Una decisión del 7 de abril emitida por la Corte de Apelaciones de D.C. puede poner en peligro un respaldo legal clave utilizado por el Departamento de Justicia (DOJ) para enjuiciar a los participantes de la violación al Capitolio del 6 de enero de 2021, según el abogado Albert Watkins.
“Lo que hizo esta opinión fue, prácticamente, suplicar que se presentaran otros casos [del 6 de enero] ante el Tribunal de Apelaciones que permitieran una opinión más equilibrada», le dijo Watkins a The Epoch Times en una entrevista el 11 de abril. El abogado ha representado a cuatro acusados del 6 de enero, incluido el preso liberado Jacob Chansley.
El comentario de Watkins se produjo después de que un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de D.C., el 7 de abril, anulara el fallo de un tribunal inferior en una votación de 2 a 1, desestimando un cargo federal contra tres acusados del 6 de enero. El panel, además, rechazó el razonamiento del tribunal inferior sobre el alcance de la acusación de obstrucción.
Si bien el fallo del tribunal superior (pdf) permitió que continuara el enjuiciamiento del DOJ a estos tres acusados específicos: Joseph Fischer, Edward Lang y Garret Miller, el impacto de la opinión del tribunal superior se extiende más allá de estos casos, dijo el abogado.
Según Watkins, este impacto extendido tiene que ver con la interpretación de un término sobre intención “corrupta” en la redacción de los cargos de obstrucción, considerando que el DOJ ha estado utilizando el cargo de obstrucción como una herramienta legal “atractiva” para procesar los casos del 6 de enero y conseguir acuerdos de culpabilidad.
De acuerdo con una disposición en el estatuto por cargo de obstrucción (18 Código de EE.UU. § 1512 2 (c)), “Quien de manera corrupta… obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambas cosas”.
Una definición restringida de esta disposición podría obstaculizar la capacidad del Departamento de Justicia de utilizar más el cargo e introducir incertidumbres en los juicios en curso, indicó el abogado. El DOJ había acusado a más de 200 acusados el 6 de enero de cargos relacionados con obstrucción.
“Debería causarle cierto grado de inquietud al Departamento de Justicia el uso, de manera muy informal y despreocupada, el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial como el cargo elegido para los alegatos», dijo Watkins. “Diré que, en muchos aspectos, fue una opinión extraordinaria: Se dedicó más tiempo a abordar problemas potenciales que no se presentaron ante el tribunal que los problemas que realmente se presentaron ante el tribunal”.
Intención corrupta
La cuestión clave aquí es la interpretación de un componente necesario del cargo de obstrucción (Código de EE.UU. 18 § 1512 (c) (2)), a saber, la definición de «intención corrupta».
El fallo de la corte de apelaciones indica que los fiscales del DOJ establecieron una interpretación de conducta obstructiva criminal «corrupta» con «un significado amplio que abarca todas las formas de conducta obstructiva, incluidos los esfuerzos supuestamente violentos de los apelados para impedir que el Congreso certifique los resultados de las elecciones de 2020».
Pero los tres jueces de la Corte de Apelaciones de D.C. expresaron cierto nivel de preocupación en su fallo del 7 de abril sobre si es apropiada la interpretación actual del gobierno al término intención “corrupta”.
La designada por Biden, Florence Pan, quien escribió la opinión mayoritaria, indicó que la definición de intención “corrupta” debería determinarse en un caso posterior.
“Al menos un caso pendiente en el expediente de este tribunal plantea directamente la definición de ‘corrupta’ según § 1512(c)”, escribió Pan. «Es más prudente retrasar el tratamiento del significado de intención ‘corrupta’ hasta que ese problema se presente adecuadamente ante el tribunal».
“Inverosímilmente amplio”
El designado por Trump, Justin Walker, en su opinión parcialmente de acuerdo con el fallo, se apartó de la opinión de Pan de que la «intención corrupta» debería interpretarse más adelante y escribió en su opinión que el término debería definirse con precisión para evitar criminalizar el discurso civil legal.
Establecer una intención corrupta requiere probar que un acusado tenía la intención de “obtener un beneficio que sabe que es ilegal”, escribió Walker, y agregó que esta interpretación es más limitada que la que ofrece el gobierno.
Sin una definición restringida, escribió Walker, el cargo de obstrucción podría volverse «inverosímilmente amplio» y, por lo tanto, «criminalizar muchos intentos legales de ‘influir’ en los procedimientos del Congreso, protestas o cabildeo, por ejemplo».
Se podría aplicar una definición restringida a un manifestante “hipotético” del 6 de enero, señaló Walker.
“Este alborotador se unió a la multitud afuera del Congreso porque estaba enojado con las élites de la nación. Vio el motín como una oportunidad para mostrar su bravuconería. Aunque probablemente sea culpable de otros delitos, no actuó de manera ‘corrupta’ según [el estatuto] porque no tenía la intención de obtener un beneficio al obstruir el recuento de votos del Colegio Electoral”, escribió Walker.
Todavía está por verse si la opinión de Walker se convertirá en un precedente vinculante en los tribunales inferiores. Walker sostiene que debería serlo: Citó el razonamiento de la Corte Suprema en el caso Marks vs United States (1977), que dice que la opinión concurrente “más estrecha” debería ser la opinión vinculante. Pan, objetando este punto en una nota al pie, dice que la Corte de Apelaciones de D.C. “nunca ha aplicado a Marks asus propios casos” y que “solo una corte federal de apelaciones lo ha hecho”.
En una objeción enérgica al fallo de sus dos colegas del 7 de abril, que revocó la decisión del tribunal inferior, el designado por Trump, Gregory Katsas, dijo que la amplitud de la interpretación de sus colegas de la palabra «corrupto» «continuaría sobrecargando la defensa, el cabildeo y los delitos de protesta en delitos graves de 20 años, siempre que el acusado sepa que está actuando ilegalmente de alguna manera pequeña.
“Un cabildero que persuade con éxito a un miembro del Congreso para que cambie un voto también ha influido en un procedimiento oficial. También lo ha hecho un manifestante pacífico que, tratando de influir en los votos, sostiene un cartel en la galería del Senado antes de ser escoltado”, escribió.
“Por supuesto, este caso involucra disturbios en lugar de defensa pacífica, cabildeo o protesta. Pero la construcción del término [intención corrupta] adoptada por mis colegas eliminará todo lo anterior”, agregó Katsas.
Impacto
Watkins señaló que el fallo es inusual en el sentido de que el tribunal señaló claramente que le gustaría cuestionar la definición de un término clave en una disposición de la ley, luego de reconocer que al menos 14 jueces de distrito adoptaron la interpretación del gobierno y confirmaron el enjuiciamiento del Departamento de Justicia a los casos del 6 de enero.
“Lo que me pareció profundo fue el repetido y aparente esfuerzo… del Tribunal de Apelaciones por solicitar más casos que les permitan tener la capacidad de opinar -con un buen grado de claridad- qué es y qué no es obstrucción, y cómo y qué cargas deben cumplirse… para ese delito”, dijo Watkins.
Watkins dijo que el impacto de este fallo no afectaría necesariamente las declaraciones de culpabilidad que ya se han presentado, pero afectaría los futuros acuerdos de declaración de culpabilidad ofrecidos por el Departamento de Justicia.
El impacto del fallo ya se ve en los juicios en curso que involucran cargos de obstrucción. Utilizando la decisión del Tribunal de Apelaciones, Nicholas Smith, un abogado que representa a Ethan Nordean, miembro de Proud Boys, en sus juicios del 6 de enero, presentó el 8 de abril una moción para actualizar las instrucciones del jurado o desestimar dos cargos en nombre de su cliente.
“Dos de los jueces del panel concluyeron que la interpretación del gobierno a §1512(c)(2) en los casos del 6 de enero presentaba un alcance ‘impresionante’ e insostenible’”, escribió Smith en la presentación, refiriéndose a la opinión del tribunal de apelaciones sobre cómo definir el término “corrupto” en el cargo de obstrucción.
Smith señaló que el voto de Walker para respaldar la apelación del Departamento de Justicia «dependía» de esta definición del término «corruptamente».
Eso pone el caso en una situación catch-22, razona Smith, porque si el tribunal está de acuerdo con la interpretación de Walker, entonces se le debe decir al jurado que examine la evidencia de manera diferente, es decir, que se debe demostrar que el acusado actuó “con la intención de obtener un beneficio que el demandado sabe que es ilegal”.
Por otro lado, si el Tribunal de Distrito no adopta la interpretación de Walker, entonces el voto de Walker, que necesariamente dependía de su interpretación, sería nulo por inferencia. En este caso, Smith escribió en la presentación que su cliente solicitaría la desestimación de dos cargos de obstrucción de un total de seis cargos.
“Rechazar la definición de ‘corruptamente’ en la opinión del juez Walker sería instruir al jurado sobre una interpretación de § 1512(c)(2) que la mayoría del panel consideró insostenible», escribió Smith.
El gobierno presentó una respuesta a Smith el 10 de abril, alegando que la opinión concurrente de Walker no es vinculante.
Señaló que dos de los tres jueces -Pan y Katsas, que constituyen la mayoría- estaban de acuerdo en que el alcance de «corruptamente» abarcaría «todas las formas de conducta obstruccionista, incluidos… los esfuerzos para impedir que el Congreso certifique los resultados de las elecciones presidenciales de 2020″. Por lo tanto, razonó el gobierno, la opinión de Walker no es vinculante, ya que no necesariamente sería adoptada implícitamente por la mayoría del tribunal.
Además, el gobierno escribió que la instrucción actual del jurado es legalmente suficiente y que no se necesita un cambio. Razonó que el término “corruptamente” no está definido legalmente y, por lo tanto, debe entenderse con su “significado ordinario”.
“Como cuestión de lenguaje llano, ‘corruptamente’ está ‘normalmente asociado con lo incorrecto, inmoral, depravado o malo'», escribió el gobierno, señalando que esta interpretación está apoyada por precedentes jurisprudenciales y diverge de la definición de Walker. Escribió que esta interpretación permitiría al jurado buscar pruebas en las pruebas de que cada acusado actuó con «conciencia de actuar mal» y basta como instrucción apropiada para el jurado «en el contexto de la obstrucción al Congreso”.
El gobierno señaló que proporcionaría una versión modificada de las instrucciones del jurado si el tribunal decide aceptar la interpretación de Walker.
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