Un abogado que representó a la campaña de Trump en una impugnación legal a los resultados de las elecciones de Pensilvania se vio obligado a dejar su cargo como profesor de derecho en la Universidad Chapman en California la semana pasada por representar como cliente al presidente Donald Trump.
Pero lo que ganó especialmente la ira de los activistas de izquierda en la famosa escuela de juristas conservadores, fue que John C. Eastman habló junto al presidente en la manifestación “Stop the Steal” del 6 de enero en Washington. La violencia comenzó en el Capitolio de EE. UU. durante la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, mientras que la manifestación aún continuaba en el otro extremo del Washington Mall. No hay evidencia de que Eastman, o Trump, hayan hecho algo ilegal al hablar en el mitin.
Sin embargo, el presidente de la Universidad Chapman, Daniele Struppa, rápidamente denunció a Eastman por participar en la libertad de expresión protegida constitucionalmente. Struppa acusó a Eastman en una declaración del 8 de enero, de jugar «un papel en los trágicos eventos en Washington, D. C., que pusieron en peligro nuestra democracia».
“Las acciones de Eastman están en oposición directa a los valores y creencias de nuestra institución. Ahora ha puesto a Chapman en la posición de ser desacreditada públicamente por las acciones de un solo miembro de la facultad, y por lo que muchos llaman mi fracaso en castigarlo y despedirlo”, escribió Struppa.
Struppa dijo además: «Esta semana también ha demostrado que este país tiene mucho trabajo por hacer por la justicia social y la equidad».
Lisa Leitz, profesora de estudios sobre la paz en Chapman, fue una de los 169 profesores que firmaron una carta abierta dirigida a la universidad exigiendo que se despidiera a Eastman. Ella le dijo a un medio de comunicación local que la aparición de Eastman en el mitin y sus actividades de campaña de Trump han perjudicado a la universidad.
“Nos asocia con una insurrección racista contra la democracia de Estados Unidos y socava la credibilidad de todos los miembros de la facultad”, dijo.
El 13 de enero, Struppa anunció que se había llegado a un acuerdo con Eastman y que dejaría su puesto «con efecto inmediato».
Struppa escribió que la salida de Eastman «cierra este capítulo desafiante para Chapman y proporciona el camino más inmediato y seguro para la comunidad de Chapman y del Dr. Eastman».
“Chapman y el Dr. Eastman acordaron no involucrarse en acciones legales de ningún tipo, incluyendo cualquier reclamo de difamación que pueda existir actualmente, conforme ambas partes sigan adelante”, escribió.
«La universidad no puede comentar más sobre los detalles de los asuntos confidenciales del personal y no hará más declaraciones sobre este asunto», agregó.
En una declaración al día siguiente, Eastman acusó a los miembros del consejo de administración de la universidad de publicar «declaraciones falsas y difamatorias sobre mí sin siquiera [tener] la cortesía de contactarme de antemano para discutir».
“Si se hubieran molestado en discutir el asunto conmigo, podrían haberse enterado que cada declaración que he hecho está respaldada con evidencia documental y/o pericial, y sólidamente sustentada en la ley”, escribió Eastman.
La demanda de Eastman que generó polémica política fue una de las varias impugnaciones legales a los resultados electorales en varios estados presentados por la campaña de Trump y los partidarios de Trump. Poco más de una semana antes del Día de la Inauguración, el 11 de enero, la Corte Suprema rechazó una serie de solicitudes para una consideración acelerada de las reclamaciones. El caso, conocido como Trump vs. Boockvar, aún está pendiente en la corte superior.
Intimidación
Intimidar a los abogados se ha convertido en un arma importante en el arsenal de la izquierda en la era Trump.
Por ejemplo, el Proyecto Lincoln, un súper PAC (comité de acción política) fundado por republicanos que se oponen a Trump, ha atacado a abogados con hostigamiento por brindar servicios legales a la campaña de Trump.
En noviembre, se comprometió a gastar un mínimo de 500,000 dólares en publicidad para atacar a los bufetes de abogados Jones Day y Porter Wright Morris y Arthur por representar a Trump y al Partido Republicano de Pensilvania, informó una publicación legal.
“Estas firmas están diseñando los ataques peligrosos e injustificados de Donald Trump a nuestra democracia (…) sus empleados deberían renunciar en protesta”, escribió el grupo en un tuit.
El Proyecto Lincoln divulgó datos privados de los abogados de ambas firmas en Twitter, posteando sus páginas de LinkedIn y los nombres e información de contacto de los abogados que ayudaron a Trump.
El 3 de enero, el Proyecto Lincoln instó a los usuarios de Twitter a llamar a la «oficina central» de la abogada Cleta Mitchell en Milwaukee porque ella estaba en la conferencia telefónica con Trump «cuando amenazó y presionó [al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger] para que revocara la voluntad de los votantes de Georgia».
«¿Cómo le hace sentir eso? dígales”, dice el tuit.
De hecho, Trump no exigió que el republicano Raffensperger, manipulara los resultados de las elecciones o lo amenazó. Una grabación filtrada de la llamada telefónica del 2 de enero reveló que Trump simplemente informó al funcionario estatal de cuántos votos necesitaba para garantizar los votos electorales de Georgia.
“Solo quiero recuperar 11,780 votos”, dijo Trump en la llamada legalmente privilegiada que era un intento de resolver un litigio en curso.
A pesar de la ausencia de evidencia de «delitos graves y delitos menores», un requisito constitucional para el impeachment, el 13 de enero los demócratas aprobaron un artículo de impeachment sustentado en la llamada telefónica, aprobándolo con 232 votos frente a 197 en la Cámara de Representantes de EE. UU. Sin las habituales audiencias del comité.
Mitchell fue expulsada de su bufete de abogados, Foley and Lardner, donde era socia.
El Colegio de Abogados del Estado de Nueva York está considerando despedir al abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Los demócratas también dijeron que pueden presionar para que se sancione a los abogados partidarios de Trump, Sidney Powell y Lin Wood.
Eastman comentó brevemente al ser contactado por The Epoch Times.
“No puedo hablar sobre el convenio más que lo que está en mi declaración y la declaración de la Universidad”, dijo.
«Pero sí—creo que hay represalias».
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