El mes pasado, el juez de distrito estadounidense Amit Mehta intentó avanzar en un grupo de tres casos civiles presentados contra el expresidente Donald Trump en relación con sus acciones del 6 de enero de 2021. Desde entonces, la Corte Suprema acordó revisar el reclamo de inmunidad presidencial del presidente Trump en una causa penal relacionada con los mismos hechos, lo que llevó a los abogados defensores a solicitar una pausa en el proceso civil.
Durante una conferencia de estatus llevada a cabo el 12 de marzo, las partes habían llegado a un punto muerto en varios asuntos, con los abogados del presidente Trump insistiendo en que el juicio civil no puede proceder hasta que se resuelvan ciertos asuntos en los casos penales, preservando así su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.
El juez dio entonces a los abogados del presidente Trump hasta el 19 de marzo para presentar una moción de suspensión y a los demandantes hasta el 26 de marzo para responder.
Solapamiento de casos
Los oficiales de la policía del Capitolio James Blassingame, Sidney Hemby, Conrad Smith y los representantes Eric Swalwell (D-Calif.) y Bennie Thompson (D-Miss.) habían demandado al presidente Trump a título personal por la irrupción al Capitolio el 6 de enero, y desde entonces, los casos se han combinado.
El juez Mehta celebró previamente una conferencia de estatus el 23 de febrero, durante la cual las partes también permanecieron en un punto muerto sobre los hechos del caso.
El presidente Trump había apelado a la inmunidad presidencial en casos civiles anteriormente, y un tribunal de apelaciones determinó que debería tener la “oportunidad de disputar las acusaciones de los demandantes relacionadas con la cuestión de la inmunidad o de presentar sus propios hechos relacionados con el tema” y que “se le debe dar la oportunidad de resolver esta reclamación de inmunidad antes de la presentación del trasfondo de pruebas”.
Pero durante la audiencia, los abogados defensores argumentaron que el presidente Trump no podía admitir ningún tipo de respuesta bajo juramento en este momento porque también está sujeto a un proceso penal por sus supuestas acciones del 6 de enero.
Durante la audiencia del 12 de marzo, los abogados de los demandantes afirmaron que la defensa dudaba en responder incluso preguntas simples, como quién administraba la cuenta de Twitter del presidente Trump o qué empleado de la Casa Blanca facilitó su aparición en el mitin del 6 de enero.
Los abogados defensores citaron un fallo de un tribunal federal que determinó que las cuentas de Twitter en algunos casos constituían un discurso oficial del gobierno y, por lo tanto, incluso las publicaciones en las redes sociales podrían estar cubiertas por la inmunidad presidencial. Sin embargo, reconocieron que se trataba de un fundamento jurídico incierto y solicitaron que el tribunal pospusiera el juicio del caso hasta la inminente decisión de la Corte Suprema, que, según dijeron, “dará forma a la defensa sobre ese tema”.
Inmunidad presidencial
La Corte Suprema aceptó escuchar argumentos sobre la cuestión de “si, y en caso afirmativo, en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que presuntamente involucran actos oficiales durante su mandato”.
La pregunta surge de la apelación del presidente Trump a su moción para desestimar un caso presentado por el fiscal especial Jack Smith en Washington, acusándolo de cuatro cargos de conspiración y obstrucción.
El presidente Trump ya ha argumentado que tiene inmunidad presidencial en varios casos penales y civiles, pero varias jurisdicciones han manejado esa defensa de manera diferente.
Algunos jueces han dictaminado que las acciones del presidente Trump, aunque tuvieron lugar durante el período en el que estuvo en el cargo, fueron tomadas a título personal y no oficial. Otros han dicho que, como expresidente, ya no goza de inmunidad.
La inmunidad presidencial no está detallada en la Constitución, pero proviene de un fallo de la Corte Suprema que encontró que la “inmunidad absoluta” conferida a un presidente se extendía al “perímetro exterior” de sus funciones. El tribunal se pronunció sobre esta inmunidad en relación con procesos civiles y nunca abordó la cuestión relativa al procesamiento penal.
Los casos ante el juez Mehta son demandas civiles, pero los abogados defensores dicen que esperan que la Corte Suprema trace una línea entre las acciones oficiales y personales, si es que existe.
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