los Grandes Lagos y a lo que están haciendo por nosotros», dijo Jarzynka.
En un comunicado de prensa del 18 de abril, Becker, del condado de Kent, acusó a Whitmer de intentar, una vez más, «usurpar el proceso legislativo normal… Si quiere cambiar una ley… presentar una demanda y recurrir a la Corte Suprema para hacerlo no es el camino correcto».
Más tarde, Becker declaró a The Epoch Times en una entrevista telefónica: «Me siento como si me estuvieran metiendo en una campaña de reelección. Esta demanda no es más que una maniobra política para que Whitmer quede bien con sus partidarios».
Según Kallman, la demanda de Whitmer es un golpe legal preventivo para proteger a las mujeres y a los médicos de ser procesados bajo los términos de una ley existente en Michigan que prohíbe el aborto excepto cuando la vida de la mujer está en peligro.
«El derecho al aborto no existe en ninguna parte del lenguaje de la Constitución de Michigan, y ninguna jurisprudencia de Michigan sugiere lo contrario», dijo a The Epoch Times.
Kallman citó como precedentes dos casos decididos desde el fallo en Roe vs Wade de 1973.
En un caso, People vs Bricker, la Corte Suprema de Michigan afirmó que la ley de aborto de Michigan existente era constitucional después del primer trimestre.
En 1997, un caso del tribunal de apelaciones de Michigan, Mahaffey vs Fiscal General, afirmó que no existe el derecho constitucional de Michigan al aborto.
Kallman dijo que no existe ningún caso de controversia para que un tribunal decida, y ninguno de los 13 fiscales demandados ha procesado a nadie por violar el estatuto de 91 años.
«No existe ninguna necesidad apremiante que requiera que un tribunal emita una orden judicial para detener algo que no está ocurriendo. Este caso es frívolo y sin mérito».
«Whitmer está apoyando una petición de enmienda constitucional para crear un derecho al aborto en la constitución de Michigan. ¿Por qué lo hace si el derecho al aborto ya está en la Constitución, como sostiene su demanda?
Kallman dijo que también estaba preocupado por una demanda presentada el 7 de abril por Planned Parenthood en el Tribunal de Reclamaciones de Michigan contra la fiscal general de Michigan, Dana Nessel.
«Equivale a otro intento de invalidar la misma ley. El caso también es una farsa. La Sra. Nessel debe ser recusada de actuar como fiscal encargada de defender una ley que ha declarado públicamente que no defenderá y que está abogando por que sea anulada por la demanda de Whitmer», dijo Kallman.
La oficina de Whitmer no respondió a una solicitud de comentarios.
La Oficina del Fiscal General de Michigan no hace comentarios sobre litigios pendientes.
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