El mismo día en que los fiscales presentaron una moción oponiéndose a la petición del expresidente Donald Trump de retrasar un mes los plazos en su caso de documentos clasificados, entregaron a sus abogados 750 páginas de material, parte de él clasificado, que los abogados de la defensa dijeron que habían estado solicitando durante meses.
Los fiscales argumentaron que el retraso de un mes era parte del esfuerzo del presidente Trump para posponer los plazos, y en última instancia el juicio, «indefinidamente».
Los abogados defensores no han ocultado el hecho de que preferirían no litigar este caso en la temporada electoral con su cliente como presunto nominado republicano, y han declarado su intención de presentar mociones para desestimar el caso, pero argumentaron en una presentación judicial del 14 de febrero que todos los retrasos en el caso hasta ahora se han debido a las acciones de los fiscales.
Ya en junio de 2023, la oficina del abogado especial Jack Smith dijo que se había movido «rápidamente» para proporcionar al presidente Trump todo el material de descubrimiento no clasificado en el caso. En julio, argumentó que «desde el primer día, hemos tenido todo el descubrimiento y hemos sido capaces de producirlo y tener el caso listo desde nuestra perspectiva para ir a juicio».
«Eso no es cierto», argumentaron los abogados de la defensa.
Señalaron el hecho de que el abogado especial no había establecido una instalación segura en el Distrito Sur de Florida para que los acusados pudieran revisar el descubrimiento clasificado hasta meses después del caso, algo que el juez también había señalado, y que los fiscales siguen entregando el material no clasificado que pretendían tener el primer día. Afirman que los fiscales han hecho «todo lo posible» para retrasar su acceso a los materiales.
«No hay mérito en la sugerencia de la Oficina de que están cumpliendo con sus obligaciones en virtud de haber, supuestamente, producido algunos de los materiales», dice la respuesta. «La Oficina no merece ningún crédito por su autoproclamado enfoque conservador hacia el material del proceso cuando está suprimiendo simultáneamente los materiales que más importan a la defensa y que son claramente identificables».
Retrasos
Los abogados defensores argumentaron que fue cuando «empezaron a surgir detalles sobre el incumplimiento de la Oficina» cuando se reajustaron por primera vez los plazos previos al juicio.
Ambas partes se habían reunido recientemente con el juez en múltiples audiencias selladas, discutiendo asuntos relacionados con información clasificada.
Los abogados de la defensa revelaron que parte de ello está relacionado con la cuestión en curso de la presentación de pruebas.
Las audiencias de esta semana demostraron que las disputas pendientes sobre la presentación de pruebas plantean obstáculos significativos para una resolución eficaz y ordenada de las defensas previas al juicio de los acusados, incluidas, entre otras, las complejas disputas jurídicas y fácticas relacionadas con lo que no es más que la moción «inicial» CIPA § 4 de la Oficina del Asesor Especial», dice la respuesta.
Desde el principio del caso, los abogados defensores han argumentado en múltiples presentaciones judiciales que no están recibiendo todas las pruebas a las que tienen derecho de la fiscalía, que hay retrasos significativos en la obtención del material, y que se necesita más tiempo para revisar el millón de páginas que tienen. Los fiscales, por su parte, han argumentado que parte de la información no obra en su poder, que no es a lo que tiene derecho la defensa, y que han hecho lo posible para que la defensa pueda acceder fácilmente al material.
Ahora los abogados defensores argumentan que los próximos pasos en la estrategia de la defensa pueden estar sujetos a cambios dependiendo de ciertas pruebas que están tratando de obtener a través de estas mociones clasificadas.
Señalan que el juez había dicho anteriormente que «habría que revisar el material clasificado pertinente para formular una respuesta significativa», y esta situación es la misma.
En enero, los demandados cumplieron el plazo para presentar peticiones de compulsa, pero siguen litigando sobre la cuestión y aún no han recibido esas pruebas.
Las partes tienen de plazo hasta el 22 de febrero para presentar peticiones de pruebas, que ahora dicen que se basarían «en un expediente incompleto», lo que les obligaría a completarlo más adelante.
El litigio en curso para los lotes incrementales de pruebas clasificadas es la razón por la que los plazos previos al juicio ya se habían retrasado una vez.
Los abogados de la defensa señalan que estos lotes de pruebas son intencionados, dado que los fiscales han estado diciendo que están preparados para ir a juicio. Afirman que a menudo reciben documentos meses después de haberlos solicitado.
«La Fiscalía suprimió el material de prueba durante el mayor tiempo posible, y luego lo recopiló y entregó en el último minuto para evitar tener que defender lo indefendible en la sesión informativa sobre las mociones para obligar», se lee en la respuesta.
También acusan a los fiscales de presentar esos lotes solo después de verse amenazados por un litigio.
«La sugerencia de que la Fiscalía estaba en su derecho de retener materiales revelables hasta enfrentarse a tal demanda es preocupante», añaden los abogados.
La defensa ha solicitado una ampliación del plazo del 22 de febrero a 30 días después de que la corte haya resuelto su actual disputa para obtener información clasificada.
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