Los abogados que representan a niños inmigrantes ilegales detenidos en centros de acogida demandaron a la administración Biden el lunes. En la demanda le piden a un juez federal que le ordene al Departamento de Justicia que cumpla con los términos del histórico acuerdo de inmigración.
La demanda (pdf), presentada contra el fiscal general Merrick Garland, alega que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos está utilizando centros de detención sin licencia para albergar a menores migrantes.
Los demandantes alegan que los niños en estos sitios de admisión de emergencia carecen de recreación y educación, viven en condiciones insalubres, se les sirve comida cruda o sin cocinar y son atendidos por personal no capacitado en el cuidado de niños.
El funcionario de asuntos públicos del Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
El Centro Nacional de Derecho Juvenil y el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional representan legalmente a los niños.
“Los niños han dicho que pasan la mayor parte del día en o alrededor de sus catres abarrotados en carpas masivas con cientos de otros niños, sufren ataques de ansiedad cada vez mayores por el estrés del duro entorno de EIS, pasan semanas sin ropa limpia o ropa interior y pasan meses sin salir a tomar un poco de aire fresco”, dijo Leecia Welch, directora senior de Bienestar Infantil y Defensa Legal del Centro Nacional para la Ley de la Juventud, en un comunicado.
«Si bien algunas de las instalaciones inseguras de EIS han sido cerradas, los mega campamentos de tiendas de campaña y otros campamentos como Fort Bliss y Pecos permanecen abiertos sin un cierre definitivo a la vista».
Las instalaciones de Fort Bliss y Pecos son dos de los cuatro sitios de acogida de emergencia (EIS) restantes. Al carecer del espacio necesario para procesar la oleada de niños migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, la administración Biden abrió 14 de estos sitios en marzo de 2021, pero el número ha disminuido desde entonces.
Los demandantes afirman que las condiciones deficientes violan los términos del acuerdo Flores, que dice que el gobierno debe “colocar a los niños en instalaciones que sean seguras e higiénicas, apropiadas para su edad y necesidades especiales, y que respondan por sus vulnerabilidades particulares”.
La demanda también alega que los centros tienen un sistema desordenado de gestión de casos, que lleva a que algunos niños tengan sus casos resueltos y sean liberados rápidamente, mientras que otros esperan durante semanas para hablar con un gestor de casos.
El Centro Nacional de Derecho Juvenil entrevistó a más de 180 niños durante los últimos cinco meses.
“En lo único que podía pensar era en llegar donde mi tía, después que me dieran un gestor de casos. Llamaron a otras personas dándoles un gestor de casos, pero nunca me llamaron por mi nombre. Luego me desesperé más”, dijo un niño en una declaración.
“Me sentí angustiado y desesperado. Me tenían secuestrado y no pude hacer nada al respecto”, dijo otro niño.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa la ORR, no respondió a una solicitud de comentarios.
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