El abogado que representaba a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Paul Reichler, renunció a su cargo este domingo por «conciencia moral» tras más de 40 años de servicio, informó el medio nicaragüense Confidencial.
Reichler había representado a Nicaragua ante la CIJ en varios litigios internacionales, incluyendo el caso conocido como “Irán-Contras” contra Estados Unidos, el del mar Caribe con Colombia, o el del río San Juan con Costa Rica, que el régimen de Ortega contó como «victorias».
“Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con [el segundo mandato de Ortega] y negarme a servirle”, dijo Reichler en una carta publicada este domingo por Confidencial.
En su misiva, Reichler dividió al líder del régimen, Daniel Ortega, en dos personalidades–uno previo a 2018, que tildó de «democrático» y que dijo atesorar su servicio durante ese periodo; y un segundo a partir de ese año, al que acusó de actuar «despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes».
«No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años», señaló Reichler.
«Me resulta inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018. Me resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables, y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados–de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios–con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición», agregó el abogado.
«Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia en cuya construcción él participó decisivamente y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar, con elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes», continuó.
Desde 2018, Nicaragua vive una crisis política y social que ha cobrado cientos de vidas. La represión se agudizó antes de las elecciones presidenciales de 2021, en donde Ortega encarceló a siete de los aspirantes a la presidencia incluida la hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios.
La semana pasada, el régimen de Ortega condenó a Chamorro Barrios a 8 años de prisión por delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Su hermano, Pedro Joaquín Chamorro Barrios también fue condenado a 9 años.
Los otros seis aspirantes condenados son el académico y exembajador Arturo Cruz; el líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García; el periodista Miguel Mora; el líder campesino Medardo Mairena; y el político conservador Noel Vidaurre.
Asimismo, en un acto sorpresivo, el entonces embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, decidió denunciar al régimen de Ortega la semana pasada.
“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, aseguró el embajador. “Tengo que hablar aunque tenga miedo, señor presidente, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, agregó.
Como respuesta, el régimen se deslindó de McFields y aseguró que su representante ante la OEA era Francisco Campbell Hooker, embajador en Estados Unidos.
Diversos países y organismos aplaudieron la valentía de McFields, mientras que la OEA ofreció protección al embajador nicaragüense tras su denuncia.
Con información de EFE.
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