La última objeción del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a las alegaciones de que suprimió pruebas en su procesamiento del acusado del 6 de enero Jacob Chansley va en contra de la Sexta Enmienda, dijeron abogados actuales y anteriores de Chansley a The Epoch Times en entrevistas separadas esta semana.
«Se están escondiendo. Están eligiendo afirmativamente no revelar [pruebas exculpatorias]», dijo Albert Watkins, exabogado de Jacob Chansley que negoció el acuerdo de sentencia de 41 meses del veterano de la marina en 2021, a The Epoch Times el martes, refiriéndose al DOJ.
«Lo están haciendo de una manera que, en mi opinión, da lugar a una conclusión ineludible de que el Departamento de Justicia ha hecho más daño a nuestra democracia por cómo ha tratado a los acusados del 6 de enero que por cualquier cosa que hubiera ocurrido el 6 de enero».
Watkins reaccionaba así a la presentación que el Departamento de Justicia hizo el domingo ante el tribunal sobre el caso de otro acusado del 6 de enero, en el que el gobierno se enfrentó, por primera vez ante el tribunal, a las cintas de vigilancia de la irrupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021, que fueron hechas públicas recientemente por el programa de Fox News Tucker Carlson Tonight.
Entre estas cintas había un clip que mostraba a Chansley, desarmado, caminando junto a varios oficiales de la Policía del Capitolio que no intentaron sacarlo del edificio del Capitolio, lo que, según Carlson, demostraba que Chansley era menos violento el 6 de enero de lo descrito por el gobierno.
A pesar de las grabaciones de video del comportamiento del veterano de la marina, los abogados actuales y anteriores de Chansley argumentaron que el gobierno violó los derechos de Chansley al suprimir estas pruebas durante su juicio, en respuesta a las afirmaciones en contrario del DOJ el domingo.
La respuesta a este debate es importante porque arroja luz sobre la conducta de la fiscalía en el manejo de los casos del 6 de enero, muchos de los cuales han terminado con sentencias rápidas.
Chansley cumple actualmente una condena de 41 meses en una prisión federal tras declararse culpable de un cargo de obstrucción en septiembre de 2021.
El gobierno compartió todas las pruebas: DOJ
En una presentación el domingo, el DOJ dijo que proporcionó las cintas al abogado de Chansley durante la fase de descubrimiento del juicio de Chansley en 2021, satisfaciendo así el requisito de presentar pruebas exculpatorias, o pruebas que favorecen al acusado, al abogado defensor.
La presentación fue en respuesta a una moción de desestimación presentada por los abogados de Dominic Pezzola, un acusado del 6 de enero actualmente en juicio, que alegó que las cintas mostradas en el show de Tucker Carlson muestran que el gobierno «ocultó» pruebas al enjuiciar a los participantes de la irrupción en el Capitolio del 6 de enero.
«Las grabaciones de CCTV son pruebas fundamentales en casi todos los casos del 6 de enero, y se presentaron en masa, etiquetadas por número de cámara y por hora, a todos los abogados defensores en todos los casos», escribió el DOJ en su presentación.
El Departamento citó el caso Brady contra Maryland, de 1963, en el que la Corte Suprema sostuvo que los fiscales deben poner a disposición del abogado defensor las pruebas exculpatorias. Como parte de ese requisito, el DOJ citó el texto de Brady que establece que una violación de Brady requiere que el material en cuestión sea «algo que está siendo ‘suprimido por la acusación'».
«Por lo tanto, la alegación Brady de Pezzola falla en el umbral, porque nada ha sido suprimido», escribió el DOJ, basándose en la afirmación de que había proporcionado a Watkins las «herramientas necesarias» para identificar las pruebas pertinentes de CCTV a pesar del voluminoso descubrimiento.
«En consecuencia, el volumen de descubrimiento no excusa al abogado defensor de hacer esfuerzos razonables para determinar si un elemento ha sido producido, y mucho menos antes de presentar alegaciones inexactas e incendiarias de fallas de descubrimiento», escribió el DOJ.
El DOJ suprimió pruebas: Los abogados de Chansley
Los abogados de Chansley no estuvieron de acuerdo con las afirmaciones del DOJ, diciendo que el umbral para la supresión es más bajo de lo que el gobierno afirma que es.
«La supresión… no es el nefasto enterramiento de pruebas», dijo Bill Shipley, actual abogado de Jacob Chansley, en una entrevista con The Epoch Times el lunes. «Solo significa que el gobierno no las sacó a la luz. El gobierno sabía lo que había y no aclaró el hecho de que estaba allí».
Shipley dice que el gobierno puede haber violado Brady porque no identificaron las cintas y su naturaleza como pruebas potencialmente exculpatorias durante el juicio de Chansley. Ponerlas a disposición sin asegurarse de que el acusado conoce la existencia de las cintas puede constituir supresión, según Shipley.
«Supresión significa simplemente que no fueron descubiertas por el acusado más allá de un punto en el que se podía hacer uso de ellas», dijo Shipley, que fue fiscal federal durante 21 años. «Si el gobierno produjo miles de horas de video y dijo: ‘Hay un minuto de evidencia que es favorable a Jacob Chansley, buena suerte’, esa producción no es una divulgación efectiva de Brady».
Las cintas son relevantes por razones que van más allá de probar la inocencia o culpabilidad de Chansley, dijo Shipley a The Epoch Times, señalando que son importantes para responder a la pregunta de si la sentencia de Chansley fue justa bajo las consideraciones del debido proceso.
«La pregunta es: ¿se violaron los derechos de Jacob Chansley a las garantías procesales y a la asesoría efectiva de un abogado? ¿Se cumplieron los requisitos procesales de modo que el proceso y el resultado de su caso fueran un procedimiento justo?», cuestionó Shipley.
«Son claramente el tipo de videos que, si el juez [Royce Lamberth] los hubiera visto en el momento de la sentencia, podría haber llegado a la conclusión de que el Sr. Chansey no es la personificación del mal tal y como el gobierno lo ha presentado», añadió el abogado. El juez Royce Lamberth presidió el juicio de Chansley.
«Eso podría haber hecho que el juez Lambert pensara que tal vez 41 meses era demasiado tiempo para darle, teniendo en cuenta toda su conducta, en lugar de sólo la conducta precisa que el gobierno dio», dijo Shipley.
Presuntamente, no es la primera vez
Para Watkins, la presentación del DOJ el domingo hizo resonar en su mente vívidas imágenes de déjà vu que se remontan a 2021, cuando el DOJ recomendó a los tribunales una sentencia de 20 años para Chansley por sus presuntas acciones el 6 de enero de 2021. Watkins dijo que el gobierno redujo esa sentencia a 41 meses solo después de que Watkins solicitara los registros militares de Chansley que demostraban sus problemas de salud mental.
«Antes de declararse culpable, Jake estaba luchando por su cordura y su vida en régimen de aislamiento. El gobierno le había diagnosticado 15 años antes un problema de salud mental, pero nunca se lo comunicó», dijo Watkin a The Epoch Times, señalando que el gobierno tenía registros de los problemas de salud mental de Chansley desde aproximadamente la época en que Chansley estaba en el ejército, pero retuvo ese registro antes de ofrecer una sentencia de 20 años después del 6 de enero.
«El gobierno no me proporcionó [los registros de salud mental de Chansley]. Ellos también tenían el control de eso. Se lo pedí y no me lo dieron. Y no fue hasta que yo, literalmente, después de gritar y gritar pidiendo ayuda al Departamento de Justicia y a la Oficina de Prisiones y al propio tribunal, salí finalmente a la palestra con una caracterización muy vulgar y altisonante de muchos de los acusados del 6 de enero, y he aquí que, en cuestión de 24 horas o 48 horas, recibo una llamada de los encargados de los registros militares: ‘Escucha, los he encontrado, te los estoy haciendo llegar ahora mismo'», dijo Watkins.
«No fue hasta que obtuvimos los historiales médicos, y solo después de una participación muy pública suplicando por ellos, que pudimos convencer al gobierno de que, en efecto, tal vez Jake no era el líder, que Jake no estaba dirigiendo el ataque al Capitolio», añadió Watkins.
Watkins dijo que el historial de salud mental de Chansley, que caracterizó como una prueba exculpatoria, fue clave para rebajar la recomendación de sentencia de 20 años del gobierno a 41 meses.
Avanzando rápidamente hasta este domingo, Watkins dijo que la refutación del DOJ es errónea, y que el gobierno ha negado parte del derecho de Jake a un abogado, tal como se define en la Sexta Enmienda de la Constitución.
«No presentar [pruebas exculpatorias] cuando se tienen es suprimirlas. Y no es [sólo] suprimirlas, sino ocultarlas, lo que es aún más problemático», dijo Watkins. «Cuando un acusado de un delito entra en el sistema judicial federal, ese acusado tiene derechos constitucionales… [entre ellos] la posibilidad de ver las pruebas acumuladas por la parte acusadora antes de tomar la decisión de declararse culpable o de llevar el caso a juicio».
«El gobierno, al no cumplir afirmativamente sus obligaciones para con Jake, le negó la posibilidad de llegar a un acuerdo de culpabilidad con conocimiento de causa y de aceptarlo libremente —con conocimiento de causa y de forma informada y voluntaria», añadió Watkins. «Estos requisitos son vitales. Son principios fundamentales de nuestro sistema penal federal».
El juez debería dictar una orden de «mostrar las causas»: Experto jurídico
Mike Davis, presidente del Proyecto Artículo III, una organización jurídica sin ánimo de lucro, repitió la opinión de Shipley y Watkins en una entrevista con The Epoch Times el miércoles, añadiendo que el juez Lamberth debería reabrir el caso y pedir al gobierno que explique sus motivos para procesar a Chansley.
«El gobierno violó Brady al no dar a Jacob Chansley un acceso razonable a las pruebas de video exculpatorias reproducidas en el programa de Tucker Carlson antes de que Chansley se declarara culpable», dijo Davis, exsecretario del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, a The Epoch Times. «El juez Royce Lamberth debería emitir una orden de mostrar las causas. Debería haberla emitido el día después de que Tucker Carlson emitiera esos videos».
Según Davis, el proceso del gobierno para conseguir que Chansley aceptara el acuerdo de 41 meses constituyó una inducción fraudulenta.
«Yo lo llamaría fraude en la inducción del acuerdo de culpabilidad. Tenían acceso a estos videos y no los facilitaron, e indujeron a Jacob Chansley a un acuerdo fraudulento de culpabilidad basado en esta omisión», dijo Davis.
El Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios.
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