Los abogados del expresidente Donald Trump argumentaron el sábado que su caso de documentos clasificados en Florida debería posponerse porque está previsto que esté en Nueva York para un juicio separado durante las próximas semanas.
«El presidente Trump tiene el derecho constitucional de estar presente en el juicio en Nueva York y, como resultado, no puede participar en este trabajo relacionado con partes importantes de su defensa», escribieron los abogados del presidente Trump en la presentación ante la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon.
Agregaron que los “miembros críticos” de su equipo legal en Florida, Emil Bove y Todd Blanche, también son los abogados principales en el caso de Nueva York, y agregaron que el Bove es “principalmente responsable de todos» los litigios en el caso de los documentos clasificados.
Se espera que el juicio en Nueva York contra el presidente Trump, en el que se le acusa de falsificar registros comerciales durante la campaña presidencial de 2016, dure unas ocho semanas. La ley estatal exige que un acusado que está siendo juzgado debe comparecer ante el tribunal, lo que significa que el expresidente estará en un tribunal de Manhattan cinco días a la semana durante los próximos dos meses aproximadamente.
El presidente Trump se declaró inocente de los cargos que lo acusaban de retener a sabiendas registros secretos relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos y de obstruir los esfuerzos del gobierno estadounidense para recuperarlos. Él ha dicho que esto es parte de un esfuerzo de larga data para denigrar sus posibilidades políticas antes de las elecciones de 2024.
Este mismo mes, la jueza Cannon había mostrado apertura a las afirmaciones de la defensa del expresidente en una señal de que los fiscales podrían enfrentar un camino difícil por delante.
Esto sucedió cuando el fiscal especial Jack Smith, que supervisa el procesamiento de documentos clasificados, criticó las reglas de la jueza sobre las instrucciones del jurado, diciendo que no era válido un argumento clave presentado por el equipo del presidente Trump con respecto a la Ley de Registros Presidenciales.
Lo que está en juego en la reciente orden de la jueza Cannon es la afirmación del expresidente de que trató los documentos como personales según una ley de 1978 que permite a los expresidentes mantener registros que no tienen conexión con sus responsabilidades oficiales.
Sus abogados argumentan que su decisión de conservar los registros demuestra que los consideraba su propiedad personal. Los fiscales han dicho que los documentos no pueden interpretarse como personales porque se relacionan con asuntos militares y de inteligencia de Estados Unidos, y que la ley de registros no podía autorizar al expresidente a conservar documentos clasificados.
La fecha del juicio en el caso es incierta. La jueza Cannon aún no se ha pronunciado sobre las propuestas en competencia del presidente Trump y los fiscales para retrasar el juicio actualmente programado para el 20 de mayo hasta finales de este verano.
La jueza ha manifestado su apoyo a algunos de los otros argumentos del expresidente, incluida su solicitud de más registros de la administración Biden para intentar construir un caso sobre si la investigación tuvo motivaciones políticas.
Sin embargo, ha rechazado en repetidas ocasiones los intentos del expresidente de desestimar el caso. El mes pasado, la jueza Cannon rechazó un intento de invalidar el cargo central en su contra de retener intencionalmente información clasificada.
Comienza el juicio en Nueva York
La selección del jurado comienza el lunes en el juicio de Nueva York, lo que lo convierte en el primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos. También limitará la agenda del 45º presidente mientras hace campaña para la reelección en 2024, aunque se espera que hable con los periodistas antes y después de sus comparecencias ante el tribunal.
El sábado, el expresidente dijo durante un acto de campaña en Pensilvania que «me obligarán a sentarme completamente amordazado» y no «me permitirán hablar».
“Quieren quitarme mi derecho constitucional a hablar”, dijo el presidente Trump, a quien el juez Merchan le ha prohibido hablar sobre posibles testigos o miembros del jurado en el caso.
Pero el sábado, el presidente Trump atacó a su exabogado y testigo central Michael Cohen, quien había pasado unos meses en una prisión federal por violaciones de financiamiento de campaña y otros cargos. “¿Ha sido procesado por MENTIR el abogado y delincuente deshonrado Michael Cohen?”, escribió.
“NO HAY MANERA de que me den un justo juicio (de Biden) el lunes si lo preside el juez Juan Merchan, que es totalmente conflictivo y corrupto”, escribió el sábado.
Una orden del 26 de marzo impide al presidente Trump hacer declaraciones públicas sobre los testigos relacionados con su posible testimonio y sobre los fiscales, el personal de la corte y sus familiares si esas declaraciones tienen como objetivo interferir con el caso.
El 1 de abril, el juez de Nueva York amplió la orden de silencio para cubrir a sus propios familiares y a los familiares del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina acusó al expresidente. La orden no restringe las declaraciones del presidente Trump sobre el juez Merchan y el fiscal Bragg.
Los abogados del expresidente habían instado al tribunal a no imponer la orden de silencio, argumentando que sus oponentes políticos lo habían atacado por el caso y que debería tener derecho a responder.
Con información de Reuters.
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