El amplio plan del presidente Joe Biden para perdonar parcialmente préstamos estudiantiles probablemente recibirá una recepción fría cuando la Corte Suprema escuche las impugnaciones al programa el 28 de febrero, dijeron expertos legales a The Epoch Times.
Biden presentó el plan en agosto de 2022, en una medida que los críticos denunciaron como un intento constitucionalmente dudoso para favorecer a los demócratas antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2022. Mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que el plan podría costar unos USD 400,000 millones, la Escuela Wharton, de la Universidad de Pensilvania, estima que el precio podría superar el billón de dólares.
El programa de ayuda para préstamos estudiantiles se basa en la existencia de las emergencias que declaró la administración Trump en marzo de 2020 para combatir el COVID-19. La emergencia nacional y la emergencia de salud pública les permitieron a las agencias federales ejercer amplios poderes en la gestión de la respuesta pandémica del gobierno.
En una medida que podría socavar los argumentos legales del gobierno en los casos judiciales pendientes, la Oficina de Administración y Presupuesto de Biden dijo en un comunicado de prensa del 30 de enero (pdf) que extendería las emergencias hasta el 11 de mayo.
El gobierno federal detuvo los pagos de préstamos estudiantiles y los intereses durante la reciente pandemia, pero luego afirmó en 2022 que la pandemia le otorgaba autoridad de emergencia bajo la ley para proceder con la condonación parcial de préstamos. Los republicanos, que obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes en enero, dicen que las emergencias no están justificadas y deberían terminar antes.
Según los reportajes, alrededor de 26 millones de personas solicitaron el programa antes de que los tribunales lo bloquearan el año pasado. De esos 26 millones, se dijo que 16 millones fueron aprobados antes de que el gobierno dejara de aceptar solicitudes.
El Departamento de Educación afirma que tiene la autoridad para seguir adelante con la propuesta de ayuda a la deuda, que cancelaría hasta USD 20,000 en capital de préstamo para 40 millones de prestatarios, según la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes de 2003 (Ley HEROES).
Pero los legisladores involucrados en la aprobación de la Ley HEROES dicen que el estatuto se promulgó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre para brindar alivio de préstamos estudiantiles a los miembros del servicio militar y sus familias y nunca tuvo la intención de usarse para cancelar deudas en masa.
El tribunal tiene programado escuchar dos casos relacionados con el programa, Biden vs Nebraska (expediente judicial 22-506) y Departamento de Educación vs Brown (expediente judicial 22-535), uno tras otro el 28 de febrero.
El plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden es rotundamente inconstitucional, le dijo a The Epoch Times el abogado Caleb Kruckenberg de Pacific Legal Foundation, una firma nacional de abogados de interés público sin fines de lucro.
Dijo que Biden dio a conocer el programa de ayuda a la deuda estudiantil poco después de que la pandemia “terminara de todos modos [y] todos entendíamos lo que eso significaba”.
Kruckenberg dijo que incluso si la administración de Biden tuviera éxito en la Corte Suprema, lo cual duda, su autoridad declarada expiraría el 11 de mayo.
Admitió que el anuncio de que las emergencias terminarán puede hacer que las impugnaciones al programa sean discutibles, pero eso “es un estándar flexible”, dijo.
«Hay una respuesta jurídica y otra práctica. Y creo que la respuesta práctica es que, si el tribunal tiene muchas ganas de resolver el caso, lo hará», dijo.
Parece que el Departamento de Educación no ha «renunciado» a la autoridad para otorgar ayudas a préstamos estudiantiles, por lo que incluso si la emergencia ha terminado, al tribunal puede preguntarse si existe la posibilidad de que el departamento pueda reclamar dicha autoridad nuevamente en el futuro, dijo, agregando que los funcionarios del departamento nunca dirán que carecen de autoridad.
«Siempre insistirán en que, en caso de emergencia, podemos hacer lo que queramos», afirmó. «Y eso es un riesgo lo suficientemente grande que llevaría al Tribunal Supremo a decir: ‘Vamos a establecer algunas reglas aquí’”.
“Hay que preguntarse qué está haciendo la administración y… qué están planeando en el mejor de los casos para ellos. Francamente, me sorprendió que pidieran la intervención de la Corte Suprema, porque muchos de nosotros, que vimos este caso esperábamos, y todavía esperamos, que si la Corte Suprema falla al respecto, entonces la administración perderá”.
Kruckenberg dijo que la administración podría estar pensando políticamente, razonando, “’Bueno, vamos a hacer que la Corte Suprema anule esto, para que no sea culpa nuestra… para que podamos decir que lo intentamos, pero la corte nos detuvo’”.
“Probablemente habrá dos o tres disidentes, pero creo que hay una mayoría muy clara [que] dirá, probablemente no en una opinión complicada, que esto está completamente fuera de los límites”. Será “una fuerte reprimenda al departamento”, dijo.
Curt Levey, veterano observador del Tribunal Supremo y presidente del conservador Comité por la Justicia, también dijo que espera que el gobierno de Biden pierda este caso.
Es posible que el tribunal ni siquiera llegue a la cuestión de cómo el vencimiento de las emergencias relacionadas con el COVID-19 afecta la validez de la ayuda a los préstamos estudiantiles, le dijo Levey a The Epoch Times.
La Ley HEROES “estaba claramente dirigida al personal militar”, pero no está claro si permite la cancelación de la deuda, dijo Levey. El estatuto permite el aplazamiento de la deuda, que es lo que argumentó su grupo en un escrito amicus de la corte (pdf), dijo.
Entonces, el gobierno se ha extralimitado al ir más allá del personal militar y al permitir la cancelación de las deudas, dijo.
“Este ha sido un tribunal que no ha tenido miedo de decir: ‘Mira, el poder ejecutivo se está extralimitando’, ya sea por la moratoria de la renta o ciertas cosas con la inmigración, o tratando de obligar a los empleadores privados a ordenar las vacunas”, dijo Levey.
“Han estado dispuestos a decir: ‘Esto es una extralimitación’, [y] no ceder ciegamente a lo que sea que la administración diga que significa un estatuto”.
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